Ť Ante el incumplimiento de la sentencia, el expediente fue turnado a la SCJN

Gallardo obtuvo amparo y sigue siendo general

Ť De no acatarse el fallo del tribunal, el director de Personal de la Sedena podría ser destituido

Jesús Aranda Ť La justicia federal amparó al general José Francisco Gallardo en contra de la decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional de destituirlo de su cargo de general brigadier, pero ante el incumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades castrenses, el expediente fue turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que ésta obligue a la Sedena a acatar el fallo.

Con esta resolución, el quinto tribunal colegiado en materia administrativa y el juzgado primero de distrito ordenaron dejar sin efecto el oficio girado el 8 de octubre de 1998, por acuerdo del secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, mediante el cual se le notificaba al militar preso que quedaba ''destituido'' de su cargo, por lo que tenía que entregar a la autoridad castrense las patentes de sus grados.

Lo anterior se informó ayer en conferencia de prensa ofrecida por José Francisco, Alejandro y Marco Vinicio Gallardo Enríquez, hijos del militar preso, quienes añadieron que aun cuando Gallardo recibió la notificación del alto mando de que tenía que entregar sus patentes de grado, lo hizo bajo protesta e interpuso un amparo ante la justicia federal, la cual en segunda instancia le dio la razón.

El dictamen del tribunal precisa que, a pesar de que la justicia castrense condenó a Gallardo a 28 años y 8 meses de prisión, no se trata de una sentencia ''firme e irrevocable'', toda vez que ''cualquier resolución condenatoria privativa de la libertad es impugnable en última instancia de amparo en cualquier tiempo'', por lo que ''la autoridad responsable no motivaba en forma alguna el acto de autoridad reclamado''.

Se pretendió acusarlo de ''usurpación de funciones''

Después de que el tribunal resolvió y emplazó al director general de Personal de la Defensa Nacional, general José Angel García Elizalde, a cumplir con el mandato judicial, éste respondió con otro documento en el que aseguraba que el oficio 13547 ųen el que informaba a Gallardo de que perdía su empleo de general brigadierų había quedado sin efecto.

Sin embargo, cuando se regresó el expediente al juez primero de distrito ųquien conoció originalmente la causa penalų, éste se encontró con que la Defensa Nacional no sólo no había cumplido en los hechos en reconocer oficialmente que Gallardo sigue siendo general brigadier, sino que además, le prohibió al militar preso ''en depósito'' en la cárcel civil Neza-Bordo, que firmara como general, so pena de ser acusado de usurpación de funciones.

Gallardo se inconformó ante la actitud de la Sedena y solicitó la intervención del juez de la causa, el cual determinó que era ''procedente y fundada'' la denuncia del general ''por existir la repetición del acto reclamado, lo que es violatorio de la cosa juzgada en amparo, implicando el incumplimiento de la sentencia correspondiente''.

Así, con fecha 3 de febrero del presente año, el juez de distrito ordenó ''remitir de inmediato'' los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes, los cuales pueden llegar incluso hasta la destitución del general García Elizalde, en caso de negarse a acatar la resolución judicial.

Por cierto, fuentes de la Corte explicaron que este trámite ųque inicialmente será turnado a la Unidad de Inejecuciones de Sentenciasų podría resolverse en alrededor de un mes y medio, y no descartaron la posibilidad de que se aplique sanción ejemplar en caso de que persista el incumplimiento. ''No importa que sea militar'', apuntaron.

Cabe señalar que la resolución judicial que remite los autos a la Suprema Corte reitera que aun cuando Gallardo fue sentenciado a más de 28 años de prisión, se le destituyó e inhabilitó por 10 años para servir en el Ejército; dicha sentencia ''es susceptible de ser impugnada a través del juicio de amparo en cualquier tiempo'', por lo que no se trata de una resolución firme ųcomo lo ha querido hacer ver la justicia castrense.

Con éste suman 17 los amparos en materia penal y 20 en materia administrativa conseguidos por el general Gallardo en 16 averiguaciones previas, 9 causas penales, 7 autos de formal prisión y más de 20 delitos impugnados, que llevaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a organizaciones como Amnistía Internacional, a denunciar que Gallardo es un ''preso de conciencia''.

A su vez, José Francisco Gallardo ųquien trascendió que aspira a una diputación externa de la Alianza por Méxicoų aseveró que la resolución de marras demuestra la actitud persecutoria del alto mando militar en contra de su padre, a la que por cierto se sumó la canciller Rosario Green, cuando en sus declaraciones y escritos se refería a él como ''ex general Gallardo''.

Por otra parte, adelantó que la sentencia referida será presentada en fecha próxima ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como una prueba de que el gobierno mexicano no sólo se niega a cumplir la recomendación para dejar libre al general, sino que también demuestra que continúa la campaña de hostigamiento y desprestigio en su contra.

Les informamos, concluyeron los hermanos Gallardo, que José Francisco Gallardo Rodríguez ''sigue siendo y seguirá siendo general brigadier del Ejército Mexicano'', y que están también a la espera de que se resuelva a su favor el amparo interpuesto para que su padre sea recluido en una prisión militar, de acuerdo con su cargo, toda vez que el amparo directo en contra de la sentencia por más de 28 años de prisión, se presentará ''cuando los tiempos políticos'' sean más favorables para su causa, es decir, cuando termine la presente administración.