MIERCOLES 8 DE MARZO DE 2000

Ť El Estado se hizo parte en el proceso de desafuero del senador vitalicio

No aceptará la Corte presiones en el caso Pinochet, dice su presidente

Ť Suman ya 72 las querellas contra el ex dictador Ť Thatcher tendría problemas de senectud: Matutes

Santiago, 7 de marzo Ť Los tribunales chilenos no aceptarán presiones durante el proceso de desafuero contra Augusto Pinochet, afirmó este martes el presidente de la Corte Suprema chilena, Hernán Alvarez, en tanto que las querellas contra el ex dictador se elevaron a 72 con la presentación de cinco más.

En paralelo, el Estado de Chile se hizo parte por primera vez este día del proceso judicial que persigue el desafuero de Pinochet, lo cual causó reacciones de satisfacción entre los familiares de las víctimas de la dictadura y gran sorpresa en las filas de la derecha, que consideró dicha decisión como una "brutal" presión internacional.

"Aquí se está hablando mucho de presiones y los jueces, en general, no se presionan", apuntó Alvarez en referencia al recibimiento marcial que le brindó el ejército a su caudillo a su regreso al país el viernes último, y que fue muy criticado por gobierno y oposición de izquierda y cuyo acto se interpreta como una presión a la justicia.

Destacó el presidente del máximo tribunal chileno que si hay algún grado de presión eso es algo muy subjetivo pero que el Poder Judicial no las va a aceptar.

"Yo no sé por qué tanto se cuestiona. El Poder Judicial es un poder público que tiene garantizada su independencia. Ni el presidente de la república, ni los parlamentarios se pueden inmiscuir", aseveró.

Alvarez, quien asumió la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en enero último, insistió en que "los jueces son libres y tienen la autonomía suficiente para resolver y para decidir cualquier tipo de proceso y no veo de qué manera se puede estar pretendiendo alguna disminución de nuestras potestades".

La primera resolución a resolver por los tribunales chilenos en torno a Pinochet es sobre su desafuero parlamentario, cuyo fallo quedará en manos de 23 jueces de la Corte de Apelaciones, y si el desafuero es aprobado por mayoría simple, la defensa del acusado puede apelar ante la Corte Suprema chilena.

En cuanto a si Pinochet renuncia a su condición de senador vitalicio y se acoge al estatuto de ex presidente de la república, acorde con una reforma que el Congreso puede aprobar este mes, su situación no cambiará ya que seguiría teniendo el mismo fuero y su situación procesal seguirá dependiendo de la corte, dijo Alvarez.

El presidente de la Corte Suprema, quien en su momento criticó la prolongada estadía del ex gobernante de facto en Gran Bretaña, aseguró que el presente no será un caso problema por su alta connotación polí- tica, pues subrayó que el alto tribunal a su cargo está acostumbrado a este cariz político y ha logrado dictar sentencias bastantes trascendentes.

La justicia chilena suma hasta hoy 72 querellas criminales en contra de Pinochet, que instruye el juez Juan Guzmán Tapia, luego de que en las últimas horas se presentaron cinco demandas más, incluyendo una de Miriam Contreras, ex secretaria privada del fallecido presidente socialista Salvador Allende.

Contreras, conocida como Payita, responsabilizó al ex dictador de la muerte de su hijo, Enrique Ropert Contreras, quien era estudiante de economía de 20 años, que días después del golpe del 11 de septiembre de 1973 apareció acribillado bajo un puente del río Mapocho, junto a otros partidarios de Allende.

El Estado chileno, representado por un consejo que hace las veces de una fiscalía pública, decidió ser querellante en la acusación que sirvió de base para solicitar el desafuero del senador vitalicio Pinochet, por así considerarlo "conveniente para los intereses de la sociedad y el Estado", por lo que acordó hacerse parte en el proceso contra Sergio Arellano y otros.

La causa contra el ex general Sergio Arellano Stark refiere que esta persona encabezó la llamada caravana de la muerte que recorrió el país tras el golpe y se dedicó a eliminar a militantes de izquierda, y establece que 19 personas fueron desaparecidas y otras 53 fueron ejecutadas en acciones de fusilamientos.

Pinochet, como se sabe, aparece dentro de los inculpados por los familiares de las víctimas de la caravana de la muerte y, en ese marco, la entidad asienta que "la intervención del consejo tiene por objeto coadyuvar en el establecimiento procesal de la verdad y en la sanción de quienes resulten jurídicamente responsables".

El anuncio de que el Consejo de Defensa del Estado de Chile, máximo organismo de éste para la defensa de sus intereses, se constituyó en parte de la investigación, fue dado a conocer por la presidenta del organismo, Clara Szcazaranski.

Reacciones encontradas

Si bien familiares de las víctimas de la dictadura pinochetista se habían manifestado satisfechas pero cautelosas por el pedido de desafuero del senador vitalicio la víspera en petición del juez Juan Guzmán, tras la decisión del Estado chileno las reacciones de mayor credibilidad comenzaron a expresarse y la derecha dijo no contar con este nuevo factor.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, comentó que era una "excelente noticia" e indicador importante ya que el Consejo de Defensa tiene peso, y en términos similares se manifestaron los abogados Hernán Montealegre y Roberto Garretón, con expresiones de "positivo" y como un "acto jurídico y político encomiable".

Por la Fundación Pinochet, Mónica Werhahn declaró que ahora se les complica el asunto y que los abogados analizaban el caso, en tanto que la pinochetista Leonora Gajardo se declaró soprendida y dijo tener "la sensación de que la presión a nivel internacional sobre el gobierno de Chile es brutal", que esto no ayuda a la paz ni a detener la polarización.

Antes de conocerse la decisión del Estado, el senador derechista Ignacio Pérez Walker había abogado por la "inocencia" de su caudillo, siempre y cuando la justicia no ceda a las presiones para condenarlo, y sostuvo que había una "gigantesca e indebida presión sobre el Poder Judicial para llevar adelante las 72 querellas en contra del ex gobernante de facto.

Un reporte del diario La Tercera dijo que la policía denunció a una fiscalía militar que un ex guerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Amador Escobar Ibáñez, del comando que intentó matar al ex dictador en 1986, vive a 300 metros de la casa cordillerana que el ex militar tiene en El Melocotón, cerca de Santiago.

En Madrid, el canciller Abel Matutes sugirió que la ex primera ministra británica Margaret Thatcher sea examinada por médicos ante síntomas de senectud, después de que supuestamente se mofó de España al acusarla de "colonialismo judicial" y regalarle a Pinochet una copia de un plato diseñado en 1588 para celebrar la derrota de la Armada Invencible de España por parte de Inglaterra.

Asimismo, la acusación dio a conocer el informe de los ocho médicos españoles, designados por el juez Baltasar Garzón, que revisaron el examen médico británico a Pinochet. Los españoles concluyeron que el ex dictador chileno está apto para enfrentar un juicio.

En tanto, el ex presidente argentino Raúl Alfonsín calificó de "insólita" la recepción a Pinochet y abogó por la creación de un tribunal internacional para juzgar las violaciones a los derechos humanos.

En Francia también hubo críticas por parte de la Confederación General del Trabajo a la recepción militar brindada a Pinochet. (Agencias y los corresponsales Enrique Gutiérrez y Armando G. Tejeda).