MIERCOLES 1o. DE MARZO DE 2000
Ť Cae la sombra de los abusos de la dictadura militar
Batlle asumirá el gobierno uruguayo en medio de una fuerte recesión
Stella Calloni, corresponsal, Buenos Aires, 29 de febrero Ť La sombra de los desaparecidos y de la impunidad de los represores de de la última dictadura militar en Uruguay planea ya sobre el nuevo presidente Jorge Batlle, quien asumirá este miércoles el cargo en el contexto de una recesión económica y una abultada deuda social que le deja su antecesor y compañero del tradicional Partido Colorado, Julio María Sanguinetti.
Tanto Batlle como Sanguinetti llegaron al poder con el apoyo del Partido Nacional o Blanco, que históricamente enfrentó al coloradismo, pero que se convirtió en aliado cuando el izquierdista Tabaré Vázquez ganó la primera vuelta de las elecciones de octubre.
Sanguinetti, sin embargo, finalizará su segundo mandato desprestigado por su actitud ante temas claves de derechos humanos: cerró las puertas a las solicitudes de investigar el destino de los desaparecidos; no dio respuesta a la demanda del poeta argentino Juan Gelman sobre el paradero de su nieto, que habría nacido en Montevideo cuando su nuera María Claudia García Irurueta Goyena fue trasladada de Buenos Aires (donde había sido secuestrada junto con su esposo Marcelo, luego asesinado) a Montevideo; y negó, pese a las evidencias, la participación de militares uruguayos en el criminal Operativo Cóndor, la internacional de la muerte que unió a las dictaduras del Cono Sur.
Desde mayo de 1996 comenzaron las presentaciones de los familiares de los desaparecidos en Uruguay durante la dictadura (1973-1985) para que se reabrieran las investigaciones, luego que el ex marino Jorge Trócoli confesara que él estuvo en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) de Argentina, uno de los más temibles campos clandestinos de exterminio, en un intercambio entre militares de ambos países como parte de Cóndor.
Los familiares también exigieron que se investigaran los Archivos del Terror descubiertos en 1992 en Paraguay, documentos que involucraban a militares uruguayos en interrogatorios a ciudadanos de su país detenidos en Asunción, como fueron los casos de Gustavo Edison Insaurralde y Nelson Santana Scotto.
Otro caso polémico, digno de una novela de espías, fue el del ingeniero químico Eugenio Berrio, inventor del gas sarín para la policía política de la dictadura de Augusto Pinochet, quien salió de Chile en 1992, al parecer para evitar declarar contra sus jefes y, cobijado por los remanentes del Cóndor, se escondió en Uruguay. Presumiendo, al parecer, que lo iban a eliminar por ser un testigo peligroso, huyó de la casa donde estaba en una zona balnearia para pedir auxilio a una comisaría. Pero Berríos fue "rescatado" por militares uruguayos, aunque luego fue encontrado muerto en una plaza en 1995.
Asimismo, fue bajo el primer gobierno de Sanguinetti que se aprobó la llamada Ley de Caducidad o punto final, que si bien aprobó por plebiscito que no se castigara a los represores de la dictadura, también obligaba a investigar el destino de los desaparecidos.
El político socialdemócrata Rafael Michelini, cuyo padre Zelmar fue asesinado en Buenos Aires en una acción Cóndor, entregó datos sobre una denominada Operación Zanahoria, que consistía en enterrar a los muertos en tortura en los patios de los cuarteles de pie, para plantar árboles sobre ellos.
Pero tanto estos datos como los reclamos familiares no encontraron eco, pese a que salieron a la luz más testimonios como el de Trócoli, y a la campaña internacional de solidaridad por parte de miles de intelectuales y artistas con Gelman.
El centroderechista Jorge Batlle ųquien luego de cinco intentos alcanzó finalmente la presidenciaų, además de asumir en medio de una aguda recesión que se traduce en una caída de casi 3.5 por ciento del PIB y un alto desempleo, ahora deberá hacer frente a estos reclamos, ya internacionalizados por el caso Gelman.