La Jornada sábado 19 de febrero de 2000

Gilberto López y Rivas
ƑDe Secretaría de Gobernación a Ministerio del Interior?

Ante el torbellino político que representa la campaña electoral que culminará el 2 de julio de este año, no parece haber conciencia pública sobre lo que representa para el país la existencia de la actual Policía Federal Preventiva (PFP), tal como la integró finalmente el Poder Ejecutivo por la vía de los actos consumados y en violación a la ley que la creó y a la propia Constitución.

El transitorio tercero de la Ley de la PFP faculta al Ejecutivo federal para la transferencia de "recursos humanos, materiales y financieros de las policías administrativas, cuya competencia corresponderá a la Policía Federal Preventiva". En el mismo transitorio se asienta: "Los miembros de las policías administrativas antes citadas exclusivamente podrán formar parte de la Policía Federal Preventiva si cumplen con los requisitos que establece la ley para su ingreso o permanencia".

En ningún momento el Congreso de la Unión dio autorización en el decreto que expide la Ley de la PFP ni en su articulado ni en sus transitorios (Diario Oficial del lunes 4 de enero de 1999) para incorporar a 5 mil efectivos del Ejército, ni mucho menos para dotar a la Secretaría de Gobernación de personal militar para su uso discrecional, lo que cambia radicalmente la propia naturaleza de Gobernación y la transforma, de la noche a la mañana y sin que medie en ello marco jurídico alguno, en un Ministerio del Interior como el que funcionaba en la extinta Unión Soviética, en otros países del socialismo real e, incluso, en la Nicaragua sandinista.

Los ministerios del Interior tenían el control de todos los puntos estratégicos del país en cuestión, como zonas fronterizas, aduanas, carreteras, aeropuertos, vías de comunicación; contaban con tropas de elite a su disposición, con armas exclusivas de las fuerzas armadas, armamento pesado y para control de multitudes, así como poderosos organismos de información e inteligencia a los que se denominaba con toda propiedad, por sus funciones y características, órganos de "seguridad del Estado". Como puede observarse, esta descripción corresponde fielmente a lo que se ha convertido la PFP.

Si, como se afirma, los militares asignados a la PFP no están en servicio activo como tales y no responden al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional, para todos los fines prácticos constituyen entonces un grupo paramilitar, ya que su adiestramiento previo, el tipo de armamento que podrían usar y que está a su disposición (mil 862 G-3, 352 vehículos blindados), su línea de mando táctico, las jerarquías, prestaciones y antigüedad corresponden a las filas castrenses, de la misma manera que el comisionado proviene de una rama de las fuerzas armadas.

Asimismo, la naturaleza de las misiones conferidas a la PFP y la actuación de sus miembros establecidas en la ley no corresponden a las lamentables acciones represivas llevadas a cabo en la UNAM, la cual goza de una autonomía reconocida por ley y no es de manera alguna ninguno de los espacios establecidos en el artículo 4, fracción III, en los que podrá ejercer su jurisdicción. También, la fracción VII del artículo 12 especifica lo siguiente: "abstenerse de realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables". ƑCon qué orden judicial se aprehendió a los centenares de estudiantes que pacíficamente se encontraban en esas instalaciones? Ese hecho violentó el artículo 21 constitucional, que dispone que la persecución de presuntos delitos incumbe al Ministerio Público, auxiliándose para tal efecto de una Policía Judicial.

La constitucionalidad y legalidad de lo ocurrido desde la formación de la PFP y sus repercusiones en la vida política debiera ser motivo de preocupación de esos abogados que, como Burgoa, se han convertido en guardianes de los intereses de un supuesto estado de derecho, que en el actual régimen se ha transformado en un Estado represivo que utiliza al derecho como un instrumento de persecución política. Eso debieran hacer, en lugar de andar como inquisidores de una juventud que ha tenido el valor de defender lo que cree justo.