Ť Uniformados interceptaron a manifestantes
Muere jefe policiaco durante un zafarrancho en Yajalón
Ť Cafeticultores responsabilizan de la trifulca al alcalde
Juan Balboa, Elio Henríquez y Angeles Mariscal, corresponsales Ť Un subteniente de la policía murió durante una manifestación de cafeticultores en el municipio de Yajalón, Chiapas. Aunque la Procuraduría de Justicia del estado insiste en que falleció a causa de una pedrada de los manifestantes, personal del hospital de la región confirmó que Rodrigo Ortega Ramos dejó de existir a causa de una herida de bala.
A las diez de la mañana, unos 300 indígenas choles de las comunidades de San Fernando Joshil, Tocop, Lumiljá y Chashis, de los municipios de Tumbalá, Tila y Yajalón, fueron interceptados por policías de Seguridad Pública armados, cuando se dirigían a las bodegas de café ubicadas afuera de la cabecera municipal de Yajalón, en la zona norte de Chiapas.
Según la versión de varios pobladores y de los indígenas, los uniformados les taparon el paso y empezaron a tirar gases lacrimógenos. Dos de los policías hicieron disparos al aire y algunos más, incluido el subteniente Rodrigo Ortega Ramos, tiraron hacia los pies de los manifestantes.
El procurador estatal, Eduardo Montoya, acusó al dirigente perredista Francisco Mayo de enardecer a la muchedumbre e incitarla a utilizar palos, piedras y machetes contra los siete policías que custodiaban la presidencia, quienes, aseguró, nunca utilizaron sus armas, "a pesar de la agresión de que fueron objeto".
Tras indicar que un operador político atenderá a los productores de café en su demanda de incremento al precio, advirtió que se deslindarán responsabilidades y se procederá a detener a quienes resulten culpables del homicidio contra el elemento policiaco.
Confirmó que decenas de uniformados de la entidad reforzaron la vigilancia en el pueblo, sobre todo en las entradas y salidas para evitar ser sorprendidos.
El secretario particular del alcalde, Baltre Gutiérrez, señaló a su vez que cuando los campesinos llegaron a la presidencia municipal arremetieron con palos y piedras contra los policías que custodiaban el inmueble y éstos respondieron lanzando gases lacrimógenos para dispersar a la muchedumbre.
El enfrentamiento duró por lo menos una hora y como resultado, algunos campesinos resultaron intoxicados y con golpes contusos. Posteriormente, los inconformes se apostaron en el parque central de Yajalón, por lo que el presidente municipal, Miguel Constantino Maldonado, pidió la presencia de un destacamento militar y de más policías de Seguridad Pública para desalojarlos.
Los campesinos lo acusaron de provocar el incidente, debido a que el pasado domingo informó a los productores sobre el impuesto de 3.50 pesos por cada costal de café que pasa por el lugar.
Dijeron que el alcalde se dedica a acaparar el aromático, e incluso utiliza los camiones del ayuntamiento para recolectarlo en las comunidades y venderlo a un mayor precio.
Catorce representantes de varias comunidades de los municipios de Tumbalá, Tila y Yajalón, entre ellos Sebastián Alvaro, Juan López y Miguel Sánchez, confirmaron que protestaban por los bajos precios del café y por el apoyo de las autoridades municipales y estatales a los compradores del grano (conocidos como coyotes).
Al lugar acudieron diputados del PRD, quienes se deslindaron de los hechos, pero la tensión continuaba esta tarde.
Orden de arresto contra 35 campesinos
Por otro lado, un juez giró una orden de aprehensión contra 15 líderes campesinos del municipio de Venustiano Carranza, quienes mantienen tomada la presidencia en demanda de la destitución del alcalde, Isaías Montes de Oca. A su vez, transportistas secuestraron unidades vehiculares del ayuntamiento y otras de una línea del ramo que ilegalmente trabaja la familia de caciques más poderosa de la zona.
Al cumplirse dos semanas de que campesinos militantes del PRD y de diversas organizaciones de labriegos tomaran la citada presidencia, para exigir la destitución del munícipe, a quien acusan de malversación de fondos y nepotismo, un juez mixto de primera instancia dio entrada a la demanda presentada por Montes de Oca.
Al considerarlos presuntos responsables de los delitos de despojo, daños y lesiones, según el expediente penal 35/2000, giró órdenes de aprehensión contra dos regidoras del ayuntamiento, tres integrantes del cabildo, del dirigente municipal del PRD y de otros 10 dirigentes campesinos, quienes iniciaron un juicio de amparo a su favor.