Juan Moreno Pérez
La deuda pública escondida

En el informe sobre las finanzas públicas correspondiente al cuarto trimestre de 1999, se reportó que el déficit fiscal fue de sólo 1.15 por ciento del producto interno bruto (PIB), nivel inferior al 1.25 por ciento programado. Este resultado, según las autoridades hacendarias, fue producto de una mayor recaudación y de un control del gasto, lo que permitió disminuir la proporción de la deuda pública respecto al PIB, de 27.9 por ciento en 1998 a sólo 25.3 en 1999.

Con esto, los voceros del gobierno federal pretenden hacer creer que la política económica aplicada ha dado buenos resultados, propiciando un crecimiento económico "de calidad", sustentado sobre bases sanas, que permitirá una transición ordenada en este año electoral. Desafortunadamente, detrás de las maquilladas cifras de Hacienda, se oculta una situación de verdadero desastre fiscal, con ingresos estancados y una creciente deuda pública escondida.

Hacienda señala que los ingresos crecieron 4.6 por ciento en términos reales, es decir, que aumentaron a una tasa superior a 3.6 por ciento que registró el PIB. Sin embargo, los ingresos de 1999 incluyen 12.5 mil millones de pesos del remanente de operación del Banco de México generado en 1998 (ver mi colaboración en La Jornada del 20 de agosto de 1999).

Aunque esos fondos fueron enterados en 1999, en realidad se generaron en 1998, por lo que no deberían ser contabilizados para festinar una supuesta recuperación de la recaudación. Si se descuenta este concepto, los ingresos sólo crecen 3.2 por ciento, tasa inferior a la del PIB, y el déficit sube a 1.42 por ciento del PIB, nivel superior al programado.

Pero lo más importante, las autoridades tratan de disimular a toda costa, el espectacular crecimiento de la deuda pública durante los últimos años. Esa deuda escondida incluye no sólo los conocidos pasivos del Fobaproa-IPAB, sino la deuda implícita asociada a la reforma de la seguridad social; los compromisos adquiridos mediante el mecanismo conocido como Pidiregas (Proyectos de Inversión con Registro Diferido en el Gasto), y las deudas ocultas en la banca de desarrollo y los fideicomisos de fomento.

La deuda derivada del rescate bancario incluye 725 mil millones de pesos de pasivos transferidos al IPAB; 91 mil millones del rescate carretero, ahora en un fideicomiso de Banobras denominado Farac; el crédito por más de 60 mil millones otorgado por el Banco de México al Fobaproa y los préstamos distribuidos entre Nafinsa y Bancomext. Todos estos pasivos alcanzan 21 por ciento del PIB, y son deuda pública, aunque no se registren como tal.

La reforma de la seguridad social ha implicado una erogación presupuestal de alrededor de 1 por ciento del PIB a partir de 1997. Ese compromiso del gobierno significa una virtual asunción de deuda. El monto de la misma es desconocido, pero suponiendo una tasa de interés real de 4 por ciento (la observada en promedio en México durante los últimos 40 años), se puede estimar en casi 28 por ciento del PIB.

Para enfrentar los costos del rescate bancario, el gobierno dejó sin fondos para invertir a Pemex y CFE. En compensación, se diseñó un nuevo mecanismo para efectuar la inversión indispensable: los Pidiregas. Su aplicación ha significado una acumulación de deuda escondida que a la fecha asciende a 358 mil millones de pesos, casi 8 por ciento del PIB.

La verdadera situación financiera de la banca de desarrollo y de los fideicomisos de fomento, como Fira, Fovi, Fidec y Fideliq, se ha mantenido oculta. Aunque las denuncias de fraude han sido frecuentes, no se sabe con certeza la magnitud de la deuda pública ahí escondida. Tomando como base los datos del último reporte de Deuda Pública, esos pasivos son de, cuando menos, 177 mil millones de pesos, 3.9 por ciento del PIB.

En suma, se estima que la deuda pública escondida asciende a cerca de 60 por ciento del PIB. Si se agrega la deuda oficialmente reconocida, de 25 por ciento del PIB, se puede concluir que el actual gobierno está heredando al siguiente una deuda por alrededor de 85 por ciento del PIB. Aunque esa carga es mucho mayor a la recibida del anterior gobierno, la única virtud del actual es haberla hecho más manejable, distribuyendo los compromisos de pagos por muchos años.

Como se puede ver, la situación fiscal es muy preocupante, y no da motivo para el festejo, menos aún para el autoelogio de las autoridades. Sería interesante saber si los candidatos, que actualmente se disputan la Presidencia de la República, tienen real conciencia de la misma.