Alberto J. Olvera
Campañas electorales: la dimensión oculta

Mientras el país concentra su atención en los históricos sucesos de la UNAM, otros procesos políticos de trascendencia nacional transcurren en forma soterrada. Uno de ellos es la selección de los candidatos a los miles de puestos de elección popular, que estarán en juego en las elecciones federales de julio y en las múltiples elecciones locales de este año. Otro más tiene que ver con los preparativos organizacionales para dichas elecciones. Cada uno de estos procesos se sitúa en uno de los extremos en los que se mueve la opinión pública frente a los procesos electorales.

Las campañas de los candidatos a la Presidencia no atraen la atención ciudadana. Una de las razones es la creciente desconfianza pública hacia el discurso político, que suena cada vez más vacío a un público saturado de la política de acusaciones mutuas predominante hasta hoy. Más serio aún es el hecho de que las estructuras de los partidos no han podido transformarse en mecanismos de apoyo a sus respectivos candidatos. La causa es que los conflictos internos los devoran en este periodo de selección de sus candidatos a los puestos de elección popular.

De un lado, la Alianza por México se enfrenta al doble problema de una conflictiva selección interna de candidatos dentro de un partido de sectas como es el PRD y la falta de reglas precisas para definir las candidaturas que deberán entregarse a los demás partidos coligados. En buena parte del país son transparentes los pleitos de grupos y personas, al igual que las presiones mutuas de los partidos de la alianza. Este hecho afecta el prestigio de la alianza, pues sus luchas intestinas parecen meros conflictos de interés (que lo son) y no luchas ideológicas o de principios.

La Alianza por el Cambio mantiene más oculto el conflicto por las posiciones, pero en el fondo hay una lucha entre los Amigos de Fox, que están cargando con el peso de la campaña presidencial, y la estructura formal del PAN. En varias entidades hay enfrentamientos que son del dominio público y que son percibidos como luchas de interés. La necesidad de cumplir el acuerdo con el Partido Verde obligará al PAN a experimentar pronto una fase de agudización de conflictos internos.

En el PRI las cosas no andan mejor. De hecho, la falta de una dirección nacional fuerte ha conducido a este partido a convertirse en una federación de grupos, que abiertamente se enfrentan por los puestos disponibles. La autoridad máxima de tiempos pasados, el Presidente, cuenta poco ahora, y el candidato oficial no logra mantener a todos los grupos y líderes bajo su control.

Un proceso de signo contrario ha ocurrido en la estructura del Instituto Federal Electoral (IFE) en todo el país. La selección de los miembros de las Juntas Locales Electorales (que organizan las elecciones federales en los estados) se dio esta vez sin que los partidos intervinieran, lo que dio pie a la selección de ciudadanos realmente comprometidos con la transparencia y la legalidad electorales. A su vez, ellos nombraron a los consejeros distritales seleccionando ciudadanos realmente independientes. En general, el resultado ha sido notable, creándose por primera vez las condiciones para que la mayoría de los consejos distritales tenga la capacidad de controlar al aparato ejecutivo del IFE y la vocación de impedir, hasta donde la ley se los permite, la violación de los derechos políticos.

Además, el IFE como institución ha aprendido de sus errores pasados y tiene hoy más posibilidades de generar controles, así sea simbólicos, de la desigualdad en la competencia y de la compra y coacción del voto. Este último aspecto será también vigilado por una comisión especial de la Cámara de Diputados. Y las organizaciones civiles como la Alianza Cívica volverán a poner su grano de arena.

El contraste entre el activismo de un grupo de ciudadanos que trata de hacer funcionar las instituciones electorales y la creciente desconfianza popular hacia los partidos es notable. Esta contradicción puede traducirse en una abstención masiva, si los partidos de oposición no son capaces de demostrar que son mejor alternativa que la continuidad del régimen. El desaliento de la minoría activada, de por sí grave hoy, sería mayúsculo. La oposición debe recuperar su legitimidad frente a la ciudadanía con propuestas y una política de principios.