POBREZA: EL TAMAÑO DEL FRACASO

La Evaluación de Resultados del Progresa, dada a conocer ayer, indica que ese programa asistencial atendió, en el curso de 1999, a poco más de dos millones 300 mil familias, cuyos integrantes se encuentran en situación de pobreza extrema, es decir, considerando un promedio de cinco miembros por familia, a unos 11 millones 500 mil mexicanos. El programa no llegó, según esas cifras, que pueden considerarse oficiales, a más de 600 mil personas cuyas comunidades carecen de salud, abasto y educación, "lo que es una limitante, pues el tener acceso a esos servicios es una condicionante para acceder al programa contra la pobreza extrema, además que su inaccesibilidad dificulta aún más su atención". En síntesis, el Progresa no considera sujetos de ayuda a las víctimas más extremas de la miseria extrema.

Cabe recordar que el programa referido se aplica únicamente en el ámbito rural. Pero entre éste y los entornos urbanos del país, la suma total de pobres extremos es de unos 26 y medio millones, y esa masa demográfica que carga, con los peores agravios de la política económica, se ha duplicado en los últimos ocho años.

Estos datos constituyen un desmentido inapelable a la premisa fundamental de la política económica del gobierno, según la cual el incremento sostenido del PIB sería la única vía razonable para erradicar la pobreza en general, y particularmente la miseria. La realidad niega, también, la validez de la estrategia gubernamental de eliminar los subsidios generalizados para concentrar los recursos libera- dos y destinarlos a la superación de las situaciones más agudas de carencia.

De hecho, entre 1996 y 1999, la economía nacional ha crecido a un promedio anual de 5.02 por ciento, pero la miseria, lejos de reducirse, también se ha incrementado. Entre 1992 y el presente, 12 millones de connacionales se han deslizado de la "pobreza intermedia" a la extrema, según datos del Grupo Financiero Banamex-Accival divulgados el anterior fin de semana.

Finalmente, no es descabellado suponer que el remate, la liquidación o la minimización de entidades públicas de bienestar, la referida supresión de subsidios, así como el traslado de presupuestos del gasto social al respaldo del sector financiero han incidido en forma determinante en ese indignante deslizamiento masivo hacia niveles de mera sobrevivencia física en los que hoy se encuentra casi un tercio de la población del país.

A contrapelo del triunfalismo económico oficial, la realidad se empeña en reprobar, así, los postulados y la gestión económica de la administración actual y de sus antecesoras.