MIERCOLES 8 DE MARZO DE 2000

Ť Imposible pagar sueldos el viernes: Serrano Migallón

Ratifican cargos contra siete personas por la toma de rectoría

Ť Decisión del Poder Judicial que entre o no la fuerza pública, dice

Karina Avilés Ť Después de exhortar al CGH a que devuelva la torre de rectoría y de señalar que esa acción "entorpece gravemente" las gestiones de desistimiento que realiza la institución, el abogado General de la UNAM, Fernando Serrano Migallón, anunció que fueron ratificados los cargos por despojo y daño en propiedad ajena en contra de 7 personas, y expresó que la decisión de que entre de nueva cuenta la fuerza pública a la universidad le corresponde a las autoridades judiciales.

Informó que al estar cerradas las oficinas de la rectoría "será imposible pagar los sueldos" este viernes a cerca de 18 mil académicos y 22 mil empleados administrativos, debido a que la nómina se encuentra resguardada en el inmueble y tiene que depositarse en el banco por lo menos con 48 horas de antelación. En la dirección de Finanzas hay alrededor de 131 mil documentos que incluyen vales de despensa, libros y los cheques respectivos, añadió.

Sobre si existe o no la posibilidad de que entre una vez más la Policía Federal Preventiva a la universidad, Serrano Migallón indicó: "Lo que ha hecho la UNAM es presentar la denuncia y le corresponderá a la Procuraduría General de la República (PGR) y en su caso, al Poder Judicial, determinar los caminos que siguen frente a la denuncia presentada por la universidad".

El funcionario afirmó que estos momentos la "negociación está suspendida, pues la autoridad universitaria no puede negociar bajo presión".

Antes, comunicó que con base en las denuncias presentadas el pasado lunes y la evidencia disponible, se ratificaron los cargos por los delitos de despojo y daño en propiedad ajena en contra de: Cristóbal Sánchez, Francisco Ramírez, Virginia Sánchez Machuca, Juan Pablo Montes Díaz, Enrique Cisneros, Giovanni Baldini y Oscar Carrillo. Y advirtió que se analizan videos y fotografías para que en caso de comprobarse la identidad de otras personas se proceda en los mismos términos.

Expresó que impedir "el acceso a la rectoría constituye un agravio más a la comunidad universitaria que tiene consecuencias jurídicas graves y de otra índole, algunas más directas que otras, pero todas lesionan los intereses de los universitarios".

Manifestó que "obtener la libertad para volver a tomar las instalaciones entorpece y dificulta gravemente las gestiones que la universidad ha venido haciendo y muestra clara- mente que hay intenciones ajenas a la liberación de quienes aún están detenidos y contra los propios intereses de la universidad".

Lo sucedido el pasado lunes, recalcó, afecta el funcionamiento "normal" de la UNAM, las posibilidades de realización de las gestiones "de los 178 que aún están detenidos, 80 de ellos, si así lo desearan, ya podrían optar por su libertad caucional".

Sobre la situación de los padres de familia, dijo que la universidad ha recibido "algún tipo de información" de que sí participaron en la toma, por lo que la denuncia se hizo en contra de quienes existe la certeza de su participación y de quienes resulten responsables.

"Hay elementos gráficos y de video que nos podrán determinar si participaron o no. Como agrupación, ellos se deslindaron ayer (el lunes)".

Aclaró que en ningún momento ha habido "amnistía" para los estudiantes presos, puesto que la "amnistía es una Ley del Congreso, cuya raíz griega viene de amnesia, en donde se olvidan los delitos pasados y desaparecen todos los rastros".

Dijo que "es absolutamente falso" que las autoridades no hayan cumplido con su compromiso de desistirse de las querellas "en contra de los universitarios que aún estaban detenidos", y señaló que actos como el de la toma realizado por el "denominado CGH ponen en entredicho la buena fe y la voluntad de reconciliación de la autoridad universitaria".

Ť Limón Rojas

Cerrar instalaciones universitarias "no es el camino"

Claudia Herrera Beltrán y María Esther Ibarra Ť El secretario de Educación Pública, Miguel Limón Rojas, calificó como indebidas las acciones que desembocaron en la toma de la torre de rectoría de la UNAM, y consideró que estos hechos no ayudan a la conciliación en la máxima casa de estudios.

Descartó que el cierre temporal de las instalaciones universitarias sea el camino para solucionar el conflicto, y manifestó que los problemas en algunas instituciones educativas no se pueden "extrapolar" al conjunto del sistema educativo nacional.

Lo sucedido el lunes pasado debe servir de reflexión para impulsar las tareas que ayuden a rencauzar las actividades de la UNAM, señaló el funcionario luego de encabezar la ceremonia de inicio de distribución de libros de texto para el ciclo escolar 2000-2001.

"Espero que estas acciones sean objeto de reflexión para asumir las tareas que reclaman un esfuerzo de todos en la construcción de nuestra universidad", dijo el funcionario.

En otra entrevista en la Universidad Iberoamericana, Limón rechazó que sea necesaria la intervención de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para mediar en el problema de la UNAM. "Es fundamental que vuelva a su cauce y hay que contribuir a ello", añadió.

Se repartirán este año 163.2 millones de libros de texto

En la bodega de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), en Tequesquináhuac, estado de México, el titular de la SEP dio el banderazo de salida de la distribución de 163.2 millones de ejemplares destinados a estudiantes de prescolar, primaria, secundaria y a maestros de educación básica.

Con el reparto de estos libros de texto, añadió el responsable de la Conaliteg, Humberto Blanco, se habrán entregado en este sexenio cerca de mil millones de ejemplares, cifra histórica porque representa la tercera parte de los materiales que ha distribuido la institución en 41 años de existencia.

Limón informó que por sexto año consecutivo se cumplirá la meta de que todos los niños tengan la totalidad de sus libros desde el primer día de clases. La entrega de libros es la siguiente: prescolar (5 millones), primaria (118.5 millones), libros del maestro (7.2 millones), en 52 lenguas y variantes dialectales (un millón), secundaria (20 millones), telesecundaria (8.5 millones) y otras ediciones (tres millones), además de 30 mil tomos en sistema Braile para invidentes.

Ť Amalia García

Terquedad de las autoridades agrava todo en la UNAM

En contraste con la dirigente nacional del PRD, Amalia García, la Iglesia católica, en voz del secretario ejecutivo de la Comisión de Educación y Cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, pidió que se aplique el estado de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México para "castigar a quien comete delitos", en alusión a la toma de la torre de rectoría, por parte de integrantes del Consejo General de Huelga.

Para Amalia García "la terquedad y la visión autoritaria del gobierno federal" son la causa fundamental del agravamiento del conflicto en la UNAM, mientras que para el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Francisco José Paoli Bolio, la nueva toma del edificio representa una "complicación indeseada".

El legislador panista hizo votos porque las acciones del pasado lunes no tomen el mismo curso de hace 11 meses y sea, por el contrario, la "acción final" de un grupo cada vez menor de estudiantes. La dirigente perredista consideró, por su parte, que la solución de fondo radica en la participación amplia de todos los sectores universitarios para la restructuración de la máxima casa de estudios, pero antes deben quedar libres todos los alumnos.

Por su parte, el sacerdote Edmundo Jacobo pidió que continúe aplicándose el estado de derecho en la UNAM para evitar un mayor daño a la institución. Explicó que la ley debe mantenerse para terminar con los delitos que cometen los paristas, sobre todo porque la máxima casa de estudios, aclaró, es de toda la sociedad y no únicamente de ese grupo.

"El papel de la Iglesia es exigir que si hay violación al estado de derecho se castigue a quien comete delitos. Los paristas perjudican los derechos humanos de los que sí quieren estudiar".

Enfatizó que en el Congreso Universitario es necesaria la participación de todos, y mencionó que ahí debe abordarse el tema de las cuotas que "deben actualizarse porque así habrá más calidad universitaria".

A su vez, el rector de la Universidad Iberoamericana, Enrique González Torres, llamó al restablecimiento del diálogo y a la elaboración de propuestas que permitan una Universidad Nacional fuerte y productiva. Agregó que debe prevalecer la tolerancia y la discreción, ya que el conflicto universitario atañe a todos los mexicanos.

Guadalupe Rivera Marín, delegada política de Alvaro Obregón, después de considerar que el problema universitario está entrampado, manifestó que mientras no se firme un armisticio a favor de los paristas el conflicto persistirá, sin dejar de lado que habría gente en desacuerdo para conceder ese beneficio a los huelguistas porque se liberaría a personas que "han sido verdaderos delincuentes".(Juan A. Zúñiga, Alma E. Muñoz, Ciro Pérez y María Esther Ibarra)