MIERCOLES 8 DE MARZO DE 2000

Ť Acusaciones falsas y torturas, "cosas de rutina"

Policía de Los Angeles, ejército de ocupación contra negros y latinos

Ť Ex oficial implica a compañeros en escandalosos abusos de poder

Ť Sus premiaciones: baraja roja por herir; baraja negra por matar

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 7 de marzo Ť Los premios eran placas, cada una con una baraja de juego con un hoyo al centro. Unas tenían una baraja de corazones rojos, otras tréboles negros. El Departamento de Policía de Los Angeles otorgaba estas medallas en "fiestas de tiro" celebradas en la academia policial, donde agentes asignados a unidades especiales antibandas eran reconocidos por herir (barajas rojas) o matar (barajas negras) a miembros de bandas.

La existencia de estas placas de reconocimiento fueron reveladas cuando investigadores en Los Angeles comenzaron a interrogar al ex policía Rafael Pérez, el enjuiciado y culpado oficial corrupto que ha implicado a casi cien de sus ex compañeros de cuerpo en actividades ilegales como golpizas, acusaciones fraudulentas, narcotráfico y asesinato de civiles desarmados mientras trabajaban en una unidad especializada cuyo blanco eran miembros de las bandas vinculadas con la llamada Mafia Mexicana en Los Angeles.

La Mafia Mexicana es una organización criminal que opera binacionalmente en México y Estados Unidos, y utiliza a bandas para distribuir drogas. Desde que comenzó este escándalo en la prensa, el jefe policial de Los Angeles, Bernard Parks, ha confirmado que por lo menos 99 inocentes fueron acusados en forma fraudulenta por estos policías corruptos y que el departamento de policía está investigando miles de casos que podrían ser desechados por esta misma causa.

Al parecer, Los Angeles ha aprendido muy poco del famoso caso donde se videograbó la golpiza de cuatro policías a Rodney King, que provocó los disturbios que causaron la destrucción de partes del centro de Los Angeles y generó un severo cuestionamiento al racismo en esa ciudad.

Este nuevo escándalo confirma lo que muchos angelinos han sospechado: el departamento de policía opera en amplias zonas pobres habitadas por negros y latinos como si fuera un ejército ocupando territorio enemigo.

Esta historia comenzó en septiembre de 1999 cuando el ex policía Pérez, que enfrentaba cargos por robo de varias libras de cocaína de un almacén policial de pruebas, empezó a cooperar con las autoridades y describió cómo sus ex compañeros en la unidad antibanda de la policía de Los Angeles, de forma rutinaria, acusaban falsamente a miembros de las bandas, rendían declaraciones falsas en procesos judiciales y torturaban a sospechosos.

Estas unidades especializadas organizadas por la policía de Los Angeles gozaban de una autoridad casi ilimitada para detener, arrestar y fiscalizar a personas identificadas como miembros actuales o pasados de las bandas de la ciudad. En un caso reportado por el diario Los Angeles Times, la policía disparó contra un hombre desarmado de 21 años de edad y demoró en llamar una ambulancia para poder plantar una pistola junto a donde había caído y así justificar sus acciones.

El jefe de la policía Parks ha reconocido que la unidad especializada, desbaratada la semana pasada, no representaba una excepción en la que un grupo de policías decidió actuar sobre la ley, sino que era un grupo que operaba bajo el visto bueno de superiores para tomar acciones severas contra las bandas. Las ceremonias de premiación de los uniformados que lograban herir y, en algunos casos, matar, a sospechosos se realizaban con decenas de oficiales, algunos con rango de capitán o de teniente.

Tal vez aún más sorprendente, el departamento de policía, en un informe de 362 páginas presentado al alcalde la semana pasada, reconoció que hasta la fecha el departamento no ha corregido muchos de los procedimientos que resultaron en este tipo de abusos. Sin embargo, la policía insiste en que se puede reformar esto desde adentro, pero varios expertos dicen que eso ya no es posible.

"Esta es una historia de malevolencia y de fechoría, y no sólo de mediocridad e incompetencia", escribió Erwin Chemerinsky, profesor de leyes de University of Southern California y quien ha estudiado asuntos de reforma policial. The New York Times, en un editorial publicado la semana pasada, señaló que el escándalo ocurrió casi una década después de que las autoridades aseguraron a los ciudadanos que los abusos policiacos que causaron el escándalo de Rodney King habían sido corregidos.

"Los Angeles no es la única ciudad estadunidense con problemas en su departamento de policía, pero éste parece ser singularmente hospitalario a policías pillos y especialmente resistente a la reforma", opinó el periódico.

El escándalo actual, calificado por Los Angeles Times como aún más condenable que los abusos desc ubiertos en el caso Rodney King, sólo ha servido para demostrar que la fuerza policiaca tiene pocas ideas y procedimientos para enfrentar la corrupción y la violación de la ley por sus propios miembros.

El contexto para estos abusos fue la decisión de otorgar poderes más amplios a la policía, a fin de lanzar una campaña contra la Banda de la Calle 18, un grupo que el FBI calificó como "el brazo de imposición" de la Mafia Mexicana.

Ahora algunos miembros del concilio de la ciudad y otros observadores en Los Angeles preguntan si las agencias de seguridad pública están empezando a violar algunos derechos humanos básicos de la ciudadanía al perseguir a las bandas criminales de la ciudad.

La semana pasada, Los Angeles Times reportó que cuando los detectives no podían obtener suficientes pruebas para comprobar sus casos contra miembros de las bandas, llamaban a funcionarios del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) para deportar a los sospechosos. Esta colaboración, confirmada a La Jornada por funcionarios del SIN, viola una política municipal en vigor desde hace 20 años que prohíbe a la policía metropolitana investigar la condición migratoria de sospechosos, ya que las autoridades querían asegurar que los inmigrantes reportaran crímenes y se presentaran como testigos sin temor de ser sujetos a investigaciones sobre su condición migratoria en este país.

Comentando al respecto antes de ser confirmado por el propio SIN, Jackie Goldberg, miembro del concilio de la ciudad, advirtió: "15 años tratando de convencer a los inmigrantes de que pueden hablar con la policía serán destruidos de la noche a la mañana. Si eso ocurre, partes de la ciudad serán no policiables".