Gustavo Leal F. *
El desafío de las pensiones estatales

entro de la oferta pública para la población cubierta por la seguridad social, están las pensiones de los sistemas estatales, que incluyen servicios de salud. Sus disparidades evidentes exhiben la crisis del centralismo así como las crecientes dificultades que padecen las entidades para asumir sus obligaciones.

Se trata de un universo de 900 mil trabajadores cuyos derechos recaen sobre la deuda de los estados, que con la de los municipios sumó, a diciembre de 1999, 3 por ciento del PIB (120 mil mdp). Hay quien estima que el monto y estructura de los pasivos de estos sistemas pensionarios podría alcanzar 10 por ciento del PIB en el mediano plazo. Según el ex presidente de la Comisión de Ahorro para el Retiro (Consar), F. Solís Soberón, "tendrá que ser ajustado inmediatamente o de lo contrario generará deudas tan importantes que afectarían a generaciones que aún no han nacido. Es un foco rojo oculto porque nadie se ha puesto a hacer el análisis de que en el largo plazo nos va afectar".

Todos esos sistemas, compuestos en su mayoría por maestros y trabajadores administrativos, nacieron al amparo del "modelo-ISSSTE". Mientras un número mayor accede a la edad de jubilación (pasó de 62 años en 1977 a 51 en 1998), el aumento en la esperanza de vida les permite también permanecer por más tiempo (de 2.5 a 19 años), pero el número de trabajadores activos no crece al mismo ritmo.

Considerando 28 estados y el DF, existen 9.8 trabajadores activos en promedio para cada jubilado. Por cada diez pesos de aportacion, uno se destina a ellos. El panorama es desigual: 14 entidades cuentan con más de diez trabajadores activos por pensionado (Tabasco, Querétaro, Jalisco, Zacatecas, México, Michoacán, Tlaxcala, Puebla, Chiapas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero y Oaxaca); otras siete están en un punto intermedio (Baja California Norte, Tamaulipas, Sonora, Hidalgo, Nayarit, Morelos y Coahuila) y cuatro tienen 5.4 activos por jubilado (Veracruz, DF, Nuevo León y Chihuahua).

También en el débito público se acusan diferencias regionales. Cuatro entidades que aportan 46 por ciento del PIB nacional, acumulan cerca de tres cuartos de la deuda pública estatal total para 1998: DF, 29 por ciento; México, 25.9 por ciento; Nuevo León, 10.4 por ciento y Jalisco, 6.2 por ciento.

Los créditos para financiamiento de los estados han obligado a que las calificadoras de deuda incorporen estos pasivos en sus evaluaciones. Aunque las pensiones pudieran costar poco a los gobiernos actuales, con el tiempo los pasivos se multiplican y consumen una proporción cada vez mayor del financiamiento.

Nuevo León debería pagar totalmente de su presupuesto del 2023 la pensión de 13 mil jubilados, pero desde ahora hay incertidumbre en el cómo. El mecanismo de la "jubilación dinámica", al otorgar aumentos salariales equivalentes a los de los trabajadores activos; incluir prestaciones en el salario base de jubilación y reducir la edad de jubilación de 30 a 28 años de vida activa, se tradujo en un incremento en los costos de ISSSTELEON.

Aguscalientes es el caso contrario: a pesar de no enfrentar presiones en el corto plazo, el Congreso local discute modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado.

En opinión de la agencia Duff & Phelps "los gobiernos estatales deben enfrentar cuanto antes el problema que representa el pago de las pensiones de sus trabajadores y reconocerlo en sus presupuestos", mientras que la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro considera "necesario incluir en el esquema de cuentas individuales para el retiro a todos los burócratas, tanto federales como locales, para evitar problemas a mediano y largo plazos". G. Rojas, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados estima que "en caso de adoptarse el sistema de cuentas individuales para el retiro para los trabajadores del ISSSTE, sería necesario establecer mecanismos de vigilancia por parte de los propios ahorradores y asegurar que las inversiones de los fondos vayan a ser efectivamente enfocados al desarrollo nacional".

Para Solis Soberón, una alternativa sería que "cada estado ajuste su plan de pensiones: incrementar la capacidad de recaudación para generar el flujo de capital que permita cumplir con las obligaciones o, en su defecto, disminuir los beneficios prometidos a los pensionados. Otra sería crear un sistema similar al que opera para los trabajadores afiliados al ISSSTE, aunque no existe un único camino".

_{* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco}