* PGR
Injustificado, igualar delitos ambientales con el narcotráfico
Hasta ahora, la Procuraduría General de la República (PGR) no tiene registros ni evidencias de que existan organizaciones que "de manera permanente y reiterada" cometan delitos ambientales, por lo que no hay justificación y no sería el momento de incorporar estos actos ilícitos a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada (Leyfedo) para incrementar su penalización, como se propone en el dictamen de iniciativa de cambios a las leyes penales en materia ecológica que se discute en la Cámara de Diputados, coincidieron los fiscales especiales de la PGR, Gabriel Calvillo Díaz y Rubén Martín Olvera y Aguilar, quienes rechazaron que los delitos ambientales tengan el mismo grado de peligrosidad del narcotráfico o el secuestro.
A su vez, Antonio Azuela de la Cueva, responsable de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), subrayó que se debe tener muy claro hasta dónde llegar en la penalización de las conductas contra el ambiente, y recordó a los fiscales que la dependencia a su cargo "ha inundado a la PGR con varios cientos de denuncias en este sentido, las cuales no han progresado".
Durante su participación en el segundo taller de análisis de las iniciativas de reforma a las leyes penales en materia ambiental, Calvillo Díaz, fiscal especial A de la procuraduría, refirió que la Leyfedo se creó para dar mayores elementos y herramientas al Ministerio Público en la investigación y persecución de organizaciones criminales, como las del narcotráfico, donde las penas que se aplican "son muy severas".
Después de exponer algunos casos de delitos ambientales que ha investigado la fiscalía a su cargo, el funcionario aseguró que aunque es posible encontrar a tres o más personas que acordaron organizarse para realizar conductas criminales en forma reiterada, "esto no es equiparable al grado de peligrosidad" que tienen las bandas dedicadas al narcotráfico o al secuestro de personas, contra las cuales fue creada la Leyfedo. "Tendríamos que estar en desacuerdo con el hecho de destinar recursos importantes, tanto materiales como humanos, para atender alguna forma de delincuencia organizada en materia ambiental, que ciertamente es menos recurrente que el narcotráfico o el secuestro", consideró Calvillo Díaz.
Por su parte, Rubén Martín Olvera y Aguilar, fiscal especial C, expusó que, dadas las características de la Leyfedo, "es simplemente innecesario incorporar a una ley tan severa figuras que no tienen esa connotación (crimen organizado) y de las cuales no "hay antecedentes que digan que ha habido tales o cuales organizaciones delictivas que estén atentando contra los bienes jurídicamente tutelados por esos derechos ambientales".
En el encuentro de tres días, que organizaron conjuntamente la Comisión de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, la PGR, la Semarnap/Profepa y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Incipe), el fiscal abundó que el objetivo fundamental del crimen organizado es el gran lucro que se puede obtener con sus actividades, como es el caso del narcotráfico, el cual, en algunos países como Colombia, representa ingresos mayores que los obtenidos por actividades productivas lícitas. "El tráfico de madera o animales no daría tanto para que realmente haya interés suficiente", argumentó.
El proyecto de dictamen que se discute en San Lázaro, que conjunta sendas iniciativas de reformas a las leyes penales en materia ambiental, impulsadas por PRD y PVEM), se puso a discusión para su enriquecimiento ante criminalistas, especialistas en derecho ambiental, funcionarios de la Profepa y la PGR. (José Juan de Avila)