* Amanecer violento en Francisco I. Madero

Deviene juicio sumario la ira de pueblo hidalguense

* Catarsis colectiva luego de la recuperación de la normal

Al cierre de la edición, el alcalde Martiniano González hacía esfuerzos por concretar la otra parte de la difícil negociación: la liberación de 60 granaderos que fueron retenidos por la rebelión popular que desató la incursión violenta del cuerpo policiaco.

Tiritando de frío, medio desnudos, despojados de sus armas, toletes y prepotencia, contemplaron su juicio sumario y popular. La plaza del pueblo se mantenía repleta, como estuvo durante todo el día. La ira popular generada por la incursión violenta del cuerpo de granaderos para tomar la escuela impedía concretar cualquier intento de negociación.

Para entonces, el más ardiente defensor era el alcalde, que clama por su liberación como única fórmula para evitar un mayor conflicto político y social. Tras una hora de juicio público y sin calmar del todo la irritación de la gente, se logró finalmente la liberación de los granaderos detenidos.

Se espera que este domingo se inicien las negociaciones entre el gobierno estatal y una comisión de padres y estudiantes para discutir el futuro de la normal que, por ahora, quedará bajo resguardo de los padres de familia.

Jornada contra la represión

Con el amanecer llegó la represión, dice el pueblo. "Así nomás, póngale el pueblo", ordena un padre de familia. Y es que casi ningún testigo de los hechos accedió a identificarse, pero todos coinciden en la forma como se desataron los hechos.

Seis de la mañana: Un convoy de camionetas saturada de granaderos llegó a la cabecera municipal de Francisco I. Madero, de paso rumbo a El Mexe, a pesar de que es el amanecer del día, ya era la segunda etapa del operativo, según le llaman las autoridades, de la represión, como lo califica la comunidad.

Tres horas antes había sido desalojado el plantón de normalistas que se mantenían en palacio de gobierno, en Pachuca. Testigos de los hechos hablan del montaje oficial que desde entonces se hizo: el operativo se realizó sin violencia, los estudiantes no opusieron resistencia, pero una vez sometidos, la fuerza pública procedió a armar su escenario y comenzó a quebrar los vidrios de la sede del gobierno para justificar la versión oficial que horas después circularía y que atribuyó la reacción policiaca a un intento estudiantil de tomar el edificio.

Con rapidez, los granaderos cubrieron los acceso a El Mexe. Sin aviso alguno a la autoridad municipal, procedieron a la toma de la escuela, de inmediato se dirigieron a la zona de dormitorios para aprehender a los estudiantes, la mayoría aún en el sueño.

Temoroso y negándose a identificar, uno de los estudiantes da su versión: entraron pateando puertas, gritando que no resistiéramos, a quienes tenían sus dormitorios sin llave rápidamente se los llevaron, a otros se los abrieron a patadas como intentaron hacerlo en el mío, pero no pudieron.

Su padre, quien también se niega a identificar, uno de los tantos que hoy coinciden en decirse que son "el pueblo". Llegó a las siete de la mañana, cuando comenzó a corerse la voz entre las comunidades aledañas de que había llegado la policía.

"Vine y les dije que aunque me pegaran yo iba a entrar por mi hijo, me pegaron dos garrotazos pero como pude entré y le grité a mi hijo". Su testimonio es parte de una catársis colectiva de quienes resguardan la normal y que participaron en la retoma de la escuela.

A un lado de una hoguera que lleva horas ardiendo, dan cuenta de la forma como recuperaron las escuela. La cosa corrió rápido. A las ocho de la mañana ya lo sabía todo el pueblo y comenzamos a organizarnos porque la agresión ya no era sólo a la normal, sino el pueblo en general.

La denuncia colectiva coincide en la violencia cómo los estudiantes detenidos fueron subidos a los autobuses que llevó la policía y que, ante algunas protestas de la gente, se arremetió contra los civiles que se opusieron, deteniendo también a otros cuantos.

Lentamente la gente se fue congregando en la mañana a los diversos accesos a la normal. Hubo un frustrado intento de negociación para que salieran de la escuela pacíficamente, pero la respuesta de quien estaba al mando del operativo fue que ellos habían sido enviados y que tendrían que consultar a la autoridad.

No hubo manera de convencerlos, dice un maestro, como tampoco de que la gente se pudiera contener. Fue así como a las diez horas comenzó la "rebelión popular". Se prendió una hoguera en los accesos mientras que por otro comenzó a internarse la gente en medio de una andanada de gases lacrimógenos para repeler la agresión. Disparos al aire y petardos pretendieron contrarrestar a la gente que entraba con palos y piedras, lo que obligó a los 300 granaderos a replegarse al interior de la escuela.

Ante el desequilibrio en el número, el se apoderó de la policía que comenzó a saltarse la barda y a ''huirse al cerro'' o echarse al canal de aguas negras con tal de salir. Muchos lo pudieron hacer pero otros fueron acorralados contra la puerta donde ardía la hoguera, lo que les impidió la fuga.

En medio de la acción fueron incendiadas siete camionetas y once más destrozadas. Una vez sometidos, siguió la amenaza del desbordamiento popular. Hubo intenciones de quemar a algunos o de colgarlos, pero finalmente, en medio de los gritos, llegó la disuación del gobierno municipal para tratar de distender el asunto.

Una vez recuperada la escuela, estudiantes iniciaron la inspección detectando un arsenal de armas que tenía la policía, mientras algunos estudiantes lograron salir del canal de aguas negras donde se escondieron durante horas.

Ya trasladados a la plaza, despojados de su indumentaria, los granaderos parecen dóciles, incluso muestran carteles autovejatorios: "Soy soplón de Núñez Soto (el gobernador)", dice uno. A esas horas el alcalde ya había comenzado los contactos con la Secretaría de Gobierno para buscar una salida.

A las 17 horas se logra un primer acercamiento con representantes de la comunidad y se reúnen en el municipio de Actopan con una comisión del gobierno estatal.

Dos horas después el alcalde llegó a la plaza del pueblo para tratar de finiquitar la negociación. Para entonces aún arde una hoguera encendida en la plaza atizada con botas de tipo militar y chalecos antibalas que portaban quienes ahora están sometidos "a juicio".

La gente no cesó de insultarlos e identificarlos con la agresión, lo que complicó su liberación. El alcalde sostenía que aunque no era un canje por los estudiantes, era imprescindible liberarlos para evitar un mayor conflicto. Tensos momentos de reclamo de la comunidad precedieron a la decisión final de liberarlos.

* Campaña represiva

Organizaciones sociales repudian la acción de fuerza

Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez * El desalojo y la detención de estudiantes de la Normal Rural de El Mexe, Hidalgo, fue calificada por el Consejo General de Huelga de la UNAM, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación como una campaña de represión que pone en peligro el acceso de jóvenes de escasos recursos a la educación superior.

"Todo indica que El Mexe se convirtió en una UNAM en chiquito, donde los estudiantes se ven una vez más reprimidos", dijo Rigoberto Hernández, estudiante de la normal e integrante de la comisión negociadora que buscó, mediante el diálogo, un acercamiento con las autoridades.

Rigoberto Hernández se presentó ayer en el auditorio Ho Chi Min de la Facutad de Economía de la UNAM, donde se conformó el Consejo Nacional de Lucha, para informar de los recientes sucesos en Hidalgo.

Según el CGH, el Estado "repite" sus mecanismos de represión para disolver un movimiento estudiantil con el uso de la fuerza pública y "el acoso del Ejército".

Exigió a los gobiernos federal y de Hidalgo "detener la represión hacia los normalistas" y responsabilizaron a Ernesto Zedillo y al candidato presidencial priísta, Francisco Labastida Ochoa de la integridad física de los estudiantes en lucha y sus familiares.

Rafael Alvarez, primer visitador del Miguel Pro Juárez, opinó que "la lucha de los normalistas está dentro del derecho a la educación y con el acoso recibido se pone en peligro el acceso de los jóvenes de escasos recursos a la educación superior. Se trata de criminalizar a la disidencia política y a un problema de índole educativo y social, se le da un tratamiento penal de manera similar a lo que pasó en la UNAM".

La secretaria de prensa de la sección nueve del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, María Refugio Jiménez, consideró la situación en Hidalgo como "una muestra de represión del gobierno" hacia los movimientos democráticos, de estudiantes y campesinos, como en el caso de Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

"Aquí nos damos cuenta que la estrategia de Ernesto Zedillo y Diódoro Carrasco (secretario de Gobernación) es implementar una guerra de baja intensidad contra el pueblo para acallar las voces críticas. Es claro que la represión es fuerte contra el CGH y El Mexe".