MARTES 29 DE FEBRERO DE 2000
Ť Este tipo de acuerdos son la expresión jurídica de una estrategia mundial
Los TLC, candados a gobierno opositor
Ť Garantía de continuidad que beneficia a la elite en el poder y extranjeros, se asegura en un análisis
Patricia Muñoz Ríos Ť Los tratados de libre comercio negociados por México con diversos países son para la actual elite en el poder y sus beneficiarios, tanto nacionales como extranjeros, "una garantía de continuidad, candados difíciles de abrir ante la eventualidad de que la oposición llegue al poder".
Las líneas maestras de esta estrategia económica se convierten en compromisos internacionales y con ello se excluyen o se sustraen en gran medida las decisiones políticas internas de nuestro país. Por ello la aprobación sin consulta y consensos de los acuerdos comerciales, como se han realizado hasta el momento, "son un seguro contra los cambios democráticos".
Un análisis del Equipo Técnico de Ciudadanos de México ante el Acuerdo de Libre Comercio con la Unión Europea (UE) refiere lo anterior, y apunta que los tratados son la expresión jurídica de una estrategia económica comandada por el gran poder económico que opera a escala mundial.
Con la negociación de acuerdos de esta naturaleza, en el supuesto de que la oposición llegue al poder, ésta se encontrará ante hechos consumados y un reducido margen de maniobra en el ámbito de la orientación de la economía, señala el documento.
Respecto del acuerdo con la UE, dice que éste tiene los mismos principios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte: globalización sin regulación ni proyecto nacional, reglas de origen sin contenido nacional, atracción de inversión extranjera sin regulación, desnaturalización de la empresa pública y falta de reconocimiento de las asimetrías.
Dice que lo primero que resulta de la lectura del texto preliminar del Acuerdo de Libre Comercio con la UE es que se trata de una negociación en muchos puntos inconclusa y que acuerda que "habrá nuevas negociaciones para profundizar la liberación posteriormente".
Lo peligroso es que en diversos artículos determina que el Consejo Conjunto (órgano con representantes de ambas partes y que será la máxima autoridad para administrar el acuerdo) acordará lo conducente. Es decir, seguirán negociando. En algunos casos se ponen fechas máximas para esto, pero en ningún lugar se determina que el resultado de estas nuevas negociaciones se someterá para su ratificación al Senado de la República como mandata nuestra Constitución.
Así se pretende "de contrabando" dar facultades a los representantes del gobierno mexicano en el Consejo Conjunto de negociar ampliaciones, modificaciones o incluso profundizar sobre lo pactado, según lo consideren necesario y sin requerir aprobación legislativa, lo cual es anticonstitucional.
Por ejemplo, todo el tema de las empresas públicas y la lógica de competencia comprendidos en los incisos d y e del artículo 5 del acuerdo con la Unión Europea no se encuentran concretados. Sólo está acordado el subtema de compras gubernamentales del que habla el precepto. Sin embargo, en el artículo 10 de ese mismo se afirma: "El Comité Conjunto podrá modificar este anexo".
También la ampliación de las diversas listas por categorías para el calendario de desgravación, especialmente las agrícolas y pesqueras, se afirma que se harán por acuerdo de este mismo consejo detalla este análisis.