VIERNES 25 DE FEBRERO DE 2000
* Padres de familia denuncian presiones de rectoría
El gobierno, obligado a apagar los focos rojos: Jorge Madrazo
* Paristas presos podrían dañar nuevamente a la UNAM, asegura
Enrique Méndez, David Aponte y Ciro Pérez Silva * Aun cuando no hay riesgos de ingobernabilidad, el gobierno federal está obligado a apagar, "con todo lo que la ley autoriza, los focos rojos" que hay en el país antes de que "se transformen en otra cosa", aseguró el procurador Jorge Madrazo, y en una carta dirigida a la Cámara de Diputados aseguró que se calificó a los universitarios presos como un peligro para la sociedad con el fin de evitar que, al ser liberados, puedan perjudicar nuevamente a la UNAM.
A su vez, la máxima casa de estudios informó que el abogado general, Fernando Serrano Migallón, solicitó ayer a la PGR analizar los expedientes de otros 55 estudiantes detenidos para que "en caso de que fuera solicitada su libertad bajo caución, no se negara el otorgamiento de ese derecho" .
En su misiva a los diputados, Madrazo expuso que "una de las causales por las que procede la referida oposición consiste en el peligro de que la víctima o el ofendido, en este caso la UNAM, pudiera ser nuevamente agraviada por la comisión de delitos, que precisamente se busca restaurar al incoar los procedimientos penales respectivos".
Atenderán irregularidades
Madrazo Cuéllar dio a conocer al órgano legislativo que la dependencia federal a su cargo integró una comisión para atender las supuestas irregularidades o violaciones a los derechos humanos cometidas en los operativos realizados en la Preparatoria 3 y en Ciudad Universitaria. Dicha instancia está formada por funcionarios de la visitaduría general, la contraloría interna, servicios a la comunidad y la subprocuraduría de Procedimientos Penales.
La semana pasada, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, encabezada por el diputado perredista Benito Mirón, pidió al procurador Madrazo Cuéllar información y el sustento legal de la participación de la PGR, la Policía Federal Preventiva y la Policía Judicial Federal en los operativos policiacos que llevaron a la detención de casi mil estudiantes de la UNAM.
Con fecha 21 de febrero, el procurador general de la República recordó que 248 personas fueron detenidas "en la comisión de delitos flagrantes" la noche del 1o. de febrero en las instalaciones de la Preparatoria 3. Del total, 76 fueron remitidas al Consejo Tutelar y 175 consignadas a los juzgados segundo y sexto de distrito en materia penal, con sede en el Reclusorio Norte.
Por lo que toca a la intervención policiaca en Ciudad Universitaria, recordó que el juzgado segundo obsequió 432 órdenes de aprehensión, y autorizó el uso de la fuerza pública para salvaguardar la integridad de los funcionarios encargados de recuperar las instalaciones de la UNAM.
"En el operativo del 6 de febrero fue el Ministerio Público quien tuvo la responsabilidad de su ejecución. La participación de la PFP, dentro de los inmuebles de la UNAM, obedeció precisamente al auxilio que solicitó el órgano jurisdiccional; al hecho de que esta corporación es un auxiliar del MP en los términos de lo asentado por el artículo 21 de la Constitución y del cuarto de la ley de la PFP, y ante la necesidad de que los elementos participantes en la restitución de los bienes desposeídos fueran desarmados, lo que es más propio de una policía preventiva que de una policía judicial".
Ante la pregunta de por qué la PGR rechaza la liberación de los estudiantes detenidos con el argumento de que representan un peligro para la sociedad, Madrazo Cuéllar respondió en su carta que el Ministerio Público tiene esa facultad que le otorga el Código Federal de Procedimientos Penales, incluso en delitos no graves.
Sobre el particular dijo que los paristas pueden agraviar nuevamente a la UNAM. Por esa razón, la PGR utilizó el recurso y se opone a la liberación de los universitarios detenidos, mencionó.
En entrevista concedida al finalizar la ceremonia del Día de la Bandera, Madrazo insistió en que la PGR sólo se ha desistido en los casos en que hubo "perdón del ofendido", es decir, ofrecido por la UNAM.
Por otra parte, dijo que hay una fuerte preocupación por el nivel de delincuencia que se registra en Chihuahua y que antes de decidir cuándo se formará la comisión especial ofrecida por el presidente Ernesto Zedillo, se reunirá con el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.
Mientras, en conferencia de prensa, los padres de los estudiantes detenidos afirmaron que no existe voluntad de la PGR, los titulares de los juzgados y de la rectoría de la UNAM para liberar a los 278 estudiantes detenidos. Como ejemplo de la negativa mencionaron que los jueces fijaron una fianza de 100 mil pesos o caución de 50 mil pesos para la libertad provisional de 48 universitarios.
Margarito Garduño, padre de un estudiante del CCH Oriente, dijo que las autoridades universitarias incurren en el chantaje para supuestamente intervenir en pro de la libertad de los detenidos: "nos piden que levantemos el plantón ubicado en la explanada de rectoría a cambio de la intervención de la UNAM. Esa es una actitud inmoral y no universitaria".
Los padres de familia han sostenido dos reuniones de trabajo con funcionarios de la rectoría para tratar el tema de los estudiantes detenidos y el plantón en la explanada. Sin embargo, los representantes de la UNAM sólo han realizado amenazas contra los familiares de los detenidos, afirmó.
Ultimátum
En un comunicado de prensa, la asamblea de padres de estudiantes detenidos relató: "En una segunda reunión realizada el 23 de febrero, en esta ocasión en presencia de Alberto Pérez Blas, José Narro Robles, Arístides Llaneza y Roberto Sosaya, se inició la negociación con la solicitud de las autoridades de apagar la grabadora que nuestra comisión de prensa lleva, para hablar de "manera natural" entre nosotros. Una vez que apagamos la grabadora, José Narro amenazó con desalojarnos del plantón, argumentando que si esta acción no es realizada, la rectoría dejará de hacer las gestiones que permitan la libertad bajo fianza de nuestros hijos.
"Pérez Blas, la noche anterior (la del 22 de febrero, después de una reunión de buena voluntad) había salido de la torre de rectoría a provocar y amenazar a los padres de familia con demandas jurídicas". Los padres de familia pidieron el apoyo de los diputados federales para lograr la libertad provisional de los estudiantes detenidos.