* Recomienda se evite utilizar a las fuerzas armadas en el combate al crimen
Persisten violencia e impunidad en México, afirma Asma Jahangir
* La ineficacia del sistema judicial ha motivado violaciones a derechos humanos, dice la funcionaria
Georgina Saldierna * La relatora de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, Asma Jahangir, recomendó al gobierno de México que evite utilizar las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, y se desmilitarice la sociedad, al tiempo que advirtió sobre la posibilidad de que se presenten situaciones de violencia durante el proceso electoral de julio próximo.
En un informe difundido en Ginebra, la funcionaria sugiere la presencia de observadores internacionales durante los comicios presidenciales.
En sus consideraciones sobre la visita que realizó a México del 12 al 24 de julio de 1999, resaltó además que la ineficacia del sistema judicial mexicano ha dado lugar a un incremento de las violaciones a derechos humanos. La abogada paquistaní agregó que la violencia y los asesinatos continúan siendo generalizados, aunque han declinado de manera perceptible en el último año.
Preocupación de la Secretaría
de Relaciones Exteriores
Los señalamientos de Jahangir provocaron de inmediato la airada respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dependencia que calificó el informe como carente de equilibrio y objetividad. ''La relatora rebasó claramente su mandato al entrar en el terreno de los procesos electorales y en el papel que desempeñan instituciones nacionales como las fuerzas armadas'', indicó.
La cancillería manifestó su preocupación por el hecho de que, a lo largo del documento, se omita información que fue proporcionada a la relatora en forma amplia y detallada. Esto ųapuntaų tiene por consecuencia no solamente una falta de objetividad, sino también que la funcionaria recomiende acciones que ya se instrumentan o medidas que trascienden su mandato, como el plantear la no utilización de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado.
Sobre este último tema, recordó que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Mary Robinson, expresó en su reciente visita a México, que el ''papel de las fuerzas armadas dentro de un país, es cuestión de ese país, ya que es un asunto directo de la soberanía del mismo''.
En cuanto a la recomendación de que se invite a observadores electorales, la SRE consideró que la relatora desconoce que desde 1994 han venido a México visitantes extranjeros a presenciar los comicios.
En este contexto, recordó que en las elecciones federales de 1997 asistieron 398 visitantes de 34 países, y que durante el presente año el Instituto Federal Electoral (IFE) ha convocado a la observación, para lo que se ha renovado el acuerdo con el área competente de la ONU para la capacitación de los observadores nacionales en la materia y la asistencia a los extranjeros.
En su informe, Jahangir sostiene que la ineficacia del sistema judicial mexicano ha dado lugar a un incremento de las violaciones a los derechos humanos, y que la falta de jurisdicción de las cortes para juzgar a miembros de las fuerzas armadas por delitos cometidos contra civiles, erosiona su independencia. También observó que existe ''renuencia por parte de las autoridades mexicanas competentes'' para depurar las responsabilidades de los miembros de las fuerzas armadas.
Asimismo, sugiere la posibilidad de que el gobierno de México invite al relator de Naciones Unidas encargado de la independencia de la judicatura, para que lleve a cabo un análisis completo del sistema judicial.
La relatora centra su análisis en las matanzas de Acteal, El Bosque y Aguas Blancas. Destaca que existen serios indicios de que los cuerpos de vigilancia gubernamentales aplicaron un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, de manera planeada y deliberada, lo que dio como resultado un alto número de ejecuciones extrajudiciales.
Además, detecta resistencia de las autoridades competentes para llamar a rendir cuentas a aquellos funcionarios que cometieron omisiones o actuaron con negligencia en relación a la masacre de Acteal. En este contexto, considera necesario que se ponga fin a la impunidad de que gozan ciertas personas privilegiadas y se adopten medidas eficaces para proteger a los defensores de los derechos humanos, así como a los periodistas.
Sobre el caso de Aguas Blancas, destaca que no se ha reabierto la investigación a pesar de que el asunto se encuentra en manos de la Suprema Corte de Justicia. Destaca la necesidad de su apertura, toda vez que las anteriores investigaciones carecieron de transparencia y hubo selectividad en la aprehensión de los sospechosos de haber participado en la masacre.
Proteger las vidas de civiles inocentes
En el informe que se dio a conocer ayer en Ginebra señala que se deben tomar medidas urgentes para aliviar las tensiones, de forma que se reduzcan los niveles de violencia y se proteja la seguridad y las vidas de civiles inocentes a consecuencia de actos de la policía, las fuerzas armadas, paramilitares y otros grupos.
Considera que el gobierno de México tiene el potencial necesario para sobreponerse a los obstáculos que le impiden proteger las vidas de los ciudadanos mexicanos. Posee los mecanismos administrativos necesarios para controlar la situación y reconoce las causas de los problemas. En este contexto, señala que el gobierno está intentando facilitar el acceso a la justicia a través de medidas en tres áreas clave: cambios en los sistemas judicial y legal, la promoción de la democracia y el fortalecimiento de las comunidades locales. El desafío consiste en dar continuidad a estas políticas con determinación y sinceridad, puntualiza Jahangir.
Más adelante, destaca la buena disposición del gobierno para reanudar el diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y, por otra parte, lo insta a continuar con la reforma judicial que inició.
Entre las recomendaciones, plantea la necesidad de fortalecer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las comisiones estatales, incluyendo la del Distrito Federal.