* Teme ser "sentado en el banquillo de los acusados"
México declina asistir a la reunión de la CIDH en marzo
* Inconforme, con los cuestionamientos que le harían: ONG
Triunfo Elizalde * Ante el temor de ser "sentado en el banquillo de los acusados", y no poder responder a los señalamientos que un grupo de organizaciones no gubernamentales mexicanas planteará el próximo 2 de marzo en la audiencia sobre la situación general de los derechos humanos en México, el gobierno de Ernesto Zedillo, a través de la misión diplomática de México ante la OEA, se retractó de asistir a esa reunión organizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se informó a La Jornada.
El acuerdo se dio el pasado martes 22, durante una reunión celebrada en la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre la Comisión Intersecretarial para la Atención de los Compromisos Internacionales de México en Materia de Derechos Humanos, y representantes de ocho ONG, cuando el teniente coronel Eduardo Gómez García, subprocurador jurídico contencioso de la Procuraduría General de Justicia Militar calificó de "bajeza" el contenido del temario a tratar en Washington, y que previamente había sido aceptado por ambas partes.
El documento enviado por ONG el 19 de este mes, a Juan José Gómez Camacho, coordinador de la misión diplomática de México ante la OEA, y con el cual en principio estuvo de acuerdo, plantea cuatro aspectos:
1. "Que ante la persistente denegación de justicia en casos que involucran a miembros de las fuerzas armadas como responsables, es de especial preocupación la reticencia de las procuradurías de todos los niveles para investigar violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros del Ejército Mexicano, ya que las investigaciones se turnan al fuero militar, quien funge como juez y parte a la vez".
Sobre lo anterior, señalan ONG nacionales, "nos interesa que el gobierno mexicano informe a la CIDH las medidas que se propone adoptar para hacer compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos, la administración y procuración de justicia en casos donde por actos delictivos de los agentes militares, civiles resultan víctimas.
2. "Hemos atestiguado con preocupación, el incremento de la presencia del Ejército en todo el territorio nacional. La reciente incorporación de cinco mil militares a la Policía Federal Preventiva, bajo el argumento de propósitos diversos, significa una creciente intervención de las fuerzas militares en la vida social de la población, lo que ha traído consigo el incremento de violaciones de los derechos humanos.
"Esperamos ųdicen las ONGų que el gobierno mexicano informe a la comisión de las medidas jurídicas y administrativas que aplicará para garantizar que los agentes militares que realizan funciones en todo el territorio nacional realicen únicamente las funciones que establece la Constitución, apegándose estrictamente a los procedimientos contenidos en la normatividad reglamentaria, respetando los derechos humanos".
3. "La presencia y acción de grupos civiles armados en Chiapas ha redefinido el sentido de la violencia en esa entidad, ya que ha provocado la privación de la vida de un gran número de personas y daños importantes a la propiedad privada o colectiva de las comunidades indígenas. Está dirigida a la desarticulación social de esos grupos, a eliminar liderazgos políticos y religiosos, a la destrucción de símbolos que culturalmente son espacio de recreación de la resistencia histórica de los pueblos indios, y a romper mediaciones que obstaculizan la degradación del tejido comunitario como los esfuerzos de reconciliación impulsados por la diócesis de San Cristóbal de las Casas.
"Por esto se espera que el gobierno mexicano informe sobre los siguientes puntos:
"La aplicación del Manual de Guerra Irregular denominado Operaciones de contrainsurgencia o restauración del orden, de la Secretaría de la Defensa Nacional, publicado en 1995.
"Las medidas integrales que han adoptado para combatir efectivamente la proliferación de grupos civiles armados. Los resultados obtenidos por la PGR en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, instalada expresamente para la investigación y desarme de las bandas paramilitares o de grupos civiles armados. Las medidas adoptadas para reparar los daños causados a las víctimas de actos cometidos por grupos civiles armados con omisión, tolerancia o encubrimiento de agentes del Estado y las medidas que ha aplicado para garantizar el retorno a sus comunidades de origen, de las familias indígenas desplazadas por grupos civiles armados".
4. "En Oaxaca, único estado de la República donde se ha legislado para reconocer a los pueblos indígenas su derecho a elegir su gobierno municipal por la vía tradicional, se han desatado fuertes conflictos entre quienes pretender ejercer ese derecho y quienes se oponen a él. Nos preocupa ųsubrayan las ONGų que las instituciones gubernamentales, garantes de la legalidad y el respeto a los derechos humanos permanezcan pasivas ante dichos conflictos, fomentando la impunidad de quienes con violencia tratan de impedir que se apliquen las leyes electorales".
En la práctica, las ONG mexicanas pensaban asistir solas a la audiencia sobre la situación de los derechos humanos en México, organizada por la CIDH, pero "se pensó que sería prudente invitar al gobierno mexicano a través de la misión diplomática de México ante la OEA, que encabeza Juan José Gómez Camacho, y como en reunión anterior el temario ya se había platicado con los miembros de la Comisión Intersecretarial, lo enviamos a la misión, la cual estuvo de acuerdo".
Sin embargo, el martes 22, cuando las partes interesadas se reunieron en la cancillería, la Comisión Intersecretarial se inconformó con el temario expuesto, y al siguiente día, a través del coordinador de la misión diplomática de México ante la OEA, desde Washington, se hizo saber a las ONG nacionales que el gobierno mexicano había decidido "en esta ocasión no estar presente", ya que se trataba de cuestionarlo, "prácticamente sentarlo en el banquillo de los acusados".