DOMINGO 12 DE MARZO DE 2000
Ť Se debe consultar al Congreso por el monto: PRD
Polémica por las privatizaciones comprometidas por el Ejecutivo
Ť El Presidente no tiene que pedir permiso, dicen diputados panistas
Francisco Gómez Maza Ť Posiciones encontradas se dieron entre diputados del PRD y el PAN, en torno a si el Ejecutivo debe solicitar permiso o no a la Cámara de Diputados respecto a las privatizaciones comprometidas con el FMI a cambio del préstamo anunciado el jueves.
La Ley de Ingresos prevé privatizaciones por 16 mil millones de pesos, y el gobierno federal compromete ventas por 37 mil millones de pesos, a cambio de los 2 mil 211 millones de dólares otorgados por el FMI.
Los legisladores perredistas Ricardo García Sainz, Carlos Heredia, Dolores Padierna, así como la maestra Ifigenia Martínez están seguros de que el Ejecutivo debe pedir permiso para rebasar el monto autorizado en la ley. Los panistas, en tanto, consideran que no es necesario.
Los del partido del sol azteca argumentan que las privatizaciones han hecho estragos en cuanto a la pobreza, desempleo y desarticulación de la planta productiva, mientras que los del blanquiazul aseguran que el gobierno puede vender las paraestatales, menos las estratégicas, para aumentar los ingresos sin permiso del Congreso.
El único panista que, de alguna manera, difiere de sus colegas es Felipe Cantú, quien argumenta que "de rebasar la cantidad establecida en la Ley de Ingresos por privatizaciones se requiere una modificación de la mencionada ley.
El diputado perredista Carlos Heredia dijo que se requiere el permiso del Congreso y agregó que lamentablemente los compromisos con las instituciones financieras se conocen por la vía de los hechos, sin que éste haya sido informado de los alcances de la operación en el momento oportuno.
El Ejecutivo tiene que pedir autorización al Congreso para que se le amplíe el rubro de las privatizaciones, sobre todo porque esta política de endeudamiento, a cambio de venta de empresas, ha hecho estragos en cuanto a pobreza, desempleo y desarticulación de la planta productiva, manifestó Dolores Padierna.
La legisladora agregó que los recursos que se obtienen nunca han sido ni para desarrollo social, ni generan empleos, sino que se utilizan para el pago de deuda que se tiene con Estados Unidos. En cada cambio de sexenio ocurre una crisis, cada vez más costosa, y tienen que acudir a nueva deuda, dejando siempre en garantía a las empresas del Estado.
Padierna denunció: "Esta vez se están adelantando a una posible derrota electoral y a que los grupos de poder y de intereses, ligados al PRI, no saquen sus capitales del país, que provoque otra crisis de grandes dimensiones".
Padierna advirtió que el Presidente se haría acreedor de responsabilidades, de acuerdo con la Ley de Servidores Públicos por violar la Ley de Ingresos.
Ifigenia Martínez consideró que el Ejecutivo debe consultar a la Cámara porque son ventas de activos. "Para privatizar, únicamente se pide permiso al Congreso cuando la paraestatal ha sido creada en esta instancia.
Lo que sí resulta indignante es que el gobierno firme una carta de intención con el FMI y no con el Congreso, y resulta también inadmisible que los cinco países más poderosos dicten las políticas económicas de México, sustituyendo el papel del Poder Legislativo, añadió Martínez.
"Lo más importante -afirmó el panista Rogelio Sada- es ver que la operación no tenga un impacto negativo en la paridad, porque el peso ya está bastante apreciado.
El Ejecutivo inició un nuevo proceso de privatización y puede vender las paraestatales, menos Pemex y la CFE, a su arbitrio, estimó Juan Bueno, del PAN.
Sin embargo, acusó que el gobierno ha sido ineficaz e ineficiente, además de la corrupción que ha habido en la venta de las empresas.
Militante del blanquiazul, Fortunato Alvarez, manifestó que no es necesario que el gobierno consulte al Congreso, sino sólo debe "proceder. Nada más".
Con todo, aclaró, el Congreso tiene que estar informado de cualquier privatización.
El legislador panista Felipe Cantú dijo que de rebasar la cantidad de ingresos se requiere una modificación a la ley. "En todo caso -advirtió-, lo relevante, más que tener la autorización, es que se trate de condicionamientos externos".
Javier Castelo coincidió con sus colegas del PAN. Lo mismo Marco Adame, quien aclaró: "El gobierno no está obligado, dado que en todo este tipo de mecanismos, por la falta de una legislación, se opera con gran discrecionalidad".