RECORTE PRESUPUESTAL CONTRANATURA

Los recortes presupuestales al gasto público anunciados anteayer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a contrapelo de lo dispuesto hace dos meses por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión son vistos por la opinión pública como uno de los actos de gobierno más torpes e injustificables de cuantos ha realizado la presente administración. Porque en un entorno económico en el que los ingresos públicos están muy por encima de lo previsto -gracias a los sustanciales incrementos en las cotizaciones petroleras internacionales- reducir los gastos resulta, de suyo, ilógico.

La medida ha suscitado por ello el rechazo de un amplio abanico social que va de las cúpulas empresariales -CCE y Canacintra-, a los partidos opositores y los sindicatos universitarios y educativos.

Sin duda, el aspecto más exasperante de este recorte es que anulará, en los hechos, el presupuesto adicional aprobado por la Cámara de Diputados para las universidades públicas del país. Con ello, el Ejecutivo no sólo desatiende las indicaciones del Legislativo sino que agrava las acuciantes dificultades por las que atraviesan las instituciones de educación superior. Se pone de manifiesto el desdén del Ejecutivo a los representantes populares y a la educación superior de carácter público por un lado y, por el otro, su insensibilidad política y su incapacidad de interpretar correctamente el conflicto que aún perdura en la UNAM y que tiene su génesis profunda en la penuria económica de la máxima casa de estudios.

En este contexto, resultan indignantes las declaraciones del subsecretario de Educación Pública, Carlos Mancera Corcuera, quien, tras informar las disminuciones presupuestales a entidades como el Conacyt y el INEA, así como el freno a la construcción de escuelas de bachillerato, estimó que el recorte no tendrá consecuencias negativas en la educación pública. En lo que constituye un ejemplo extremo de cinismo político, además, el funcionario atribuyó la responsabilidad de la poda presupuestal a la Cámara de Diputados.

Otro dato sorprendente, por decir lo menos, es la afectación a Pemex -mil 100 millones de pesos menos de presupuesto-, que es la entidad que ha generado los recursos extraordinarios que no sólo hacían innecesarios los recortes sino que abrían la perspectiva de un posible y deseable incremento del gasto público. Cuando la infraestructura petrolera del país requiere de inversiones por 13 mil millones de dólares anuales, según el documento Financiamiento de proyectos de infraestructura, presentado ayer por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y cuando hay excedentes fiscales para realizar, al menos, una parte de esos gastos, el gobierno opta por darle un significativo mordisco presupuestal a Pemex.

En otro sentido, la decisión de afectar el gasto público en salud (100 millones menos a la Ssa, 700 millones menos al IMSS, 300 millones menos al ISSSTE) y en infraestructura, resulta inadmisible en un país que tiene a 26 por ciento de sus habitantes sumidos en los infiernos de la pobreza extrema.

Finalmente, el dato más insólito que deja ver la disminución de presupuestos es la incapacidad del gobierno para prever los costos políticos que la medida puede acarrearle a su partido en vísperas de las elecciones.