MIERCOLES 8 DE MARZO DE 2000

Ť El organismo presentará un informe a la ONU

Pedirá AI al gobierno mexicano atender recomendaciones de ONG

Ť Muy grave, la situación actual de los derechos humanos, considera

Triunfo Elizalde Ť Amnistía Internacional (AI) solicitará de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que inste al gobierno mexicano a poner en práctica las recomendaciones que les han sido sugeridas en los últimos años por el Comité de Derechos Humanos (CDH/ONU), el Comité Contra la Tortura, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial y por el relator especial contra la tortura.

Asimismo, AI pedirá a la CDH exhortar al gobierno mexicano a que invite a venir a México al relator especial sobre la independencia de jueces y abogados, al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, y al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Las peticiones anteriores las planteará AI durante el 56 periodo de sesiones de la comisión, a efectuarse del 20 de marzo al 28 de abril de este año, en Ginebra, Suiza.

En el informe que presentará a la CDH/ONU, AI reitera que la situación de los derechos humanos en México sigue siendo muy grave, "hasta el punto de que podría estallar una crisis, si las autoridades y los sectores pertinentes de la sociedad civil no resuelven los conflictos que azotan al país". Menciona también "la presencia de grupos armados de la oposición y de las fuerzas de seguridad, incluido el Ejército", sobre todo en Chiapas y Guerrero, además de la proliferación de los grupos paramilitares o civiles armados en Chiapas, a los que relaciona con la policía y "el partido en el gobierno". Lo anterior, le permite señalar que "la atmósfera de temor en la que viven los campesinos e indígenas chiapanecos los ha impulsado también a desplazarse y buscar cobijo en campos de refugiados internos".

Habla del "notable aumento de las tropas del Ejército desplegadas en la zona, así como del establecimiento de decenas de bases militares en ese estado del sureste mexicano, durante los últimos seis años", lo cual ha suscitado entre los sectores de la población civil y la oposición política "temor por la posibilidad de que las autoridades mexicanas puedan buscar una solución militar, en lugar de política, al conflicto con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)".

Asimismo, subraya que es común "la impunidad que rodea las constantes violaciones a los derechos humanos, cometidas por las fuerzas de seguridad y los llamados "grupos paramilitares" que, según los informes, actúan con el respaldo de las fuerzas de seguridad". Menciona como principales violaciones a las garantías las detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales, así como el hecho de que impere la impunidad entre los autores para que sigan perpetrando abusos similares".

Un hecho que destaca de AI es la inexistencia en las leyes mexicanas de alguna disposición que declare como delito la desaparición forzada. Recuerda que, en 1997, la Comisión Nacional de Derechos Humanos "había redactado y presentado al Congreso de la Unión un proyecto de ley que definía la desaparición forzada como un crimen de lesa humanidad y proponía que esa definición se incorporara en las leyes federales". Sin embargo, "ese proyecto todavía está pendiente de ser debatido".

Para el organismo, uno de los principales problemas estructurales que subyacen bajo los ciclos más persistentes de abusos contra los derechos humanos, es la falta de independencia del sistema judicial mexicano, tanto estatal como federal. Por otro lado, agrega que "en repetidas ocasiones ha documentado la falta de voluntad de las autoridades mexicanas de introducir reformas judiciales o administrativas y otras medidas que garanticen un remedio eficaz para las víctimas de violaciones de derechos humanos".

Un aspecto que en especial preocupa a esta ONG internacional es el hecho de las "detenciones breves y las expulsiones de México de defensores extranjeros de los derechos humanos que trabajan para agrupaciones tanto mexicanas como internacionales". Recuerda que a partir de 1998, el gobierno mexicano introdujo "nuevos criterios administrativos, muy estrictos, que obstaculizan la labor de las ONG extranjeras que querían observar la situación de los derechos humanos en México, ya que se dificulta a sus miembros la obtención del visado para entrar al país".

De hecho, en este año AI solicita a la citada comisión que emprenda acciones también respecto a Arabia Saudita, China, la República Federativa de Yugoslavia/Kosovo y Sierra Leona, "países en los que los abusos contra los derechos humanos son graves, persistentes o generalizados", y en particular plantea que se preste atención especial en torno al caso de niños soldados.