MARTES 14 DE MARZO DE 2000

Ť Botín humano sin precedente en Argentina

Militares uruguayos operaron en los robos de recién nacidos

Ť Hijos de madres en cautiverio intentan reconstruir su pasado

Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 13 de marzo Ť Nació hace 22 años en el temible centro clandestino de detención Pozo de Quilmes durante la pasada dictadura militar argentina (1976-1983). Al igual que más de 300 niños, fue arrancada de los brazos de su madre, Aída Celia Sanz Fernández, uruguaya secuestrada en Argentina y ahora desaparecida.

Aunque la anotaron como María Mercedes, sabe que su madre alcanzó a llamarla Carmen cuando aún la tenía entre sus brazos y, alrededor, algunas de las víctimas del horror miraban a esa niña "como a una luz en las tinieblas". Así lo ha descrito una sobreviviente. Pero poco tiempo duró aquel momento, ya que los torturadores se la llevaron.

Era en el Pozo de Quilmes que el médico policial Jorge Berges "atendía" a las parturientas en condiciones subhumanas, y era quien confeccionaba luego los certificados de nacimientos falsos y daba a las madres el paso hacia la muerte.

Aída Sanz había llegado en 1974 a Argentina, huyendo de la dictadura militar uruguaya, y vivía en la provincia de Buenos Aires cuando el 23 de diciembre de 1977 fue secuestrada junto a su madre Elsa Fernández de Sanz, de 62 años. Las llevaron primero al Pozo de Banfield y luego al Pozo de Quilmes, donde Aída dio a luz a Carmen. Aída, su madre y el padre de la niña, Eduardo Castro Gallo, también uruguayo y secuestrado en diciembre de 1977, están desaparecidos.

Carmen o María Mercedes estaba en manos de un ingeniero químico y su esposa, quienes la apoyaron cuando ella misma quiso conocer su identidad y finalmente se acercó a la organización de Abuelas de Plaza de Mayo, que ha logrado encontrar ya a 66 de los niños apropiados por los dictadores.

Así descubrió quiénes habían sido sus padres verdaderos. Pidió a todos discreción mientras iba reconstruyendo su pasado y finalmente se comunicó con sus familiares biológicos en Uruguay, aunque sigue viviendo con sus padres adoptivos, que al parecer habían pagado por la adopción, lo que revelaría que los represores lucraron con los pequeños. Pero muchos de los niños robados fueron también a parar a manos de los propios militares y policías, en un reparto del botín humano que no reconoce antecedentes en el país.

Sara Méndez y Raúl Olivera, ambos de la Comisión de Derechos Humanos de la central de Trabajadores de Uruguay PIT- CNT, reunieron testimonios que confirmaron la presencia de los militares uruguayos del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) en los operativos y las torturas en los centros clandestinos de Argentina.

Entre noviembre y diciembre de 1977 ocurrió una enorme redada de ciudadanos uruguayos. Miguel Angel Ríos Casas, secuestrado en la provincia de Buenos Aires, cuando con Eduardo Castro Gallo iba hacia la casa de Ataliva Castillo Lima después del secuestro de Aída. Castillo fue secuestrado poco después, su domicilio allanado e incendiado por miembros del batallón de San Justo. Castro Gallo logró huir cuando secuestraron a Casas, pero cayó más tarde, y luego fue visto en el Pozo de Quilmes. Todos están desaparecidos.

El testimonio de Adriana Chamorro y Otilio Corro que cita el informe de PIT-CNT nombra a un grupo de alrededor de 21 uruguayos secuestrados en diciembre de 1977, detenidos en Banfield. El informe revela también que "estaban detenidos ciudadanos argentinos parejas de uruguayos", como Alfredo Moyano y Carolina Barrientos de Carneiro.

Los testimonios de distintos sobrevivientes no dejan lugar a dudas sobre la participación de los militares uruguayos. Washington Rodríguez, quien junto con Sara Méndez y otros fueron entregados en una operación clandestina a Uruguay, señala que durante su detención en Argentina hizo contacto con varios de los ahora desaparecidos, entre ellos estaban Aída y su madre.

"Pude enterarme que Aída Sanz había dado a luz a una niña en los días posteriores a su secuestro, a fines de diciembre de 1977, que le fue retirada de inmediato... su compañero, de apellido Gallo, había sido interrogado allí junto a Miguel Angel Ríos, y posteriormente trasladado con destino desconocido".

"A los cuatro días de mi detención trajeron a nueve presos uruguayos, cinco hombres y cuatro mujeres (una de ellas embarazada de cuatro meses). Algunos fueron sacados a los cuatro o cinco días, ingresando un nuevo grupo de seis o siete.... Los verdugos que los interrogaban eran oficiales uruguayos. A lo que se suma que el interrogatorio giraba sobre actividades en Uruguay", continúa el testimonio.

Incluso entre los torturadores se reconoció a un oficial de la marina uruguaya. "Aparte de esto, los propios guardias manifestaban que los uruguayos estaban a cargo de personal militar de esa nacionalidad", dijo Rodríguez.

Adriana Chamorro mencionó el caso de María Asunción Artigas Nilo de Moyano, uruguaya, refugiada de Naciones Unidas en Argentina, donde fue detenida el 30 de diciembre de 1977, cuando estaba embarazada de unos cuatro meses. En el mismo lugar de detención (Pozo de Quilmes) estaba también Yolanda Casco, quien dio a luz a un niño, mientras que Aída tuvo a su niña; los bebés les fueron quitados "inmediatamente después de nacer sin saber ellas dónde llevaban a sus hijos".

Esta es sólo una pequeña parte de la historia de horror que está siendo recogida en el juicio que se lleva adelante en la querella iniciada por los abogados Alberto Pedroncini y Carlos Zamorano, entre otros, y que juzgan la Operación Cóndor. Los militares uruguayos imputados en este caso son: el general Julio Vapora, entonces comandante en jefe del ejército; coronel Guillermo Ramírez, mayor José Niño Gavazzo, mayor Manuel Cordero, mayor Enrique Martínez, capitán Jorge Silveira y capitán Hugo Campos Hermida. Todos, excepto Vapora "del cual dependían", operaron en territorio argentino y por lo tanto no pueden evadir esta jurisdicción ni estar incluidos en la Ley de Caducidad uruguaya que, tras el regreso de la democracia, libró de la cárcel a los represores.