Ť Exigen la destitución de la titular del ramo
Paralizan trabajadores los servicios de salud pública en Tlaxcala
Víctor Hernández Tamayo, corresponsal, Tlaxcala, Tlax., 22 de febrero Ť Aproximadamente mil 800 trabajadores sindicalizados paralizaron hoy los servicios públicos de salud en toda la entidad, en protesta porque al vencerse el plazo que les solicitó el gobernador Alfonso Sánchez Anaya, no se ha procedido a destituir a la secretaria del ramo, Martha Elena Célis Téllez, a pesar de "que se aportaron todas las pruebas" que les pidieron".
Durante 12 horas, los empleados cerraron los cinco hospitales regionales y suspendieron los servicios en 160 centros de salud de igual número de comunidades. Sin embargo, los trabajadores de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, determinaron que los servicios de emergencia no se interrumpieran.
El dirigente seccional Antelmo Sánchez Hernández aseveró que se llegó al extremo de tomar las oficinas de la Secretaría de Salud, debido a que no se ha resuelto la petición de remover a Célis Téllez. "Nosotros acatamos la tregua que nos pidió el gobernador; cumplimos con entregar todos los elementos que demuestran que se incurrió en violaciones a las condiciones del trabajo, pero no hemos recibido ninguna respuesta", agregó.
Al respecto, el secretario general de Gobierno, Fabián Pérez Flores, manifestó que el paro no tiene razón de ser, porque el gobierno de Sánchez Anaya ha atendido puntual y cuidadosamente los planteamientos formulados por la dirigencia sindical. Los compromisos, indicó, están siendo desahogados de manera consensada entre ambas partes, además de que se dio respuesta a demandas adicionales para la construcción del edificio sindical y estímulos para los trabajadores.
Por su parte, el dirigente sindical explicó que el problema surgió a principios de 1999, ya que tras la renuncia de Francisco Javier Juárez Sánchez, el gobernador designó a Martha Elena Célis, a lo que se opuso el sindicato porque se tenían antecedentes de que la funcionaria había cometido severas irregularidades en su posición de segundo nivel, y Sánchez Anaya pidió tres meses de plazo para evaluar su trabajo.
Sánchez Hernández sostuvo que a 11 meses de esa petición, la funcionaria continúa con su actitud de violar los derechos laborales, actúa con despotismo y ha tenido el atrevimiento de acusar públicamente de ladrones a los trabajadores.
El secretario de Gobierno pidió a la dirigencia de los trabajadores a continuar dialogando y realizar un trabajo permanente a favor de los servicios de salud. Sobre la demanda de remoción de la funcionaria, Pérez Flores sostuvo que aún no concluye el proceso de revisión.