* Los cambios demuestran que continúa la impunidad, dicen
Representantes del Estado con mano dura, equipo del rector: académicos
* La Magna Asamblea denuncia que se intenta evitar la disidencia en la Universidad Nacional
Karina Avilés * La Magna Asamblea Académica expresó que algunos de los nuevos integrantes del equipo del rector son representantes del Estado para ejercer "mano dura" y evitar la disidencia en la máxima casa de estudios y advirtió que directores de diferentes planteles se han negado a expedir las cartas ųque "inclusive ya fueron autorizadas por una comisión del Consejo Universitario"ų para solicitar el desistimiento penal y avalar la "no peligrosidad social" de estudiantes y profesores acusados de diferentes delitos.
En conferencia de prensa, el académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPS), Humberto Vega, expresó su preocupación por "el nombramiento de figuras muy vinculadas al gobierno" en el equipo de Juan Ramón de la Fuente.
Por ejemplo, dijo, el nuevo secretario general, Enrique del Val, "ha sido el estratega de la miseria del país, a través de los programas del Pronasol". Mientras que el secretario de la rectoría, Alberto Pérez Blas, fue "pieza muy importante del grupo Carpizo, fue también coordinador de asesores de Alfonso Navarrete y comisionado de Migración, es un representante de la Procuraduría General de la República. Es un policía, que diga qué libros, qué obras tiene, que diga cuál es su trayectoria académica".
En tanto, "José Narro (coordinador para la reforma universitaria) se ha distinguido como uno de los principales exponentes de la burocracia. Hoy podemos ver destruida a la universidad por esta burocracia que ha minado sus capacidades".
También subrayó que con los nombramientos se da "un desplazamiento de los integrantes del grupo Sarukhán y particularmente con la llegada de René Drucker a la Coordinación de Investigación Científica. Esto va a crear un conflicto porque el de Sarukhán es un grupo duro".
En resumen, señaló, varios de los integrantes del equipo del rector son "representantes del Estado, que van a ejercer mano dura" para evitar corrientes diferentes a la que ellos proponen, "con la observación de que hay una disidencia institucionalizada que es la del PRD".
Humberto Vega expresó que "la impunidad ejercida por el Estado continúa" y mientras esto ocurre, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha cumplido con su deber en el conflicto universitario.
Por su parte, profesores del CCH Vallejo afirmaron que el director del plantel, Ramón Adán Paredes, se ha negado a expedir cartas para pedir el desistimiento de las acusaciones y avalar la "no peligrosidad social" de estudiantes y alumnos de ese plantel. Esto, a pesar de que "la Comisión de Trabajo Académico del CU aprobó elaborar estas recomendaciones".
Por su parte, la profesora María Esther Navarro, de la FCPS, manifestó su asombro por la aceptación institucional de la presencia de porros contratados por la universidad.
Al respecto aseguró que en una reunión, y con la presencia de casi 30 profesores y de la propia directora interina de la facultad, Rosa María Piñón, el coordinador de la carrera, Alfredo Andrade, "aceptó la presencia de porros en las reinscripciones de agosto pasado, y afirmó que él no los contrató, sino la Dirección de Protección a la Comunidad".
Navarro agregó que la normalización de la vida académica en la UNAM no se ha dado, pues existe un sentimiento "de luto" y de agravio entre los universitarios por todos los hechos que se han dado en la universidad. De manera particular, la entrada de la fuerza pública.
En un comunicado, la magna asamblea fijó su posición: "La normalización de la vida académica es imposible mientras esté en la cárcel uno solo de los universitarios, mientras existan órdenes de aprehensión contra alumnos o profesores de nuestra universidad y en tanto no se cumplan los acuerdos firmados por las autoridades y se fijen bilateralmente las condiciones para realizar el congreso".