La Jornada lunes 13 de marzo de 2000

Raquel Sosa Elízaga
El rector y la institucionalización de la crisis en la UNAM

La comunidad universitaria enfrenta hoy la irresponsabilidad de autoridades que tienden a convertir en política institucional la prolongación de la crisis. El uso parcial de expedientes de estudiantes presos como chantaje y presión al Consejo General de Huelga constituye una provocación para que se produzcan reacciones cada vez más desesperadas de parte de los estudiantes en lucha, de sus padres, y de cientos de profesores y trabajadores que rechazamos por injusto, ilegal y bárbaro pretender resolver el conflicto universitario con la erradicación de los disidentes.

El secretario de Gobernación amenaza hoy con el retorno de la Policía Federal Preventiva a la universidad, al tiempo que el abogado general entrega nuevas denuncias penales para que se proceda en contra de los ocupantes de rectoría. Una y otra medidas de fuerza, a las que se agrega una nueva andanada de manifiestos pagados en los que se "exige la aplicación de la ley", vuelven a meter a la comunidad en la espiral de la intolerancia y la polarización. No abonan en absoluto a la superación del conflicto.

Ese círculo perverso oscurece la posibilidad de una verdadera reanudación de actividades en la universidad y agrega demandas a las ya acumuladas en el pliego petitorio y a los acuerdos firmados el 10 de diciembre. ƑCuántos presos más, cuántos policías, cuántos cambios de administración se requieren, señor rector, para poner fin a los enfrentamientos entre universitarios?

Sería indudablemente mucho más sencillo que, en un acto de mínima congruencia con su discurso, dispusiera usted, de acuerdo con las autoridades federales, la anulación de todas las órdenes de aprehensión, y procesara el inicio de un diálogo verdadero con la comunidad.

La humillación del adversario nunca ha servido para forzar una negociación. No es legítima la firma de acuerdos que no pretenden cumplirse ni admisible que se justifiquen --por acción u omisión-- acciones represivas con el recurso de un diálogo roto, cuando éste nunca ocurrió.

Los universitarios identificamos bien el comportamiento del gobierno federal, sus procedimientos y razones para no abrir paso a la solución de los graves problemas nacionales. Nos hemos opuesto al abuso de facultades de un Poder Ejecutivo que, con tal de imponer a toda costa su política económica, no duda en ordenar acciones represivas, impulsar costosas campañas para desacreditar a sus opositores, e imponer deudas privadas y recortes presupuestarios a todos los ciudadanos, aunque esas medidas atenten contra la estabilidad del país.

No podemos admitir que esa concepción perversa de la autoridad se reproduzca impunemente en la universidad. Una comunidad crítica, informada, diversa y activa exige hoy respuestas claras, responsabilidades precisas y comportamientos inequívocos de parte de sus autoridades. Bastaría observar con detenimiento y sin prejuicios las discusiones que tienen lugar entre profesores, estudiantes y trabajadores en toda la institución para darse cuenta de que, si la violencia impuesta por las autoridades genera reacciones hostiles por parte de muchos integrantes de la comunidad, el debate de las ideas --no importa cuán ríspido pueda ser-- da invariablemente lugar a propuestas de solución de los conflictos.

Apelar a la realización de un Congreso en el que se resolverán --presuntamente-- todos los problemas pendientes de la universidad, mientras se contribuye a incendiar los ánimos al no comprometerse con la liberación de todos los detenidos y a poner fin al uso del recurso policiaco y penal para resolver diferencias entre universitarios, es un engaño que no tiene futuro.

Denunciar como provocaciones las acciones estudiantiles, sin la menor intención de reconocer en las propias medidas una sucesión de provocaciones a la comunidad universitaria, es tanto inadmisible como inmoral. Ojalá, señor rector, que más allá de las presiones gubernamentales y de las exigencias de sus asesores de "aplicar mano dura" en contra de estudiantes inconformes, se detenga usted por un momento a reflexionar sobre el agravio que causa a los universitarios su inflexibilidad, su doble discurso y su intolerancia.

En efecto, nuestra universidad requiere de muchos cambios. A estas alturas, indudablemente el mayor de ellos es un cambio en el comportamiento de quienes tienen la responsabilidad de dirigir a la comunidad, quienes deben enfrentar con dignidad y altura los problemas acumulados, y no agregar agravios u ofensas contra alguno de sus integrantes. ƑPodemos esperar de usted un cambio en ese sentido? ƑO se empeñará en el camino señalado por el gobierno federal para prolongar e "institucionalizar" la crisis de la universidad?