JUEVES 16 DE MARZO DE 2000
* Repudian el proyecto de privatizar un banco y una empresa eléctrica
Heridos y detenidos en choque de policías y burócratas en Córdoba
* Drama en esa provincia argentina por lluvias; Tucumán y Santiago del Estero, también anegadas
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 15 de marzo * Al menos nueve heridos, además de contusos y detenidos, fue el saldo de enfrentamientos ocurridos este miércoles en Córdoba entre la policía y trabajadores estatales que protestaban contra los proyectos de ley de reforma discutidos en esa provincia argentina, gobernada por el peronista Juan Manuel de la Sota, y que buscan privatizar la empresa de electricidad y el banco provincial.
Los incidentes se produjeron en momentos en que gran parte de esa provincia está anegada por las aguas debido a la crecida de ríos y a nuevas lluvias, que agravaron la situación tanto en Córdoba como en las provincias de Tucumán y Santiago del Estero, lo que obligó a decretar la emergencia agropecuaria.
Las inundaciones, que comenzaron la semana anterior y que se extienden además a Salta, Jujuy, Catamarca, Chaco, Formosa, además de amenazar a Santa Fe y Buenos Aires, han dejado ya más de una docena de muertos, un número no precisado de desaparecidos y más de 40 mil evacuados.
Sin embargo, en esta capital son pocos los medios de comunicación que dedican una primera plana o un espacio especial a este drama, a pesar de que se trata de una verdadera tragedia social ya que afecta regiones del norte del país donde la cifra oficial de los que viven bajo la línea de pobreza oscila entre 55.7 y 57.3 por ciento.
La mayoría de los 4 millones 300 mil nuevos pobres que surgieron en Argentina entre 1994 y 1998, en pleno gobierno del peronista Carlos Saúl Menem, están en el interior del país o en los barrios pobres que rodean a la capital.
La ministra de Desarrollo Social, Graciela Fernández Meijide, dijo hoy que el Banco Mundial había advertido sobre la "enorme pobreza en Argentina" y el alto nivel de corrupción heredado del anterior gobierno justicialista, y pidió colaboración para las provincias afectadas, pero la escasa sensibilidad que se muestra desde esta capital refleja que Argentina es un "país partido".
La atención aquí se centra sobre el frente sindical y las elecciones del 7 de mayo para elegir al alcalde de esta ciudad, en vista de las cuales los hasta hace poco acérrimos enemigos Domingo Cavallo y Gustavo Béliz se aliaron en la coalición de centroderecha Encuentro por la Ciudad, para desafiar al hasta ahora favorito candidato de la gubernamental Alianza, conformada por la socialdemócrata Unión Cívica Radical y el centroizquierdista Frente País Solidario.
La Alianza gobernante, entre tanto, goza de alta popularidad desde que asumió en diciembre pasado, especialmente gracias la política de austeridad de sus funcionarios.
Sin embargo, el denominado impuestazo, que grava a las mayorías y a la afectada clase media, la permanencia de la recesión y una baja del salario real han traído el descontento en la población.
El proyecto de ley de reforma laboral también provocó desencanto popular, pero además dividió a sectores de la propia coalición gubernamental y a estamentos del opositor Partido Justicialista, cuyo voto será clave en el Senado.
Más aún, logró fracturar la principal y otrora poderosa Confederación General del Trabajo (CGT), liderada hasta ahora por los llamados gordos, dirigentes sindicales-empresarios que votaron todas las leyes menemistas que pusieron fin a las conquistas laborales de casi un siglo.
El secretario general de la CGT, Rodolfo Daer, aseguró que los disidentes encabezados por el camionero Hugo Moyano ya no formarán parte de esta central, pero éstos anunciaron a su vez que la CGT realizará mañana un Congreso para elegir a Moyano como su nuevo dirigente.
Lo que desencantó a los militantes aliancistas en este asunto es que el gobierno del presidente Fernando de la Rúa haya negociado con la "banda de los gordos", acusados de corrupción, para intentar la aprobación de la polémica ley, que prevé alargar el periodo de prueba.
Otro tema con el que existe descontento es el de los nuevos códigos de las leyes de seguridad de la provincia de Buenos Aires, que algunos funcionarios de la Alianza pretenden imponer también a nivel nacional.
El gobernador justicialista de la provincia de Buenos Aires, Carlos Ruckauf, rompió hoy el juego del consenso al vetar un punto de la ley que determinaba que las declaraciones tomadas por los policías, autorizados para "interrogar en el lugar del hecho" a los sospechosos, no podían ser incorporadas al juicio.
Se añade a esto que algunos medios informaron que se prepara la creación de tribunales especiales, lo que causó alarma en organismos humanitarios, ocupados a su vez en la polémica sobre si existen o no registros respecto del accionar de la última dictadura militar, los que podrían permitir ubicar los restos de los miles de desaparecidos o conocer el destino de los bebés nacidos en los campos clandestinos de detención bajo aquel régimen.