* Defensores de paristas los citarán como testigos de descargo
Comparecerían Zedillo y De la Fuente
* Argumentan que hay un problema de independencia jurídica
* Flagrante contradicción en los criterios judiciales, aseguran
José Galán * La defensa de los 290 paristas todavía presos en el Reclusorio Norte anunció ayer que citará como testigos de descargo en los juzgados segundo, quinto y sexto de distrito, conforme a su derecho, al presidente Ernesto Zedillo, al rector Juan Ramón de la Fuente, al ex rector Francisco Barnés de Castro y a los médicos legistas que calificaron las lesiones de los jóvenes, catalogados como "presos de conciencia" por sus representantes legales.
Además, también serán llamados a declarar los cerca de 25 miembros de la Policía Judicial Federal que se infiltraron en el movimiento estudiantil; los elementos de la Policía Federal Preventiva que participaron en los hechos de la Preparatoria 3 el primero de febrero, y de Ciudad Universitaria el día 6 del mismo mes, y los directores, académicos y trabajadores de todos los planteles, para que declaren sobre su responsabilidad en los hechos.
En el caso del primer mandatario, afirmó José Elíseo Chávez Barrios, del equipo de defensores, la intención es que aclare por qué ante la televisión hizo pública su responsabilidad sobre la entrada de la PFP en los citados planteles, "y nuestra pregunta es Ƒno fue la juez segunda de distrito quien ordenó la entrada de la policía? Entonces, estamos aquí ante un problema de independencia jurídica de los órganos de impartición de justicia", alegó.
Que ofrezcan explicaciones
Solicitan la comparecencia del rector Juan Ramón de la Fuente, quien "en declaraciones a diversos medios electrónicos, principalmente noticiarios de radio, hizo suya la responsa bilidad del ingreso de la policía a la UNAM, lo que representa una violación a la autonomía universitaria".
La defensa criticó además la "flagrante contradicción" de criterios de los jueces ante los mismos hechos, "lo que denota, en referencia a la magistrada María del Carmen Pérez Cervantes, la existencia de "jueces de consigna", que "de manera sumisa, parcial e ilegal acatan la línea política dictada por el gobierno federal, en detrimento de la separación de poderes y de la impartición de justicia".
El equipo de abogados, compuesto por Francisco Javier Cureño Suriano, Sergio Soto y Juan de Dios Hernández Monge rechazó cualquier imputación de que su trabajo tenga como fundamento la premisa de que "o salen todos o no sale nadie", porque, dijeron, "estamos a favor de la libertad de todos y cada uno de los 290 paristas presos. No actuamos con favoritismo. Cuarenta de ellos cuentan con defensa particular, pero nosotros estamos abocados a demostrar la inocencia de 255 miembros del CGH desde nuestro equipo de trabajo".
Jueces de consigna
Para hacer notar la existencia "de jueces de consigna", la defensa consideró suficiente referir lo ocurrido el sábado 12 de febrero de 2000, cuando, a las 9:00 horas, se inició la audiencia de ampliación de declaraciones de los denunciantes de la causa penal 20/2000 en el juzgado segundo de distrito, donde Ignacio Burgoa, Raúl Carrancá y Othón Pérez Fernández respondieron al interrogatorio de la defensa, que culminó a las 11 horas, y el auto de formal prisión "se dictó supuestamente a las 12 horas".
Es decir, aduce la defensa, la juez Pérez Cervantes "leyó 300 fojas tamaño oficio en apenas treinta minutos, tiempo que supuestamente le sirvió para interiorizarse de las ampliaciones de las declaraciones de los denunciantes".
Además, denunció la "forma selectiva, del todo injustificada", utilizada tanto por la UNAM como la PGR, el Ministerio Público Federal y los jueces de Distrito "para conceder la libertad tan sólo a algunos de los detenidos, cuando todos están por los mismos hechos".
* Las detenciones, por servicios de espionaje de la UNAM
Karina Avilés * Los servicios "de espionaje e inteligencia de la Universidad Nacional Autónoma de México" sirvieron para cargar acusaciones a los huelguistas presos de la máxima casa de estudios, denunció uno de los coordinadores de la defensa legal de los alumnos encarcelados, Sergio Soto Najera.
En las causas penales contra los paristas se denotan "los servicios de inteligencia y de espionaje al interior de la UNAM", en colaboración con la mayoría de los directores de escuelas, facultades e institutos, según consta en los propios expedientes judiciales, afirma.
En entrevista con La Jornada, el abogado habla de las irregularidades en el proceso, las estancias infructuosas en la rectoría en espera de que Juan Ramón de la Fuente reciba a los defensores legales de los paristas, así como las razones jurídicas que explican por qué son presos de conciencia los alumnos de la universidad.
Asegura que en los expedientes penales consta que la gran parte de los directores de escuelas y facultades de la UNAM "sirvieron como enlace para el espionaje dentro de la universidad, porque ellos fueron los que proporcionaron los nombres de los estudiantes, los kardex y los números de los muchachos" que en estos momentos se encuentran detenidos.
No había imputaciones directas
"Casi la mayoría sirvió de soplón, luego de un falso testimonio para encarcelar a quienes consideraron sus enemigos. Lo más grave es que esto sucedió entre universitarios". Ellos, recalca, proporcionaron información a la Procuraduría General de la República (PGR) de cada uno de los estudiantes que participaron en el movimiento estudiantil.
Por otra parte, dijo que los abogados Ignacio Burgoa Orihuela, Raúl Carrancá y Othón Pérez Fernández "no hicieron ninguna imputación directa y categórica contra alguien en específico, simplemente presentaron una denuncia genérica".
Lo anterior deriva en una situación "tremenda que sólo se vio en la inquisición y en las dictaduras", que son "maxiprocesos", donde aprehenden a todos juntos y no existe una acción individualizada de la persona, excepto en el caso de tres muchachos que fueron sorprendidos con bombas molotov, añade.
En forma sintética, explica, las irregularidades consisten en que "no se pueden acreditar los cargos de despojo, daño en propiedad ajena, robo calificado, motín, asociación delictuosa y demás delitos".
Lo anterior se presta "a una violación flagrante de los derechos humanos, de las garantías de defensa y legalidad jurídica...Como abogados, estamos convencidos de que el movimiento del CGH representa una de las batallas más intensas y legítimas del pueblo mexicano de fin de siglo", expresa.
Presos por una razón de Estado
Soto Najera afirma que los huelguistas están presos por una razón de Estado "y no sólo lo digo yo, lo dijo el secretario de Gobernación, Diódoro Carrasco, ante los medios el día de la toma de la preparatoria 3".
En términos jurídicos, esto significa que "no existe un control constitucional contra la idea o invocación de razón de Estado. Por ello, el hecho es sumamente grave: estamos hablando de cientos de presos de conciencia en términos del derecho internacional humanitario", agrega.
Otra cuestión fundamental es que las autoridades de la UNAM reconocieron al CGH como único interlocutor para resolver el conflicto. "Estaban a punto de arreglarlo cuando Juan Ramón de la Fuente, junto con las autoridades federales, prácticamente optó por el procedimiento político-policiaco-militar: El asalto a la razón".
Por otro lado, "es falso" que las autoridades universitarias hayan presentado el desistimiento a favor de los estudiantes, como lo ha declarado De la Fuente. De los 249 que están presos, sólo se ha desistido de un alumno que fue acusado por el delito de despojo, "y ya empezó a desistirse en cuanto hace al delito de propiedad ajena respecto a 80 alumnos".
Pero si en verdad la UNAM retirara los cargos por cuanto hace al delito de despojo y daño en propiedad ajena, cerca de 80 por ciento de los 249 estuviera en libertad. Y si la PGR pidiera el sobreseimiento de los delitos que se persiguen de oficio ųmotín, robo calificado, robo específico y asociación delictuosaų los muchachos "están afuera", apunta.