PAGINA 9 Ť Lourdes Galaz
Magú a la cárcel

* Vicente Fox estaría violando la Ley Carranza * Con todo y su honestidad valiente, el discurso de López Obrador constituye un delito * Cualquier priísta estaría en su derecho de denunciar la "intención de ofender" de los opositores * ƑHay jurisprudencia en la Corte?

Esta es la historia: el monero desapareció. Por su oficina nadie sabe de él, su celular está fuera de servicio, en su casa lo declaran como perdido... Vieron a Magú por los juzgados, cuenta un reportero. Frente a las versiones, los amigos acuerdan contratar un abogado. Y aparece una jauría de licenciados dispuestos a litigar el caso. Comienzan las averiguaciones y aparece lo obvio: el trabajo del monero, sus caricaturas, es contrario a la ley. Magú es presunto responsable de ataques a la moral, a la vida privada y a la paz pública. Alguien se atrevería a denunciarlo ante el Ministerio Público, porque si no, el monero seguiría tan fresco y campante regando malicia por todo Polanco y hasta en Coyoacán. ƑLo habrá denunciado Carlos Salinas y su superabogado Mariano Albor ganó el juicio y hasta se apareció el ex preciso para festejar su nueva fechoría en cena familiar? A lo mejor fue el mismísimo presidente Zedillo, harto de la malicia del monero que lo pinta tan feo. Pudo haber sido Juan Ramón de la Fuente, asesorado por Ignacio Burgoa y Raúl Carrancá. Seguro que se van a la tercera instancia, y el maestro Burgoa, tan experto como es, logra el amparo y la protección de la justicia federal para el distinguidísimo rector. ƑJesús Silva Herzog? Qué va, para nada, si al Chocorrol le cae re bien el monero, aunque Magú pudiera "herir la susceptibilidad" y llegar a ofender al señor candidato cuando le dibuja esa nariz tan horrible o cuando aparece en la foto con ese otro malicioso que es López Obrador. Seguro que no fue Vicente Fox: šNo tendrá vergüenza!...

Al presidenciable del PAN muchos podrían denunciarlo por sus "manifestaciones o expresiones maliciosas" que se verifican "con discursos... exhibiciones y representaciones", como dice textualmente la Ley Carranza. Todo México se enteró de que hace unos días Fox refirió (que conste, señor juez, que no escribí acusó, por si alguno de mis cuatro lectores no tuviera conocimiento de la diferencia que existe entre ciertos vocablos) que habría priístas involucrados en el narcotráfico y hasta mencionó por ahí algún nombre (no los menciono porque no me consta y cualquier tribunal me conminaría ųcomo ocurre en este país de leyesų a "corroborar las notas informativas, antes de hacerlas del conocimiento de los lectores...", que tengo "el deber de verificar" que lo que escribo "se apega a la realidad"). Mejor ni pienso en votar por el PAN, mucho menos por Vicente Fox, pues para la buena moral de la que hacen gala hoy en día jueces y magistrados, cualquier tribunal colegiado (cuídese del séptimo y del octavo, que están bien justicieros) metería a la cárcel al presidenciable y le aplicaría no sólo la Ley Carranza, sino hasta el Código Civil de 1928 con todo y las enmiendas que lo hacen vigente hoy en día, con su artículo 1916 completito y las sanciones que establezca para el caso el Código de Procedimientos Penales... Si el grandote de Fox, a sabiendas de lo que dice, para llegar a Los Pinos se mete en cada bronca, pues con toda su honestidad valiente López Obrador irá primero a pagar una multa y hasta a la cárcel, antes de relevar a Rosario Robles, si algún priísta o el mismo Diego Fernández de Cevallos, el virtual senador del PAN, ofendido por la malicia y el daño moral que le causan los discursos públicos del perredista, presenta una denuncia y algún juez tiene a bien declarar la procedencia de un juicio.

Magú seguro que va a la cárcel por hacer monos tan feos que hieren el sentimiento, que afectan lo más íntimo de los personajes que aparecen en El Manojo, o que dibuja para La Jornada, pues por si no lo sabían el monero y sus editores, hay jurisprudencia en juicios que se siguen por daño moral, sobre todo en los últimos tiempos en que los juzgadores decidieron resolver estos asuntos y aplicar al pie de la letra la Ley de Imprenta, mal llamada Ley Carranza. La norma del siglo pasado en este tercer milenio tiene en ascuas a más de cuatro ųdecenas, cientosų periodistas en este país de leyes (añosas pero vigentes), en esta sociedad que ya puede dormir tranquila porque vive en un estado de derecho... y más vale que aquí le paremos no vaya a ser que con estas líneas estemos causando un daño moral y no sólo esta susodicha sea sentenciada, sino hasta La Jornada reciba lo suyo, pues según una tesis pronunciada allá por 1995 por el octavo tribunal colegiado, en los casos de "daño moral, no es necesario que su causante sea consciente de la ejecución del acto y las consecuencias del mismo para que pueda imputársele su causación..." Pero esa es otra historia.

El asunto que por estos días comienza a preocupar en ciertas esferas no tiene que ver precisamente con la moralidad de los medios de comunicación. Se trata de una normatividad que con el sello del Poder Ejecutivo publicó el 31 de enero el Diario Oficial de la Federación. El acuerdo de la Secretaría de Gobernación no sólo es un enésimo intento por controlar los gastos publicitarios del gobierno (que los publicistas no saldrán perjudicados) en el año de Hidalgo; ni se trata de salvar las finanzas de Notimex, la agencia de noticias estatal, entregándole toda la distribución y transmisión de los anuncios del gobierno (mediante una módica comisión de 15 por ciento del total invertido, como cobran las agencias privadas); mucho menos de atender lo establecido por la Cámara de Diputados en el artículo 39 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2000... šQué va! Se trata, más bien, de meter en cintura a ciertos medios que, no precisamente por incumplir la Ley Carranza, deben ser controlados. Y todo con el aval del Congreso.

* Fax: (5)262 4332 * [email protected]