Alberto Aziz Nassif
Drogas y certificación

Desde hace varios años, cada mes de febrero Estados Unidos emite un juicio sobre diversos países para calificar su política en contra del narcotráfico. Esta certificación es, sin duda, un abuso que va en contra del derecho internacional y de la debilitada soberanía de los Estados nacionales; sin embargo, el vecino del norte puede hacer ese operativo extraterritorial y unilateral, entre otras razones, debido a las sanciones económicas que puede imponer a sus socios comerciales. La posición geográfica de México, la intensificación del intercambio económico y, al mismo tiempo, el crecimiento de las redes y los cárteles de la droga en suelo mexicano, han convertido esta certificación en un mecanismo cada vez más problemático y complejo. Cada febrero surgen declaraciones que molestan; luego vienen las aclaraciones y las protestas, y la relación bilateral se queda lastimada.

Como cada febrero, no podían faltar los intercambios molestos, y en esta ocasión fue el embajador Jeffrey Davidow quien prendió la mecha al afirmar: "es un hecho que las sedes del mundo del narcotráfico están en México" (La Jornada, 25/II/2000).

Al día siguiente se desató una avalancha de correcciones, rectificaciones, extrañamientos y disculpas. El propio Barry McCaffrey, el zar antidrogas, corrigió a su paisano y señaló que el problema no estaba en México, sino en Estados Unidos, país que tiene 5 millones de adictos y gasta 30 mil millones de dólares en drogas (La Jornada, 26/II/2000).

La situación política por la que atraviesan los dos países, año electoral, parece que facilitará el proceso, y se pronostica que la certificación no será un problema crítico. Se supone que el día de mañana se dará la famosa certificación; hasta la fecha no ha habido una descertificación para México, a pesar de las presiones de grupos duros en el Congreso estadunidense.

El gobierno mexicano confía en que logrará el certificado de buena conducta porque, además, ha establecido una política de amplia cooperación con Estados Unidos.

El problema del narcotráfico y del consumo de drogas resulta cada vez más grave en México. Si pudiéramos aislar la variable certificación, que tanto ruido político genera en la relación bilateral, entonces se podría observar que estamos ante un problema muy complicado y con muchos ángulos preocupantes: los niveles de consumo de drogas se han elevado y hemos dejado de ser un territorio predominantemente de paso para empezar a ser consumidores.

En entrevista reciente el procurador Jorge Madrazo señaló: "en los últimos cinco años hay un crecimiento importante de consumo de drogas duras, fundamentalmente cocaína, en las fronteras norte y sur, lo que es representativo de un cambio en la forma de operar de las organizaciones colombianas con sus socios mexicanos" (Milenio, núm. 129).

Además, tenemos un incremento de la violencia y de la descomposición social; por ejemplo, el domingo pasado en la ciudad de Tijuana fue asesinado, presuntamente por bandas de narcos, el director de Seguridad Pública, Alfredo de la Torre Márquez; y el hecho es doblemente lamentable porque unos días antes el presidente Zedillo hizo declaraciones fuertes en contra de estas bandas, por lo que este asesinato se puede leer como una respuesta desafiante del narco, que tiene cada vez más acorralados a la sociedad, que padece esa violencia, y al gobierno, incapaz hasta ahora de ganar la batalla.

La extensión de los cárteles de la droga y su poder corruptor han tendido una sombra en áreas muy delicadas de la vida institucional como el ejército y las corporaciones de policía. Ahora no sólo se tiene que combatir el narcotráfico, sino aplicar una política de prevención contra el consumo de drogas. Frente a este mundo, cada vez más conflictivo, la famosa certificación del gobierno estadunidense puede ser un factor que podría pasar a segundo término. El panorama futuro del narcotráfico y consumo de drogas se presenta lleno de retos para México: en el espacio económico hay que hacerle frente a esos flujos de dinero que provienen del lavado de dinero; la seguridad pública se ve completamente agravada porque la delincuencia de los cárteles de la droga está contaminando crecientemente a las sociedades regionales en donde se han asentado (la frontera norte, por ejemplo).

Independientemente del resultado de la certificación, las autoridades mexicanas consideran el narcotráfico como la principal amenaza para la seguridad pública y la seguridad nacional, es decir, como un desafío frontal a la gobernabilidad y a la capacidad institucional del Estado mexicano.