Alejandro Nadal
Laguna Verde: desacato al Congreso federal
A quién debe obediencia la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en materia de seguridad de la planta nuclear en Laguna Verde? ƑA una asociación no gubernamental de operadores de plantas nucleares o al Congreso federal? En franco desacato a este último, el director de la CFE responde que a la primera.
En noviembre de 1999 la Asociación Mundial de Operadores de Plantas Nucleares (WANO, por sus siglas en inglés) llevó a cabo una evaluación de la planta de Laguna Verde. El resultado se desconoce, pero funcionarios que conocieron el informe señalan que no es favorable, en especial, en materia de seguridad interna.
Por ese motivo la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados solicitó a la CFE una copia del informe, que le fue negado. En un ejemplo de ignorancia y prepotencia, su titular escudó su negativa en que la política de WANO es mantener la confidencialidad, y por ello CFE no puede proporcionar el informe al Congreso.
Tanto el director de CFE como el de WANO invocan en su negativa la legislación sobre derechos de autor, la Convención de Berna y la Convención Universal de Derechos de Autor.
Invocar la legislación sobre derechos de autor es un disparate. La Convención de Berna establece claramente que los derechos de autor son para recibir compensación económica y asegurar que las obras protegidas no sufran modificaciones o mutilaciones. La legislación sobre derechos de autor establece incentivos para que los autores puedan divulgar sus obras, no para que permanezcan en secreto.
Aunque la Convención de Berna prohíbe la reproducción no autorizada de una obra, su artículo IX señala que no se violan los derechos de autor cuando dicha reproducción no entra en conflicto con la explotación normal de los mismos o cuando no se dañen los legítimos intereses del autor.
Los diputados de la Comisión de Ecología solicitan el documento por razones de interés público, no para reproducirlo ni vender una edición pirata. Por eso los derechos de autor de WANO están a salvo. Este último punto es muy importante, ya que éstos emanan del derecho privado, el cual se subordina frente a cuestiones que surgen del derecho público.
WANO tiene derecho a no divulgar sus evaluaciones de plantas nucleares, pero el Congreso, regido por normas de derecho público, no tiene que atenerse a las prácticas de esa asociación. La confidencialidad del documento es una política interna de WANO, pero eso es secundario cuando intervienen cuestiones de interés público.
Imagine el lector que la CFE construye un edificio y surgen dudas sobre la seguridad de su estructura. Los vecinos del inmueble demandarían a CFE y, acto seguido, el juez ordenaría la exhibición de los planos del edificio para la prueba pericial correspondiente. ƑPodría CFE rehusar la exhibición de los planos alegando la necesidad de respetar los derechos de autor de la empresa constructora? Es claro que no y el juez pondría bajo mandato judicial los documentos en cuestión y desencadenaría las medidas de apremio necesarias para integrar la causa.
Entre las facultades del Congreso de la Unión se encuentra las de declarar la guerra pero, según CFE, el Congreso no tiene facultades para exigir la entrega de una evaluación técnica a una planta. ƑQué esconde la CFE?
WANO es una asociación que promueve los intereses de la industria nuclear, sin embargo su evaluación de Laguna Verde parece haber identificado problemas relacionados con el desempeño de la planta. El director de WANO busca minimizarlas señalando que se trata de problemas comunes en plantas de Estados Unidos que funcionan con su acuerdo y el de los gobiernos. Magro consuelo porque la cercanía entre agencias regulatorias y WANO con la industria nuclear es notoria.
Por último, 18 especialistas participaron en el estudio de WANO. ƑQuién pagó los costos? WANO no es una asociación filantrópica y sus finanzas deben nutrirse de las cuotas de sus miembros. Si esa hipótesis se confirma, el informe que hoy CFE niega al Congreso fue pagado, por lo menos parcialmente, con recursos del fisco mexicano.
Las excusas de CFE constituyen un verdadero desacato al Congreso. Los diputados de la Comisión de Ecología no deben dejarse sorprender por esta maniobra; tienen la obligación de utilizar los instrumentos legales a su disposición para exigir el informe y permitir su análisis por peritos independientes.