Emilio Pradilla Cobos
Transformar el DF en estado

Desde inicios de los años noventa, la ciudadanía, las organizaciones sociales y los partidos políticos han manifestado por múltiples vías (dos plebiscitos, muchos foros, programas electorales, etcétera), la demanda de convertir el Distrito Federal en el estado 32 de la Federación. Las razones más importantes son: a pesar de los cambios introducidos paulatinamente, el DF está aún regido por un estatuto constitucional de excepción, distinto al que rige a todas las demás entidades federadas, que se podría caracterizar como un extraño híbrido entre municipio y Estado; su Asamblea Legislativa carece aún de las facultades plenas de un Congreso estatal; no tiene una Constitución local que actúe como marco legal regulatorio de los derechos ciudadanos y sus relaciones con los poderes políticos y el Estado local, y fije las funciones y relaciones entre sus componentes; el Congreso federal aún legisla sobre diversas materias locales (endeudamiento y remoción del jefe de Gobierno, entre otras), y el Ejecutivo federal interviene todavía en funciones del gobierno local (seguridad y justicia); las "demarcaciones", anacrónicamente denominadas "delegaciones", no tienen el estatuto de municipios, carecen de un órgano colegiado de gobierno (ayuntamiento) y están indefinidas las funciones de los "jefes delegacionales", sus relaciones horizontales y con el poder central del DF y el federal; por lo anterior, no se han reconocido a sus ciudadanos los derechos políticos y sociales plenos de que gozan ųaún formalmente, es ciertoų los demás mexicanos, ni la entidad goza de soberanía local plena.

Como la nacional, la reforma política para el DF ha avanzado tortuosamente, a cuentagotas, dando lugar a una normatividad incompleta, confusa, contradictoria, de retacería. Ha habido avances importantes pero insuficientes; la formación del estado 32 no ha sido resuelta. El PRI, interesado en mantener en pie el obsoleto régimen político de partido de Estado y el cordón umbilical de control entre el poder federal y el local, ha subordinado los cambios a sus intereses coyunturales; aduce aún pretextos arcaicos, autoritarios, propios del siglo XIX. El PAN, que reconoce formalmente la necesidad de transformar el DF en estado, se ha subordinado al tricolor en este tema ųy otros muchosų. El PRD y otros partidos de oposición han dejado de lado, temerosos, este punto de la agenda de la transición democrática nacional y la local. La experiencia del primer gobierno del DF electo democráticamente, que ha puesto en evidencia las contradicciones derivadas de esta laguna constitucional, y los problemas que se avizoran para cuando los "jefes delegacionales" estén elegidos directamente, hacen imperiosa la necesidad de resolver en forma inmediata este punto crucial para la democratización de la capital.

Si la Alianza por México a nivel nacional, y el PRD y sus posibles aliados en el DF quieren aportar un elemento clave a la transformación democrática del régimen político, deben incluir en sus programas y acciones electorales, su agenda legislativa, y sobre todo en su práctica legislativa y ejecutiva en el próximo periodo, una decidida acción para transformar a la capital en el estado 32 de la Federación. Así, la ALDF se transformaría en Congreso estatal con plenas facultades constitucionales; se podría convocar a un congreso constituyente que elabore, mediante amplia consulta ciudadana, la Constitución local; desaparecerían las facultades anómalas del Ejecutivo y el Congreso federales sobre los locales, incluyendo los temas presupuestales; sus "delegaciones" se transformarían en municipios plenos, con un ayuntamiento plural y representativo; las relaciones entre municipios y estado quedarían homologadas a las constitucionales y se aplicaría la experiencia histórica nacional; los defeños tendrían iguales derechos y obligaciones que el resto de los mexicanos; la actual capital contaría con soberanía local, y se desmantelaría finalmente un elemento esencial del viejo régimen autoritario.

Por ello, creemos que la Asamblea Legislativa y la jefatura de Gobierno electas en julio próximo deberán abrir una amplia consulta pública sobre el tema, que concluya en un referéndum y un plebiscito institucionales y vinculatorios, que definan la necesidad y lineamientos de este cambio sustantivo, y construya el piso político para la exigencia de su aprobación por el Congreso federal.