SABADO 11 DE MARZO DE 2000
Ť Es ilegítimo y arbitrario, dicen abogados militares acusados de asesinatos
Anular juicio, piden en Italia represores argentinos
Afp, Reuters, Dpa y Ap, Roma, 10 de marzo Ť Los abogados defensores de seis de los siete militares argentinos acusados por la desaparición y muerte de ocho italianos durante al dictadura militar en esa nación sudamericana, definieron como "ilegítimo y arbitrario" el juicio que se lleva a cabo contra ellos en Italia y pidieron su anulación en la tercera audiencia del proceso empezado hace 17 años.
En Buenos Aires, en tanto, el Ministerio de Defensa informó que fueron hallados documentos vinculados con la represión ilegal durante la pasada dictadura, entre 1976 y 1983, en una sede del ejército y que fueron enviados a la justicia federal.
El vocero ministerial, Ramiro Costa, dijo a la prensa que ese material fue encontrado en el Instituto Geográfico Militar, en Buenos Aires, e incluye instrucciones operativas de seguridad elaboradas por los jerarcas de la dictadura para los oficiales y suboficiales del ejército.
Costa aclaró que la documentación no contiene listas de personas desaparecidas ni de planes determinados, como tampoco se menciona la sustracción de bebés nacidos en cautiverio durante la dictadura.
Esos textos fueron encontrados en el marco de operaciones ordenadas por el jefe del ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, quien dispuso la víspera que todas las unidades y organismos de la fuerza dedicaran la jornada a buscar documentación sobre la represión durante la dictadura.
Entidades humanitarias afirman que esa fuerza conserva los archivos de los desaparecidos, pese a que el anterior jefe del ejército, Martín Balza, aseguró que fueron destruidos al concluir la dictadura.
Los manuales encontrados fueron enviados al juez federal Claudio Bonadío, quien investiga la desaparición de un grupo de miembros de la organización armada Montoneros en el marco de la Operación Cóndor, un mecanismo de coordinación represiva y de intercambio de prisioneros de las dictaduras sudamericanas en los años 70.
En Roma, los abogados Giovanni Aricó y Giovanni Meladri, que se refirieron en su larga exposición a una serie de violaciones de las normas italianas, citaron como impedimento para llevar a cabo el juicio la ley argentina de Obediencia Debida, de 1986, y el indulto decretado en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem.
Aricó subrayó ante el tribunal que se trata de un proceso "jurídicamente arbitrario, complejo e improcedente".
La corte de Assise, en Roma, presidida por Mario D'Andria y formada por 10 jurados populares, se reservó el derecho de responder en la próxima audiencia citada para el 30 de marzo.
Asimismo, decidió posponer para el 7 de junio las gestiones realizadas ante las autoridades argentinas para definir la situación jurídica del general Guillermo Suárez Mason, quien pidió asistir al juicio en Italia, pero se encuentra en arresto domiciliario en su país por el robo de bebés.
Esto obligó a la corte romana a realizar el juicio de Suárez Mason por separado, pero con la intención de reunificarlo en un futuro no lejano.
La tesis de la defensa ya había sido presentada durante la fase de instrucción pero fue rechazada por el juez Claudio D'Angelo, quien acogió la posición del fiscal Francisco Caparoile.
El juicio se abrió formalmente en octubre pasado, 17 años después de que más de 600 casos fueron denunciados, pero el proceso sufrió múltiples aplazamientos e incluso se archivó en 1995, decisión que fue anulada posteriormente.
De los 600 casos presentados en 1983, los jueces italianos decidieron que sólo existen elementos suficientes para examinar la desaparición y muerte de ocho personas, y los acusados por esos delitos son los generales Santiago Omar Riveros, Juan Carlos Garardi, Alejandro Puerta, Roberto Julio Rossin, Héctor Maldonado y José Luis Porchetto.
Al margen de la audiencia, la italiana Santina Mastinu, a quien le fue asesinado su hermano, que era líder sindical, y su marido, muerto mientras intentaba huir con su hija, en 1976, pidió que "Italia haga justicia por los crímenes cometidos".
En otro asunto, las inundaciones ocasionadas por las intensas lluvias que azotan seis provincias del noreste argentino han ocasionado ocho muertos, 10 desaparecidos y unos 10 mil evacuados, mientras continúa la inquietud ante eventuales nuevos temporales.