VIERNES 10 DE MARZO DE 2000
* Buscan aplicar "mordaza" al panista, asegura
Priístas, no Fox, denigran al
tricolor: la defensa ante el IFE
Enrique Méndez * La Alianza por el Cambio declaró ayer que el PRI pretende imponer a Vicente Fox una "mordaza" y subrayó que no es el guanajuatense quien denigra al tricolor, "sino las conductas delictivas de algunos de sus miembros activos o dirigentes", como Mario Villanueva, Jorge Carrillo Olea, Mario Ruiz Massieu y Raúl Salinas de Gortari.
En la defensa que presentó ante el IFE por la queja que el tricolor entregó el 2 de marzo pasado contra Fox, el representante de la coalición, Germán Martínez Cázares, afirma que el candidato verdiazul basó sus declaraciones respecto de que los capos se han apoderado del PRI desde hace varios años en "casos concretos, públicos, notorios y del dominio popular".
Enseguida, cita como ejemplos la presunta responsabilidad en el narcotráfico del ex gobernador de Quintana Roo Mario Villanueva Madrid, y del gobernador de Morelos con licencia, Jorge Carrillo Olea, por su probable participación en secuestros. "También abonaron" a construir un entorno de crítica las reiteradas afirmaciones de la participación de Mario Ruiz Massieu y Raúl Salinas de Gortari en investigaciones sobre lavado de dinero, enriquecimiento inexplicable y señalamientos de nexos con el narcotráfico.
Al negar que la coalición y su candidato hayan violado el código electoral, Martínez apela a la libertad de expresión consagrada en la Constitución y a la interpretación que en materia electoral hizo la Suprema Corte sobre el alcance del artículo sexto, en la que se asegura:
"La expresión de las ideas para hacer propaganda no tiene otra restricción constitucional que los ataques a la moral o la provocación a la comisión de un delito, así como la perturbación del orden público, por lo que aquellas manifestaciones que tienden a hacer proselitismo para determinada bandera política o ideológica, no pueden constituir, entre tanto no alteren realmente el orden público, delito alguno, y reprimirlos constituye una violación a las garantías individuales".
El diputado federal dice que con sus declaraciones, Fox "no llamó a alterar o perturbar el orden público, ni tampoco a violentar los derechos de terceros" y que hasta ahora no se ha probado ni acreditado que el candidato presidencial hubiera "convocado a atacar el estado de derecho".
Así, pide que la queja se "declare infundada" porque no se ha demostrado ni probado "el agravio moral a la vida privada ni la alteración del orden público" que hubieran causado las afirmaciones de Fox, por lo que éstas "no pueden ser sujetas de inquisición judicial o administrativa".