Néstor de Buen
Dudo, luego existo

En estos días la palabra "amnistía" ha asumido una importancia especial. Un buen artículo de Miguel Angel Granados Chapa sobre el tema (Reforma del 1o. de marzo), en el que se inclina a favor de concederla a los procesados por los problemas universitarios, expresa un punto de vista de particular importancia, por bien escrito y por venir de quien viene.

Convengo en que en estas materias me siento un poco desorientado. Enamorado del derecho penal durante mis estudios en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, en la síntesis espléndida del libro de Eugenio Cuello Calón y la clase de Ernesto G. Garza (El Pato, para mejor identificación), en mi práctica, menos que escasa, siempre le he tenido si no miedo por lo menos respeto. Pero no pasa nada con consultar la Constitución y encontrar que corresponde al Congreso de la Unión (art. 73, frac. XXII) la decisión de otorgar la amnistía.

Eso es importante. Porque en el supuesto de que la rectoría se inclinase en beneficio de la paz universitaria porque se concediera, en rigor la decisión estaría totalmente fuera de su alcance y no vincularía al Congreso una promesa o propuesta del rector en ese sentido.

Pero el problema es si debe el Congreso otorgarla, siguiendo la misma línea de conducta que el rector De la Fuente puso en marcha el domingo en que se desocupó la UNAM por la Policía Federal Preventiva, o si, por el contrario, las circunstancias no la hacen recomendable. Al menos, por ahora.

Pienso que se trata, simple y sencillamente, de poner en parangón valores y circunstancias, y con base en ellos, tratar de sugerir alguna solución. Anticipo que las circunstancias no me inclinan por la solución de la amnistía, aunque los valores invocados: la conciliación, la paz tan necesaria para la universidad y el lograr que se acabe por sí misma la presión de padres y alumnos, podrían sugerirla como un remedio a la inquietud.

Que el problema no ha quedado resuelto es indiscutible. Pero también lo es que la violencia de los estudiantes y sus aliados, hoy un poco a la expectativa, no ha dejado de producirse. Cabe recordar, en lo inmediato, la agitación evidente en la Facultad de Ciencias; el conflicto desatado en la Escuela Nacional de Trabajo Social que ha provocado la renuncia lamentable e injusta, exigida por un director interino, del profesor Carlos Garza Falla (compilador, junto con Nelia E. Tello Peón y José Antonio de la Peña Mena, de un libro sensacional de recientísima aparición: Deslinde. La UNAM a debate, Cal y Arena). La renuncia fue, al parecer, motivada por algún motín de los alumnos, inconformes con la actitud de Carlos Garza a favor de la UNAM. Finalmente, la majadería intolerable en la Facultad de Derecho a los dos muy distinguidos maestros Ignacio Burgoa y Raúl Carrancá y Rivas.

La amarga experiencia de un largo intento por obtener provecho del diálogo, sin resultado alguno, no puede olvidarse. Pero ahora, además, con el agregado del séptimo punto del pliego (el pliego inútil, dicho sea de paso, porque concedido todo lo pedido siguió con la misma intensidad el problema), no se advierte el menor propósito de enmienda, de entrar al cauce de la discusión amable y pacífica de las cosas. Pero en el marco de la continuación intensa de las actividades académicas, Ƒde qué serviría, en esos términos, la amnistía?

Creo que se ha depurado muchísimo la lista de los detenidos. Se ha evidenciado la intención de la UNAM de que quede en libertad la mayoría. Sin embargo la respuesta sigue siendo la violencia. ƑQué objeto tendría otorgar perdones si a cambio no se logra la paz?

Totalmente de acuerdo en que se depuren los procesos, se dicten libertades bajo fianza o caución o vía desistimientos de las querellas se disuelvan los juicios y se cancelen las órdenes de aprehensión. Pero el problema sigue vivo y si tanto trabajo costó recuperar la posesión de la universidad no le veo el sentido a reabrir el escenario de la violencia. El daño previsible para el país sería irremediable y, probablemente, el fin de la UNAM.

El sentimiento de perdón es condición humana mucho más intensa que el sentimiento de venganza o de simple justicia. A casi nadie le resulta grata la pérdida de la libertad de otro, por supuesto, pero dejarse llevar por esa benevolencia, cuando se han cometido delitos reales y no inventados (la posibilidad del invento no puede desconocerse y debe remediarse) es un error. La alternativa no puede ser otra que la aplicación de la ley. No hacerlo así nos ha causado en México los mayores daños. Vivimos en el mundo de la impunidad. Y conocemos sus consecuencias.