LUNES 28 DE FEBRERO DE 2000
* La Sedena soslaya el fallo de la justicia federal
A la CIDH, el rechazo a restituir su grado al general Gallardo
* El secretario Cervantes Aguirre demuestra que está ejerciendo funciones supraconstitucionales, afirma el militar
Jesús Aranda * La negativa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de reconocer el fallo del quinto tribunal colegiado en Materia Administrativa, que ordenó a las autoridades militares restituirle al general José Francisco Gallardo el grado de general brigadier, será expuesta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como una violación más del gobierno mexicano a las recomendaciones de este organismo internacional que plantea la inmediata libertad del militar.
El general José Francisco Gallardo Rodríguez señaló lo anterior al ser entrevistado en la cárcel civil de Neza-Bordo. Expuso la postura asumida por el procurador militar, general Rafael Macedo de la Concha, que considera que las disposiciones del Código de Justicia Militar resultan aplicables a pesar de que vayan en contra de lo establecido por la justicia federal.
Lo más grave, añadió Gallardo, es que en este asunto se vuelve a demostrar que el secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, tiene funciones supraconstitucionales apoyado en el fuero de guerra, ''lo cual es muy delicado''.
Sostuvo que cuando el delito se practica ''bajo la sombra del poder, como es el militar'', se rompe el estado de derecho y el orden constitucional, lo cual además se refleja en los altos índices de inseguridad.
El problema de México es la ''impunidad del delito que se practica bajo la sombra del poder'', aseveró vía telefónica.
En el caso concreto en el que la justicia federal lo amparó para que la Secretaría de la Defensa Nacional le devuelva ''las patentes de su grado de general brigadier'', pero que la Sedena impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ''porque no comparte el criterio del tribunal'', Gallardo dijo que se necesita ser ''un cínico o un ignorante'' para no entender que la decisión de la justicia federal se debe aplicar sin pretexto.
Por su parte, su abogado defensor, Francisco Garza, explicó que la Sedena no tiene ninguna razón legal para oponerse a la decisión del quinto tribunal colegiado que estableció que Gallardo sigue siendo general brigadier porque aún puede apelar las dos sentencias que le impuso el Supremo Tribunal Militar.
Estamos, dijo, ante una ejecutoría dictada por un tribunal colegiado en materia administrativa; segundo, estamos ante la ejecución de una ejecutoría; tercero, no hay ningún recurso en su contra, en caso de que la Suprema Corte ordene el cumplimiento de lo establecido por el tribunal.
A diferencia de lo señalado por el procurador militar, general Rafael Macedo de la Concha, quien afirmó que de acuerdo con el Código de Justicia Militar las sentencias del Supremo Tribunal Militar son definitivas en tanto no se interponga un amparo en su contra, Garza aseguró que ''podría faltar un día para que se cumpla la sentencia en contra del general Gallardo y la justicia federal puede revocar la sentencia en su contra, por lo que no hay nada firme''.
''El Código de Justicia Militar no puede estar por encima de la Constitución, porque si no, no tendría ningún sentido acudir al amparo'', dijo Garza. Mientras que Gallardo señaló que parte de esta argumentación será presentada en fecha próxima ante la CIDH, para demostrar que no sólo el gobierno mexicano no cumple con la recomendación de liberarlo inmediatamente, sino que además persiste la campaña de persecución y hostigamiento en su contra.