VIERNES 10 DE MARZO DE 2000
* Todo esto va en serio, advierten indígenas
Ya no tan calladamente, el Ejército avanza en Chiapas
* La Sedena expropia tierras para contribuir a la paz pública
Hermann Bellinghausen, enviado, Comitán, Chis., 9 de marzo * Ya no tan lenta, ni tan calladamente, el Ejército Mexicano avanza sobre las comunidades en resistencia de todo el territorio indígena del estado.
De acuerdo con decenas de denuncias hechas públicas esta semana por los representantes de numerosas comunidades de la zona de conflicto, el Ejército se moviliza y expande amenazadoramente.
Febrero ha sido el mes más cruel para las comunidades desde 1995. Es cuando la tierra se seca, la vegetación se desnuda, el cielo se abre y la maquinaria de guerra avanza.
Coincidentemente, el aeropuerto de Terán, en Tuxtla Gutiérrez, suspendió el servicio civil "por remodelación". Igual que el año pasado. Así queda Terán exclusivamente como base aérea de las fuerzas armadas, en condiciones de establecer un puente rápido hacia la base aérea de Copalar, a 11 kilómetros de Comitán.
Al incremento sostenido de campamentos, helipuertos, retenes y cuarteles en los territorios indígenas, se suma el anuncio de nuevas bases de operaciones de las fuerzas armadas.
Mientras los pueblos y municipios no dejan de clamar y exigir el retiro del Ejército de sus caminos, sus ríos y ejidos, las tropas federales no sólo permanecen, sino que avanzan sobre las comunidades. Como dicen los de la colonia Playa Azul, entre la selva y la frontera con Guatemala, "todo esto va en serio".
Base militar por decreto
El anuncio oficial de una nueva base militar, cuya construcción ya iniciaron el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea en 29 hectáreas de Maravilla Tenejapa, confirma que el despliegue militar en el territorio chiapaneco avanza a grandes pasos.
Si bien no se ponen de acuerdo las fuentes gubernamentales sobre si Maravilla Tenejapa pertenece a Las Margaritas o si ya es, como pretende el gobierno de Albores, un municipio de nueva creación, se trata de una localidad apoyada por los empresarios gasolineros de Tuxtla (uno de los sectores más prósperos en el último año de gobierno alborista en estas tierras llenas de vehículos militares que consumen gasolina con una sed escalofriante), y pieza clave en la estrategia contrainsurgente
A diferencia de otras bases de operaciones de las fuerzas armadas, este nuevo campo de adiestramiento y "desarrollo de actividades castrenses en general" ocupará legalmente una porción de tierras ejidales. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de la Reforma Agraria, efectuó un decreto de expropiación de "casi 29 hectáreas de temporal de uso común en el ejido Maravilla Tenejapa, por las cuales el gobierno pagará como indemnización 59 mil pesos, a razón de 2 mil 40 pesos por hectárea", según publicación del Diario Oficial de la Federación, donde también se indica que la Sedena solicitó dichas tierras a la SRA el 24 de abril de 1998 (El Universal, 7 de marzo).
En otros lugares de Chiapas, como Guadalupe Tepeyac, Miguel Hidalgo (a orillas del río Euseba), Amador Hernández y muchas más tierras ejidales y comunales, en la ocupación de tierras para fines castrenses no ha mediado, que se sepa, expropiación alguna, y menos aún en acuerdo con las comunidades afectadas.
En el considerando del decreto mencionado se indica que dicha expropiación "cumple con una causa de utilidad pública" para que "los integrantes de la Defensa Nacional contribuyan al mantenimiento de la paz pública".
Maravilla Tenejapa, enclave priísta que permite controlar la carretera fronteriza y las vías fluviales navegables, también es asentamiento de la Seguridad Pública del estado y la Policía Judicial. Según reiteradas denuncias de las comunidades en resistencia del municipio autónomo Tierra y Libertad, dicha comunidad también es sede de un grupo paramilitar.
Todo sea por el mantenimiento de la paz pública.
Pasos de guerra contra indígenas
Del ejido Morelia llegó ayer a San Cristóbal de las Casas la demanda sobre una nueva ocupación de tierras indígenas por el Ejército federal. Las comunidades de Limonal, Nance, San José Obrero, Ranchería Guadalupe, San Miguel, Santo Tomás, La Libertad y Los Quinchos, del municipio autónomo 17 de Noviembre, rechazan la instalación de un campo de entrenamiento donde ya operan 40 soldados.
Los campesinos, tzeltales y tojolabales de la zona, señalan que estos soldados llevan consigo perros que ya han atacado y herido a muchas personas.
Asimismo, acusan a Dimas Navarro Guillén, "candidato priísta de Ocosingo", de haber solicitado, y conseguido, la instalación de un nuevo retén militar, entre Balachté y Ranchería Guadalupe, cuya hostilidad ha alterado la vida cotidiana y la libertad de tránsito de los indígenas.
Durante la marcha de las mujeres zapatistas en Jovel, campesinos procedentes de la selva Lacandona denunciaron que la reciente presencia del Ejército federal en la laguna de Miramar ha provocado una grave contaminación de esa maravilla natural, más o menos virgen todavía en la reserva de la biósfera de los Montes Azules. Esto afecta a varias comunidades.
También dijeron que la destrucción de bosque en Amador Hernández, por el establecimiento progresivo de un campamento militar, afecta ya cerca de 5 hectáreas ejidales. Hicieron pública su protesta por la presencia de prostitutas en aquel rincón de la selva: las conducen desde San Quintín los indígenas de esta última comunidad. Y, finalmente, denunciaron que la presencia de esta posición castrense ha contaminado los dos principales ríos que cruzan Amador Hernández.
En los últimos 3 días, el ayuntamiento autónomo de San Andrés Sacamch'en ha hecho públicas otras tantas denuncias (o sea, una por día) del hostigamiento militar que sufren. "Con estos movimientos militares se vive una tensión en toda la zona, y nuestros pueblos temen un ataque militar de los gobiernos de Ernesto Zedillo y Roberto Albores", decían el lunes 6; el martes 7, al denunciar nuevas acciones del Ejército federal, los autónomos sanandreseros mandaban decir a la opinión pública, a la prensa, a la sociedad civil, nacional e internacional, y a los organismos de derechos humanos: "Nuevamente hacemos un llamado para que estén atentos de lo que pueden hacer Ernesto Zedillo y Albores Guillén contra nuestros pueblos".
Los pobladores de la colonia Playa Azul, municipio autónomo Tierra y Libertad, al denunciar su respectiva situación de amenaza, se expresan aún con mayor urgencia: "Queremos que esto lo tomen en cuenta, porque todo esto va en serio".
Y lo que va en serio es que las autoridades priístas están a punto de expulsar a todas las familias que se declararon en resistencia desde 1994 en Playa Azul: "El nuevo comisariado, Belisario Hernández Calvo, no quiere respetar los acuerdos. Ya hizo un acta de expulsión en contra de nosotros, firmada por la asamblea, con la amenaza de que quien no firme se castigará en cárcel". Por lo pronto, se encuentran "en exclusión total" y temen que "la seguridad pública o el Ejército entre a hostigarnos, atemorizarnos más o forzarnos a salir de la comunidad".
El cerco según los cercados
"La militarización y paramilitarización de nuestras comunidades es ahora una de las principales causas de la miseria, de la pobreza, de las enfermedades y de la muerte de muchos indígenas", declararon ayer los representantes de los pueblos y municipios de los Altos, selva y norte de Chiapas.
Por la radio, y luego en la plaza pública de San Cristóbal, las bases de apoyo del EZLN se conjuntaron en un documento para decir: "El cerco militar, los hostigamientos diarios, por tierra y por aire, y la persecución que nos hace el mal gobierno han obstaculizado gravemente la realización de los trabajos diarios, que es la única manera para que los pueblos indígenas puedan sobrevivir". Dicha situación ha causado, según los indios, "la muerte de muchos compañeros por falta de atención médica, porque ya no pueden salir para curarse en algún hospital por temor a ser detenidos en los retenes militares o capturados en el mismo hospital".
También acusan al gobierno de crear grupos paramilitares en todos los municipios, "con el claro objetivo de dividir a las comunidades, provocar enfrentamientos, perseguir bases de apoyo zapatistas y asesinar a los dirigentes del pueblo".
El diagnóstico que hacen los indígenas es terminante: "La militarización y la paramilitarización han promovido y aumentado la violencia, la división, los asesinatos, la prostitución, drogadicción y alcoholismo. Todo esto ha dañado gravemente a nuestros pueblos y comunidades".