VIERNES 10 DE MARZO DE 2000
* Denuncian persecución contra militares argentinos
Rechazan almirantes en retiro la condena al represor Astiz
* Cita el juez Adolfo Bagnasco a declarar a tres ex altos oficiales
Afp, Ap y Reuters, Buenos Aires, 9 de marzo * Un autodenominado Grupo de Almirantes Retirados argentinos criticó este jueves la condena de tres meses de prisión impuesta el pasado miércoles al ex capitán de fragata Alfredo Astiz por apología del delito, al asegurar que se trata de un claro ejemplo de "persecución" contra los militares que actuaron durante la última dictadura castrense (1976-1983).
Los almirantes retirados Carlos Torlaschi, Alberto Barbich y Horacio Zaratiegui, activos durante los gobiernos militares que impulsaron la guerra sucia, señalaron en un comunicado que la sanción al ex marino, quien sin embargo no irá a la cárcel, "constituyó el más claro ejemplo de la ilegalidad, persecución y discriminación a que estamos sometidos quienes vestimos el uniforme de los vencedores del terrorismo".
Además, se quejaron por el "vergonzoso fallo tribunalicio, sospechado con justas razones de ser nada más que la expresión de una decisión política", condenaron "los intentos de manipulación política de las tragedias recientes" y expresaron que con las acciones de la justicia "no será posible alcanzar las fórmulas de conciliación que venimos reclamando para poder sepultar los odios y revanchismos que continúan asolando la convivencia nacional".
Uno de los símbolos de la represión, Astiz, fue condenado el pasado miércoles en juicio oral y público por primera vez en Argentina a tres meses de prisión en suspenso por apología del delito, a raíz de una entrevista en1998 en la que aseguró estar "capacitado técnicamente para matar a un político o a un periodista".
El ex capitán, que fue dado de baja por el ex presidente peronista Carlos Menem después de estas declaraciones, fue condenado a cadena perpetua en Francia por el asesinato de dos monjas de ese país, que en 1977 pasaron a engrosar la lista de los miles de desaparecidos.
Sin embargo, Astiz no pudo ser condenado en Argentina por su participación en el terrorismo de Estado al resultar beneficiado con las leyes exculpatorias dictadas durante el primer gobierno demócrata tras la dictadura, el de Raúl Alfonsín.
Entre tanto, tres ex altos oficiales del ejército fueron citados a declarar por el juez federal Adolfo Bagnasco, que investiga el robo de hijos de detenidos desaparecidos na- cidos en los campos clandestinos de concentración de la dictadura.
Los ex comandantes Santiago Riveros, Juan Bautista Sasiain y Jorge Olivera Rovere fueron indultados en 1989 por el entonces presidente Menem tras haber sido juzgados por otros delitos, entre los que no se encontraba el de robo de infantes, el cual no prescribe.
Por ese mismo delito están detenidos otros nueve ex jefes militares, la mayoría en arresto domiciliario, entre ellos los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Emilio Massera, en el marco de la investigación que lleva adelante Bagnasco sobre la existencia de un plan sistemático de robo de menores durante la dictadura.
Por otro lado, miembros del ejército argentino buscaban este jueves --a pedido de la justicia-- en cuarteles del país archivos vinculados con la represión ilegal durante ese régimen, aunque "sin novedades', dijeron jefes militares.
Los reclamos para que el ejército comenzara la búsqueda de reglamentos, órdenes de operaciones, planes y todo tipo de documentación sobre la actuación de la dictadura aumentaron cuando fueron encontrados en el hospital militar del cuartel de Campo de Mayo presuntas pruebas de que allí habría funcionado durante los gobiernos castrenses una maternidad clandestina.
Las fuerzas armadas "tienen toda la documentación, no destruyeron nada", dijo la dirigente de Madres de Plaza de Mayo, Mercedes Meronio, quien agregó que los militares "hacen como que buscan para engañar a la gente".
También la defensora del pueblo de Buenos Aires, Alicia Oliveira, vio la búsqueda como "una burla", en tanto que Alba Lanzillotto, de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, deseó que la búsqueda "sea en serio, porque la documentación existe, ya que el ejército guarda todo".
En este contexto, la Comisión de Acuerdos del Senado aprobó los pliegos de ascenso a coronel de cuatro oficiales del ejército, dos de ellos cuestionados por organis- mos de derechos humanos.
Eduardo Víctor Jordán es sospechoso de haber encubierto el asesinato del soldado Omar Carrasco, caso que llevó a la supresión del servicio militar obligatorio, aunque fue sobreseído por la justicia, mientras que Nicolás Quiroga fue subdirector de la Fábrica Militar de Río Tercero, donde en 1995 se produjo una explosión que dejó siete muertos y centenares de heridos, y que según peritajes habría sido intencional.