JUEVES 9 DE MARZO DE 2000

Pinochet, sano y salvo en Chile

* Adolfo Sánchez Rebolledo *

EL GENERAL PINOCHET ya está en Chile y goza de buena salud. Bajó del avión en silla de ruedas, pero luego caminó, sin otra ayuda que la de un bastón, a encontrarse con la plana mayor del ejército que lo esperaba como a un héroe. Las poderosas razones esgrimidas para poner en libertad a Pinochet se desvanecieron en un instante: la recepción en el aeropuerto de Santiago, encabezada por los altos mandos militares, representan una burla grotesca al derecho y a la conciencia universal que se ha expresado durante el largo cautiverio londinense del ex dictador, pero constituyen también un abierto desafío al nuevo Presidente de la República quien todo el tiempo exigió que la vuelta a Chile de Pinochet no fuera un pretexto para evadir la acción de la justicia.

Ahora, dados los acontecimientos, Ricardo Lagos tendrá que hacer acopio de toda su voluntad e inteligencia para impedir que el senador vitalicio eluda de nuevo la acción de los tribunales, que han recibido más de setenta querellas contra el general. Por lo pronto, en una acción inesperada por la derecha, el Estado tomará parte en el juicio de desafuero emprendido contra Pinochet, que es el primer paso obligado para iniciar cualquier proceso. Sin embargo, es pronto para echar las campanas a vuelo. Cierto es que la credibilidad de Chile y su gobierno depende, hoy mas que nunca, de la manera como enfrente este capítulo, acaso el más importante y trascendente, en torno a la impunidad de la dictadura militar, pero nadie puede engañarse en este punto: se trata de un asunto político extremadamente complejo y delicado, pues la acción judicial, amén de otros obstáculos previsibles, debe transitar a través de los seguros legales constitucionales que protegen al ex presidente manteniendo una camisa de fuerza sobre la democracia chilena.

Por lo pronto, algo se deriva como primera enseñanza y esto es que a pesar de su liberación, Pinochet ya ha sufrido sin remedio una inmensa derrota moral que, por si hiciera falta, hunde en un pantano los falsos esplendores de su figura histórica. En el plano del derecho internacional, el proceso iniciado por el juez Garzón, será tomado por otros magistrados como el punto de inflexión en materia de la aplicación de la ley en lo referente a derechos humanos. Cabe recordar que en este punto la acción de las autoridades británicas no altera el fondo de la cuestión que queda incólume, a pesar de los informes médicos aducidos para evitar la extradición a España.

Pero hay otras lecciones importantes. La más esencial es que no hay olvido para los crímenes de Estado, pues la memoria tiene una dimensión universal. Antes de plegarse a las ''razones humanitarias'', la defensa de Pinochet sostuvo que el principio de territorialidad resultaba inviolable, incluso cuando los derechos humanos están en entredicho. En una era de globalización en la que Chile aparece a la vanguardia como un modelo a seguir, el presidente Eduardo Frei planteó el problema como una cuestión de soberanía (la señora Margaret Thatcher definió los empeños del juez Baltasar Garzón como un acto de ''colonialismo judicial''), no obstante que los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura militar bajo el mando de Pinochet por su propia naturaleza son imprescriptibles, ''y todos los Estados del mundo están obligados a perseguirles y a colaborar en la persecución que de tales crímenes hagan otros Estados'', según los diversos tratados suscritos por la comunidad internacional, incluido Chile, en defensa de los derechos humanos.

En lo sucesivo, la sociedad internacional tendrá que elaborar nuevos mecanismos para que tales principios se cumplan con mayor eficacia y equidad en todo el orbe. El proceso abierto en España contra las dictaduras chilena y argentina replanteó, con nuevo vigor, la urgencia de crear fórmulas jurídicas e instituciones penales internacionales que permitan cumplir mejor con dichos propósitos de justicia, sobre todo si en los países donde ocurrieron los hechos no se dan las condiciones necesarias para realizar el debido proceso. Pero reconocer esta necesidad no puede servir de excusa para proteger la impunidad de gobierno alguno, sobre todo cuando se trata de casos archiprobados de complacencia criminal. Los tribunales chilenos tienen la oportunidad de probar que la dictadura pasará, ahora sí, a mejor vida. *