Néstor de Buen
Hablemos de España

No le hizo gracia a un muy estimado amigo mío, español, con responsabilidades oficiales, mi artículo anterior. Le pareció excesivamente benevolente con ETA. Y para colmo, como un argumento de peso, se produce el pasado martes el asesinato de Fernando Buesa y su escolta, un erztzaina (policía vasco), a consecuencia de la explosión de un carro-bomba, mecanismo preferido por ETA a partir de la nueva dimensión de la cobardía: el asesinato a distancia.

Me habló por teléfono. No estaba precisamente enfadado sino dolido.

Aparte de las dificultades comunicativas de los famosos celulares que, por lo visto, en la abundancia de su número vuelven bastante inútiles a los satélites conductores, y de la circunstancia de que me encontraba, en el momento de la llamada, atendiendo una junta bronca, traté de explicarle en razón del afecto que le tengo, que no estaba pensando en la ETA sino en la actitud del gobierno mexicano cuando escribí lo que escribí.

No puedo desprenderme de mi condición de abogado, y aunque yo mismo a veces me muevo con impulsos que romperían, de hacerse efectivos, el sistema que heredamos de los estadunidenses del debido proceso legal reconocido en nuestra Constitución y en la Ley de Amparo, y que se expresa en las garantías de audiencia (derecho a ser oído y, si acaso, vencido en juicio) y de legalidad (conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho), a fin de cuentas predomina en mí ese sentido común que suele llamarse conciencia y freno mis impulsos y acepto que hay que observar las leyes.

De lo contrario, me correrían del consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En el caso de los supuestos etarras que fueron entregados a España alrededor de la visita del presidente Ernesto Zedillo, mi objeción, que sigue siendo válida, es que en todo caso debió concedérseles la oportunidad de justificar su condición y no actuar en la forma que se hizo. Porque suponiendo que la Ley General de Población permita esas expulsiones, no la he consultado ni la manejo normalmente, sería inconstitucional si no aceptara que los extranjeros, como lo prevé el artículo 33 de la Constitución, tienen derecho a las garantías. La salvedad, establecida en el mismo artículo, de que el Presidente de la República tiene la facultad exclusiva de hacerles abandonar el territorio nacional, en el caso no parece que haya sido puesta en práctica. Pero aún así, una cosa es hacerles abandonar el territorio nacional y otra diferente, enviarlos a la cárcel.

No hay que olvidar que un extranjero casado con mexicana tiene derecho a la nacionalidad mexicana y que el certificado que expide la Secretaría de Relaciones Exteriores no otorga la nacionalidad sino que la reconoce. En ese sentido, me parece haber leído que alguno de los supuestos etarras estaba casado con mexicana. Es un tema para pensar.

Me decía mi amigo que en el caso de Cadenas se había procedido con apego a un tratado de extradición y después de un prolongado juicio en el que se cubrieron todas las instancias, particularmente el juicio de amparo. Me mencionaba también la supuesta o real responsabilidad de Cadenas en algún homicidio.

Debo reconocer que más allá de la sensación de que hubo un notable oportunismo en la resolución final, en definitiva la decisión cumplió las reglas de juego y no tengo nada que decir. Me gustaría, sin embargo, conocer de cerca las circunstancias del juicio.

El asesinato de Fernando Buesa actualiza el problema en un momento en que España, a punto de entrar en elecciones el 12 de marzo, presencia la lógica tensión del periodo prelectoral, con alianzas muy interesantes entre el PSOE e Izquierda Unida ųno parece que con la conformidad de Julio Anguita, el líder tradicional de IU, en precario estado de saludų y cuya coalición pone a temblar al PP del señor Aznar. Y, por supuesto que la indignación que ha producido la muerte de Buesa, un antiguo presidente autónomo vasco socialista, corre ya por toda España y hace que sea normal un saludo, casi abrazo, entre Joaquín Almunia, secretario general y candidato del PSOE y el propio José María Aznar.

Dije que abomino de ETA y lo confirmo. Pero también insisto en respetar el derecho a la autodeterminación de los pueblos, para lo que la Constitución española de 1978 ha establecido claves importantes.

Mi amigo me dijo que lo que se ha hecho ahora lo habría hecho también el gobierno PSOE. De acuerdo. Pero, insisto, mi crítica no era hacia España sino hacia nuestra casa. Y el respeto a la ley, me parece esencial. Me temo que lo olvidamos.