MIERCOLES 1o. DE MARZO DE 2000
Ť Carrasco y Madrazo Cuéllar anuncian el incremento de la presencia federal
Se reforzará el combate al crimen organizado en Juárez y Tijuana
Ť Suscriben acuerdos con los gobiernos estatales y municipales Ť Más elementos de Ejército, PFP y PGR a las dos plazas Ť Prioritaria, la lucha antinarco Ť Las acciones, en respuesta a la violencia
De gira por Ciudad Juárez y Tijuana, dos de las principales plazas del narcotráfico en el país, el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, y el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, anunciaron un reforzamiento de la presencia de las corporaciones federales para el combate al crimen organizado, particularmente contra las bandas dedicadas al comercio ilegal de estupefacientes, para lo que se crearán "bases de operación mixtas" en ambas ciudades.
Los acuerdos con los gobiernos estatales de Chihuahua y Baja California, y los municipales de Ciudad Juárez y Tijuana, implican un incremento sustancial de los elementos de la Policía Federal Preventiva y de la Policía Judicial Federal para el control de los aeropuertos, instalación de puestos de revisión en puntos carreteros de acceso a ambas ciudades, así como la participación del Ministerio Público Federal en las averiguaciones previas de homicidios que pudieran estar vinculadas con bandas.
En vísperas del anuncio de la certificación en Estados Unidos, Carrasco dio a conocer que además se habrá de reforzar la vigilancia anfibia, aérea y terrestre contra el narcotráfico en Tijuana. En esta tarea fundamental, dijo, se habrá de involucrar también a la Policía Federal Preventiva y a la Secretaría de la Defensa Nacional, entre otras dependencias.
Larga gira para anunciar en ambas ciudades fronterizas un sustancial incremento de la presencia de la Federación, cuyas principales corporaciones asumirán gran parte de las funciones para el combate al crimen organizado, en coordinación con las autoridades estatales.
El lastre de la desconfianza
En su oportunidad, el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, reconoció que uno de los principales problemas que enfrenta la autoridad en sus acciones contra el hampa es la falta de confianza que existe entre las propias corporaciones de seguridad.
Señaló que con la integración de las denominadas "unidades mixtas" se hará posible la aplicación de exámenes toxicológicos a todo el personal policiaco que se determine, con el soporte técnico necesario para establecer quién "merece tener la confianza" de participar en estas tareas y quién no puede permanecer en los cuerpos policiacos.
Madrazo Cuéllar justificó las nuevas acciones ų"rectificaciones", las definióų e indicó que durante años el pretexto histórico que dio paso a la impunidad fue el recelo por las competencias de orden federal o del fuero común. A la sociedad no le importa a quién le corresponde investigar, sino que se haga, y que se castigue a los responsables. A la sociedad no se le puede responder con discursos, sino que exige que se haga con hechos, aseveró.
También anunció la aplicación en Chihuahua de un programa piloto de cultivos alternativos, para lograr mejorías en las condiciones económicas de los campesinos, a los que consideró las primeras víctimas del narcotráfico.
De la Torre, al olvido
Aún bajo tensión por los efectos del asesinato del responsable de Seguridad Pública municipal, Alfredo de la Torre, su muerte fue obviada durante el acto protocolario de la firma del acuerdo de coordinación de seguridad pública en Tijuana. Nadie mencionó su homicidio e incluso el procurador estatal, Juan Manuel Salazar Pimentel, habló de que el día de ayer es una de esas fechas que "uno quisiera vivir siempre", en virtud, justificó, de lo fructífero de los acuerdos alcanzados con la Federación.
Con matices, los discursos para anunciar el reforzamiento de la presencia federal en ambas ciudades fronterizas fueron similares. Así, se anunció que la inversión conjunta de la Federación y el estado de Chihuahua para consolidar su participación en el Sistema Nacional de Seguridad Pública será de 245 millones de pesos, mientras se canalizarán 303 millones para Baja California.
Los mandatarios estatales ponderaron los alcances de los acuerdos y subrayaron la institucionalización de la coordinación con el Ejecutivo federal. El gobernador bajacaliforniano, Alejandro González Alcocer, destacó que los convenios permitirán avanzar en el combate a la delincuencia y servirán para evitar que el tema de la seguridad pública se politice y sea utilizado para otros fines.
Horas antes en Chihuahua, el gobernador de ese estado, Patricio Martínez, desglosó la incidencia de homicidios en la entidad, misma que, sostuvo, sigue una tendencia decreciente en los últimos años. Sin embargo advirtió sobre el riesgo que existe de que se reviertan esos logros si no se adoptan nuevas acciones de combate al crimen organizado.
En el marco de las firmas de sendos convenios de coordinación en materia de seguridad pública, los responsables de este ramo anunciaron una mayor presencia del gobierno federal en el combate al hampa con la incorporación de más elementos de las corporaciones federales de seguridad en las zonas fronterizas.
Carrasco planteó en Ciudad Juárez que el reforzamiento de las acciones contra las bandas representa un esfuerzo "transexenal" y "apartidista". Mientras los diarios locales daban cuenta en las primeras planas de una nueva ejecución, el funcionario anunciaba que a esta urbe se canalizarán más elementos de la Policía Federal Preventiva y de la PGR.
Los discursos que fueron el preámbulo de la firma del acuerdo que consolida la canalización de 173 millones de pesos como aportación federal ųmás 72 millones del gobierno de Chihuahuaų y la creación de "células mixtas de investigación" en homicidios dolosos asociados al crimen organizado, obviaron el diagnóstico de la violencia en Ciudad Juárez.
Carrasco habló de la triplicación de recursos destinados a seguridad pública en los últimos tres años a nivel nacional; del incremento en la adquisición de equipo y tecnología para las corporaciones policiacas, lo que permitirá hacer frente a la sofisticación que ha alcanzado la delincuencia organizada.
El secretario de Gobernación manifestó que por primera vez se cuenta con un sistema integral en la materia que favorecerá una mayor coordinación. Y aunque sólo se habló genéricamente de la gravedad de la situación en Ciudad Juárez, Carrasco fue directo a los anuncios para enfrentarla:
Se creará en esa urbe una base de operación mixta entre autoridades federales y locales, lo que incrementará el personal de la PFP adscrito a esta plaza; dicha corporación asume el control de la seguridad en el aeropuerto a partir de mañana e instalará tres puestos de inspección carretera en los accesos a la ciudad; la PGR coadyuvará en las investigaciones de homicidios violentos que pudieran estar vinculados con la delincuencia organizada y se conformarán células mixtas de investigación. Acuerdos similares se alcanzaron en Tijuana.
Mayor coordinación, objetivo
A su vez, Madrazo Cuéllar habló también del necesario reforzamiento de la coordinación entre las corporaciones para hacer frente en esta ciudad a las justificadas demandas de combate a las más recientes expresiones de violencia.
Subrayó que entre las acciones a seguir destaca también la colaboración de las instituciones de salud para enfrentar el "preocupante" incremento del consumo de droga y, en particular, de la cocaína en México.
En ese marco también se habló de las tendencias decrecientes de los índices delictivos que, según reportes oficiales, han bajado de 16 delitos por cada mil habitantes a 14, aunque la meta para alcanzar niveles internacionales de países con desarrollo similar es de diez delitos, lo cual, reconoció Carrasco, no se ha traducido en una percepción social de abatimiento de actos ilícitos.
El gobernador de Chihuahua, por su lado, centró sus planteamientos en dos aspectos: la saturación que han tenido los reclusorios en Chihuahua, particularmente en Ciudad Juárez, y la reducción registrada entre 1998 y 1999 de los homicidios dolosos, tendencia que no ha podido consolidarse este año, pues se ha mantenido estable.
Tras la visita a Ciudad Juárez los funcionarios federales llegaron a Baja California, entidad gobernada desde hace más de una década por Acción Nacional, donde Carrasco consideró fundamental superar la desconfianza que existe entre corporaciones para alcanzar mayor eficacia en sus labores.
Destacó que hoy el país tiene la voluntad política suficiente para enfrentar al crimen organizado y cuenta con los recursos para mejorar la tecnología aplicada en su combate. Mencionó que en esta entidad se debe concluir, a la brevedad, el "mapa delictivo" que permita definir con precisión una agenda prioritaria.
Informó que se acordaron esquemas para enfrentar problemas específicos de la entidad, como el tráfico de armas, que se ha incrementado en los últimos tiempos. (Alonso Urrutia y Juan Manuel Venegas, enviados, y Rubén Villalpando y Jorge Alberto Cornejo, corresponsales)