La Jornada martes 14 de marzo de 2000

Luis Hernández Navarro
Yalálag

Hay dramas comunitarios que tienen el tamaño del odio acumulado. Un día, el memorial de agravios colma la paciencia de quienes los padecen y explotan. No fue el caso de Yalálag. Y no lo fue porque este 7 de marzo, no obstante la agresión de los caciques, pesó en el ánimo de los habitantes de este municipio de la Sierra Juárez en Oaxaca, la convicción de que el ajusticiamiento de los verdugos puede servir como venganza, pero no como cemento de una nueva sociedad.

En la madrugada de ese día, un grupo de yalaltecas decidió tomar pacíficamente el palacio municipal, indebidamente ocupado por una facción afín al cacicazgo regional. Había en ellos malestar e indignación. Primero fue la realización de unas elecciones amañadas y unilaterales por parte de quienes se oponen a la autodeterminación comunitaria. Después, la malversación de fondos y el abandono de las instituciones y las normas. Finalmente, el desconocimiento oficial de los representantes municipales por parte de las autoridades competentes y su sustitución por un administrador que no pudo ejercer sus funciones. A pesar de ello, el gobernador dejó correr el problema. El grupo pro caciquil mantuvo el control sobre las oficinas, el bastón de mando y los sellos. Sin servicios ni administración pública, la gente se desesperó y decidió recuperar el palacio. Lo hicieron y los aliados del PRI respondieron con una balacera en la que murió una persona y tres más resultaron heridas.

Como muestra de su "imparcialidad" el gobierno estatal respondió encarcelando a 11varones, entre los que hay siete integrantes del Consejo de Ancianos, todos simpatizantes de la asamblea comunitaria, y girando órdenes de aprehensión en contra de Joel Aquino y Juana Vázquez, dirigentes del movimiento indígena en la región desde hace muchos años.

Los pobladores de Yalálag han protagonizado una larga lucha por deshacerse de los caciques de la sierra. Enrique del Valle fue el primero de ellos. Carrancista, llegó al municipio en 1924 con el cargo de jefe de la Defensa Social para, a sangre y fuego, imponer su ley. En 1935 un levantamiento popular armado lo asesinó y le cortó la cabeza.

Muerto el perro continuó la rabia. El cacicazgo retoñó en 1936 en las personas de Antonio Primo Fabián y Eucario Vargas. Nuevamente en 1945 una acción armada terminó con el opresor pero no con la opresión. Quienes eliminaron a Antonio Primo se volvieron los nuevos amos de la región, al tiempo que se dedicaban a la provechosa actividad del bandolerismo. Poco tiempo les duró el gusto: un año después un grupo de jóvenes de la comunidad los ajustició. Sin embargo, una vez más, el cacicazgo sobrevivió a los caciques, a través de Juan Primo, quien asoció su suerte a la del naciente Comité Municipal del PRI. Para mantener su control impidió el establecimiento de escuelas primarias y la realización de cursos de alfabetización.

Combinando la recuperación de tradiciones comunitarias y la lucha por el control del PRI local, los yalaltecos lograron, entre 1956 y 1962, limitar la influencia de los señores del poder de la región. Las nuevas autoridades desarmaron y encarcelaron a los pistoleros, fundaron escuelas y restablecieron la obligatoriedad del tequio para todos los pobladores.

Sin embargo, usando sus relaciones con el gobierno estatal, el cacicazgo recuperó el poder municipal en 1963 y mantuvo su influencia hasta 1972. En ese año comenzó un proceso organizativo a partir de la movilización por pequeñas demandas que redujo la influencia de los poderosos.

A finales de 1980, la lucha por el nombramiento de las autoridades municipales nuevamente se exacerbó. Los yalaltecos se vieron obligados a tomar el palacio municipal. En el 83 un nuevo conflicto requirió de otra toma del edificio del cabildo. Desde entonces y hasta 1999, fecha en la que el grupo caciquil se reorganiza y con maniobras ilegítimas recupera el municipio, quienes promueven la autodeterminación comunitaria avanzaron casi sin interrupciones.

Han impulsado desde entonces un proyecto de reconstitución como pueblo indígena que pone el acento en la educación basada en el rescate de la cultura del maíz, la recuperación de la lengua zapoteca, la conservación e innovación de sus tradiciones y el estímulo a la asociación autónoma de las mujeres. La organización comunitaria en la Sierra Norte y en otras regiones de Oaxaca tiene en la experiencia de Yalálag un centro de promoción estratégico. La legislación indígena en ese estado sería impensable sin sus aportaciones.

El problema actual de Yalálag no es un mero conflicto intercomunitario entre dos facciones en pugna, sino parte de una ofensiva del cacicazgo local, apoyado por el gobierno y el PRI estatales, que busca destruir una experiencia ejemplar y restaurar su poder, utilizando para ello a un grupo local que se opone a la lógica de la asamblea comunitaria.

Lo que está en juego en Yalálag no es un embrollo violento en una pequeña comunidad zapoteca; lo que se dirime allí es la viabilidad de una ruta pacífica para la reconstitución de los pueblos indígenas en el país.