DOMINGO 5 DE MARZO DE 2000
Ť El Centro Pro Juárez denunció anomalías
Se niegan autoridades a cumplir las recomendaciones de la CIDH
Ť Organizaciones internacionales manifestaron su preocupación
Triunfo Elizalde Ť Ocho organizaciones internacionales mantienen su denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sentido de que el gobierno mexicano se niega a reconocer la existencia de violaciones a derechos fundamentales en México, de no cumplir las recomendaciones que la CIDH le ha dirigido ųcinco de carácter particular y ocho generalų, además de negarse a cambiar su política interna en ese sentido, hizo saber el Centro Pro Juárez.
Se trata de las organizaciones no gubernamentales Human Rights Watch (HRW), Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), Amnistía Internacional (AI), Comisión Internacional de Juristas (CIJ), Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Organizaciones Canadienses (OC), Lawyers Committee for Human Rights (LCHR) y Comisión Internacional de Observadores de Derechos Humanos (CIODH).
Las demandas citadas se suman a las que en su oportunidad le han hecho al gobierno de México instituciones intergubernamentales como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el relator para México de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y el Departamento de Estado de EU.
Algunos de los casos sin resolver
Entre las recomendaciones dirigidas por la CIDH al gobierno mexicano figura la 2/99, referente a Manuel Manríquez San Agustín, quien fuera condenado por homicidio a cumplir una amplia sentencia que tuvo "como base la declaración de culpabilidad obtenida bajo tortura". Sin embargo, después de varios años en prisión, Manuel Manríquez recuperó su libertad por disposición de la 11 sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que consideró válidos los señalamientos hechos en la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En cambio, permanecen estancadas las recomendaciones 5/99, relativa al caso del periodista Héctor Félix Miranda, quien fue asesinado en Tijuana en 1998; la 44/99, que se refiere a militantes del PRD que fueran torturados y asesinados en el estado de Guerrero en 1990 a raíz de las elecciones de 1989, y la 49/99, que trata de los sacerdotes extranjeros Loren Riebe, Jorge Alberto Barón y Rodolfo Izal Elorz, expulsados de México en 1995.
En otro caso, se espera que la desaparición de José Alberto Guadarrama pueda resolverse mediante el proceso de solución amistosa entre las partes afectadas.
Sin resolverse se encuentra el caso de tortura sufrida por Enrique Flores, Julieta Flores y Reyes Panagos Martínez, registrada en marzo de 1997 en Morelos, así como el homicidio de este último, cometido por agentes de la Policía Judicial de Chiapas, en 1995. También sigue pendiente la recomendación de investigar la tortura cometida en un reclusorio de San Luis Potosí a los hermanos Dorado Almanza, en 1993; igualmente la detención arbitraria y tortura de Mario Gonzaga Lara y Magencio Abad Zeferino, cometida por militares en Guerrero, en 1996.
Respecto de la tortura y ejecución de Valentín Carrillo Saldaña en Chihuahua, en 1996, por parte de militares, cabe señalar que el 2 de diciembre de 1999 se firmó el acuerdo de solución amistosa en el que se entregó la reparación material del daño y la sentencia dictada en contra de los responsables del asesinato.
HRW ha insistido en que "la tortura, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales siguen siendo generalizadas en México". Mientras que ACAT critica a las autoridades por "no tener tiempo para aplicar medidas en contra de los torturadores". A su vez, AI habla de un grave deterioro de la situación de los derechos humanos y asegura que las violaciones a las garantías fundamentales de los mexicanos "son sistemáticas y existen en todo el país".
La CIJ menciona en su informe "los altísimos niveles de impunidad que persisten en el sistema judicial y la militarización que se realiza en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero".
La SIP incluye a México "entre los países de mayor prioridad para reforzar el respeto a los derechos humanos por la preocupante situación de violencia contra la prensa y periodistas".
OC apunta: "la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias son generalizadas en México".
LCHR asegura por su parte que "en México hay un clima desalentador en torno a las ONG, ya que (el gobierno) les restringe el derecho a la libertad de asociación con sus similares, y se impide jurídicamente el trabajo de los observadores internacionales".
La CIODH mantiene su "preocupación por la presencia de grupos paramilitares y el Ejército Mexicano en comunidades indígenas".
En opinión del Centro Pro Juárez, "que los organismos extranjeros gubernamentales y no gubernamentales emitan informes y recomendaciones a las autoridades de México es un signo alentador que hace evidente la preocupación de la comunidad internacional por la protección y respeto de los derechos humanos en México y se trata indiscutiblemente de un paso importante en la lucha contra la impunidad".
En la práctica, dice, esa preocupación externa "se empieza a traducir en pasos concretos que podrían tener un impacto significativo sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país.
"El acuerdo de asistencia técnica entre la oficina de la alta comisionada (Mary Robinson) para los Derechos Humanos de la ONU y el gobierno mexicano es un importante primer paso en ese sentido".