La Jornada sábado 11 de marzo de 2000

Miguel Concha
Etica pública y salud mental

Ante el riesgo de multiplicación de las violencias, Ƒes posible quedarse callados?, Ƒson todavía audibles los llamados a la solución negociada de los conflictos sociales, para evitar nuevos enfrentamientos e injustificadas demostraciones de fuerza policiaco-militar?, Ƒaún no queda claro que frente a los conflictos sociales la aplicación estricta del derecho no es siempre garantía de solución justa y ajustada para las partes? En el fondo, esto no es sólo un tema jurídico-político, sino uno en el que está también involucrada la ética pública.

La presentación el día de ayer, viernes 10 de marzo, de los primeros números del boletín Profesionales de la Salud y Derechos Humanos, publicados por la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT-México), ha sido una buena oportunidad para volvernos a preguntar si es posible hablar de bienestar y de salud mental colectiva, sin aludir a los valores fundamentales de una ética pública ųdiálogo, tolerancia, legalidad, búsqueda y capacidad de consenso, etcéteraų, por ejemplo, cuando en la UNAM, El Mexe, Chiapas o Guerrero se invocan o pretenden justificarse salidas violentas y autoritarias.

Atrevámonos a analizar desde la ética pública vinculada a la salud mental colectiva los conflictos sociales y de derechos humanos. La deliberada, remisa u omisa actitud de no encontrarle solución definitiva al conflicto universitario, así como la prolongación indefinida del mismo por no conseguir la reducción del oponente, han conducido a la pérdida o desgaste de referentes que posibiliten acuerdos, así como al enrarecimiento de las relaciones entre las partes. Este cuadro insano se puede agravar por la abulia del resto de los interesados y afectados, o por la decisión de los participantes indirectos a reducir sus análisis y tomas de postura al de una de las partes. Peor aún cuando se aboga por la violencia cortoplacista. En este caso se vuelven inservibles los valores o referentes sociales que el resto de los sectores de la comunidad universitaria ha intentado construir. Y no me refiero a la moral de un sector determinado, sino a los consensos fundamentales desde los que la comunidad puede entablar un diálogo, una negociación de corto plazo y una reforma institucional de largo alcance.

Urge el restablecimiento de la interlocución entre los diversos sectores universitarios y, simultáneamente, que los actores externos se asuman responsablemente como verdaderos facilitadores, y no como renovados obstáculos.

Al respecto la nueva campaña, alentada desde el más interior de los ministerios, omitiendo pronunciarse por la búsqueda del diálogo, ha vuelto a argumentar a favor del uso de la fuerza represiva, policiaca o penal, lo cual es incompatible con una ética pública democrática, fuente auténtica de un estado de derecho. La limitada capacidad para facilitar el diálogo político, nefasto signo social, es encubierta con los llamamientos externos a criminalizar a los "disidentes", homologándolos como delincuentes. Nada más insano que querer vender interpretaciones dualistas para justificar de nuevo el uso de la fuerza. En nada ayuda alentar por un lado la distensión con una nueva intervención violenta, mientras por otro se retarda el restablecimiento del interlocutor y se prefiere administrar el conflicto. ƑCon qué fines?

La urgencia de fortalecer una ética pública basada en los derechos humanos, puede ser una oportunidad para acercar a nuevos interlocutores a la búsqueda de la solución de los conflictos en curso, o a la prevención de situaciones de crisis. En esta visión se inspiran proyectos de intervención no-violenta de terceros en conflictos armados internos o en las llamadas crisis humanitarias, iniciativas muy necesarias, por ejemplo, en nuestras regiones indígenas, donde se viven conflictos de baja intensidad. ACAT-México se propone, entre otras cosas, sumar servicios de atención médica, psicológica y social a las iniciativas ya existentes de denuncia y defensa de los derechos humanos. La apuesta a mediano plazo pretende, como en el caso del organismo Médicos Sin Fronteras, premiado en 1999 con el Nobel de la Paz, no dejar a merced de los poderes en turno, locales o nacionales, la resolución violenta de conflictos. La denuncia es importante, pero no suficiente. La resolución de las crisis debe ser acompañada de medidas efectivas de distensión y prevención. La UNAM no es la excepción.