Ť Suspende el juez Bagnasco la indagatoria al ex dictador Videla

Declaran ante Garzón argentinas que vieron torturar a dos monjas

Ť Las religiosas francesas desaparecieron en la ESMA Ť Rechaza De la Rúa las amenazas de Daley

Ap, Reuters, Afp y Dpa, Buenos Aires, 18 de febrero Ť El juez federal argentino Adolfo Bagnasco suspendió este viernes la declaración indagatoria que iba a tomarle al ex dictador Jorge Rafael Videla en una causa por el robo de bebés nacidos en cautiverio, luego de una recusación en su contra, en tanto que en Madrid el magistrado Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, tomó declaración a cuatro mujeres que aseguraron haber visto como fueron torturadas dos monjas francesas y a otras personas durante la dictadura castrense que gobernó este país de 1976 a 1983.

Garzón remitirá las declaraciones al juez Roger le Loire, instructor de la causa que se sigue en Francia por los casos de personas de nacionalidad francesa que desaparecieron durante el régimen que encabezó la junta militar de Videla.

Nilda Orazi, Alicia Milia Pirles y Silvia Labayru declararon que cuando estaban secuestradas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), uno de los principales centros de detención clandestinos, coincidieron con las monjas que fueron detenidas el 8 de diciembre de 1977, junto con otras 10 personas, cuando iban a publicar en un diario local una lista que habían preparado de desaparecidos.

Tras ser torturadas durante cuatro días por militares, las monjas desaparecieron.

Las mujeres señalaron que una noche uno de los mandos militares de la ESMA, el capitán Schelling, volvió con barro en las botas y al ser preguntado por ello dijo que "habían tenido que fondear (a las religiosas) en el río".

De su lado, Mirta García Iglesias, quien en 1997 ya había declarado por la desaparición de sus padres en 1976, declaró que conoció, a través de su ex marido, a un ciudadano francés llamado Robert que desapareció el 24 de octubre de 1976.

El magistrado Bagnasco, en tanto, señaló que decisión de suspender la declaración de Videla, quien cumple arresto domiciliario, obedeció a que los defensores del ex militar lo recusaron por "aspectos formales" de la notificación que le había enviado al ex dictador.

Bagnasco decidirá en los próximos días si acepta o rechaza la presentación de los letrados en su contra y eventualmente fijará una nueva fecha para la audiencia que tenía prevista para este día, sobre la investigación de un plan sistemático de apropiación ilegal de los bebés nacidos de madres detenidas desaparecidas y entregados en adopción durante el régimen de facto.

El juez había tomado la decisión de indagar a Videla luego de rechazar durante la víspera un planteamiento de nulidad de citación que habían presentado los abogados defensores del ex militar.

El ex general Videla, quien fue el primero de los cuatro presidentes de facto del pasado régimen militar, fue llevado a prestar declaración por la mañana abordo de un automóvil policial fuertemente custodiado, pero ya había indicado que se negaría a prestar declaración ante el magistrado porque en el pasado ya fue juzgado por el delito que se le imputa.

Al ingresar al juzgado el otrora temido y poderoso dictador se negó a hablar con los periodistas que lo asediaban, y fue entonces cuando los abogados del ex general anticiparon que éste se negaría a prestar declaración ante el magistrado al acoger una sugerencia de la defensa.

También han sido procesados en esta causa por la supuesta participación en la apropiación ilegal de cuatro bebés, y también por su edad cumplen prisión domiciliaria, el ex jefe de la marina Emilio Massera y el ex presidente de facto Reynaldo Bignone.

La intención del magistrado de tomarle declaración a Videla, quien podía usar el derecho constitucional de negarse, era la de presentarle los elementos que hay en los expedientes, que mostrarían que tiene algún grado de responsabilidad como comandante en jefe del ejército y como presidente de la república "a cargo del proceso de reorganización nacional", como se llamó el periodo dictatorial.

Por otro lado, el gobierno del presidente Fernando de la Rúa calificó de "inadmisibles" e "indebidas" las advertencias realizadas por Estados Unidos por la aplicación de sanciones comerciales a Argentina si no se reconoce plenamente el pago de patentes a la industria farmacéutica.

El secretario de Comercio estadunidense, William Daley, y el secretario adjunto, Richard Fisher, advirtieron el pasado jueves que su gobierno recurrirá a la Organización Mundial de Comercio y adoptará acciones si el Congreso argentino aprueba un proyecto de ley que obliga a los laboratorios extranjeros a producir en el país sudamericano un determinado porcentaje de los productos que quieran patentar.