ETA: DEL ASESINATO AL SUICIDIO

El repudiable asesinato del parlamentario socialista vasco Fernando Buesa Blanco y de su escolta Jorge Díez Elorza, perpetrado ayer en Vitoria por ETA, rubrica y confirma la renuncia de esa organización armada a cualquier perspectiva de paz en el País Vasco y con el Estado español.

Hace un mes, el no menos condenable homicidio del teniente general Pedro Antonio Blanco García, en Madrid, marcó el retorno de los etarras a la violencia criminal, después de una tregua unilateral que se prolongó durante 14 meses ųde septiembre de 1998 a noviembre del año pasadoų; esa suspensión de hostilidades suscitó la reagrupación de los sectores nacionalistas democráticos y civiles del País Vasco (en el Pacto de Estella o Lizarra-Garazi) y fue, en ese sentido, positiva. Sin embargo, el empeño pacificador fue descalificado desde el inicio y mientras duró, y hasta boicoteado, por el gobierno de Madrid.

En esta ocasión ETA ha ido más allá: ha atacado en el corazón de Euzkadi para asesinar a un civil vasco que participó, si bien desde posturas no separatistas, en la construcción autonómica; Buesa Blanco fue vicepresidente del País Vasco entre 1990 y 1994, y contribuyó, como parlamentario, a un acuerdo político que permitió la inclusión en el sistema educativo público de centros de enseñanza en vascuence, las ikastolas.

El homicidio diluye, así, la verosimilitud de cualquier justificación nacionalista que pudieran esgrimir los etarras y sus simpatizantes, vuelve a colocar de lleno a la organización armada en el ámbito de la delincuencia sin adjetivos, destruye los esfuerzos de los partidos y organizaciones civiles de Euzkadi por dirimir el añejo conflicto en el terreno de la política civilizada, refuerza a los sectores antinacionalistas más intolerantes del gobierno de Aznar y de la vida política española en general y liquida la viabilidad del Pacto de Estella, que se encontraba en suspenso desde el atentado en Madrid de hace un mes; de hecho, como reacción al crimen de Vitoria, el presidente vasco, Juan José Ibarretxe, declaró "formalmente roto a todos los efectos" su acuerdo con Euskal Herritarrok (EH), formación política considerada cercana a ETA, toda vez que sus dirigentes no han sido capaces de formular "una manifestación nítida de rechazo y desaprobación" ante esas acciones criminales e injustificables.

En ese contexto, no es exagerado afirmar que Buesa Blanco y Díez Elorza no son las únicas víctimas del bombazo de ayer; el atentado fue dirigido, también, contra todos los vascos que se han esforzado por tender puentes entre ETA y las esferas políticas, y que han sufrido por ello persecución, cárcel y toda suerte de abusos policiacos.

Además de la justificada exasperación por la violencia asesina de ETA, permanece, sin embargo, la esperanza de que atentados como el perpetrado ayer en Vitoria produzcan una erosión moral significativa entre los simpatizantes y colaboradores que aún le quedan a los separatistas violentos en el País Vasco, y sin cuya existencia sería imposible explicar tanto la persistencia de los etarras como los fracasos policiales para lograr el desmantelamiento total y definitivo del grupo armado.

ETA se ha colocado, sin atenuantes, como enemiga de la democracia y la convivencia pacífica en el País Vasco, y como aliada de la mano dura policial y la ceguera de Madrid ante el drama de Euzkadi. Por eso, el doble asesinato cometido ayer en Vitoria es también expresión de un suicidio político.