CHILE: ESPERANZA DE JUSTICIA

La decisión del Consejo de Defensa del Estado (CDE), suerte de fiscalía autónoma en Chile, de sumarse a la demanda de desafuero para el ex dictador Augusto Pinochet, introduce un importante acento en la perspectiva de hacer justicia a los miles de víctimas del régimen militar que presidió el aún senador vitalicio. La remoción del fuero parlamentario a Pinochet es el primer y obligado primer paso para dar curso a las 72 demandas penales que éste enfrenta en su propio país; el desarrollo de tales causas es visto con gran interés por todo el mundo, en la medida en que, una vez que el ministro inglés del interior, Jack Straw, mató las posibilidades de un proceso contra el tirano en un país europeo, constituye la única manera de acabar con la prolongada e indignante impunidad del genocida chileno.

Por una casualidad irónica, el número de los procesos iniciados contra Pinochet -72- es igual al de los chilenos asesinados en el marco de la tristemente célebre "Caravana de la Muerte", un operativo de exterminio de opositores emprendido por la dictadura, después de su violenta llegada al poder, en 1973. Y es precisamente ese operativo, ejecutado por el ex general Sergio Arellano Stark, quien actuó bajo las órdenes directas del ex tirano, el que se ha planteado como base para la demanda de desafuero.

Sin duda, el mérito central de este nuevo paso hacia la justicia corresponde, en primer lugar, a quienes, dentro y fuera de Chile, se empeñan en no olvidar las atrocidades cometidas por el régimen que ensangrentó al país entre 1973 y 1990. Ellos y ellas han acudido a todas las instancias imaginables, nacionales y extranjeras, para esclarecer los crímenes de Estado de ese periodo negro e impedir, de esa forma, que hechos semejantes vuelvan a ocurrir. Pero la determinación del CDE implica, además de un logro para quienes exigen justicia, un signo político de gran alcance en el entorno chileno.

No debe olvidarse que la escandalosa recepción de héroe ofrecida al ex dictador en el aeropuerto de Santiago por los altos mandos del Ejército significó un bochorno y un malestar generalizados para las autoridades gubernamentales, las cuales habían pedido con antelación mesura y discreción en la ceremonia. En este sentido, y sin omitir la autonomía del CDE, su decisión de involucrarse como parte querellante contra Pinochet puede interpretarse -entre otras cosas- como una reacción de la institucionalidad civil ante la insolencia y el descaro de los militares.

Con esta medida, la democracia chilena, gravemente mutilada y acotada por la constitución pinochetista, toma la iniciativa, se orienta a culminar una transición que ya se ha prolongado demasiado tiempo y a restablecer en el país austral el estado de derecho, el cual no podrá considerarse pleno, en tanto los militares asesinos, empezando por su ex jefe máximo, permanezcan impunes.