José Blanco
Calidad, cobertura y gratuidad

Cuando se ejerce sobre bases rudimentarias, la política es, forzosamente, primitiva. Tal es el caso de la que ha desplegado el CGH, al que ahora le sobran cantores y aduladores.

Todo el contenido efectivo de ese movimiento ha sido escamoteado, y ahora la aprehensión de algunos de sus miembros por la policía los ha convertido en héroes sociales. No importa que el CGH haya hecho un daño profundo a la institución universitaria, a la sociedad y a cientos de miles de otros universitarios, y que algunos de sus afiliados, además, presuntamente hayan cometido delitos del fuero común. En este último caso ųdicho sea de pasoų, el alegato a favor del CGH no tiene desperdicio: los delitos se originaron en el contexto de la huelga. Eso, como a cualquiera debiera resultarle obvio, los exonera de cualquier responsabilidad. Aún más, los responsables de la comisión de esos delitos son, según diversos pareceres, Barnés, Zedillo, el neoliberalismo, el FMI, el Banco Mundial, entre otros. Tal el fast track con el que se busca adquirir el derecho a la impunidad.

Nadie puede ser detenido por su participación en el conflicto universitario; falta saber si algún detenido cometió delitos tipificados en el Código Penal.

Somos testigos de un movimiento estudiantil que caracterizado por sus demandas resulta profundamente conservador. El CGH y sus simpatizantes estallaron la huelga porque no estaban de acuerdo en que pagaran una pequeña cuota por su educación quienes pudieran. El criterio sobre el que su fundó la reforma al reglamento de pagos fue que nadie quedara fuera de la educación superior por razones económicas. El CGH hizo oídos sordos a ese fundamento, y sostuvo contra viento y marea una huelga por los ricos.

Después de estallada la huelga, a esa demanda conservadora el CGH añadió demandas populistas trasnochadas: el pase automático, la permanencia indefinida como alumnos de la UNAM, y la negativa a mecanismos de evaluación acordados por el colectivo de las instituciones de educación superior de la zona metropolitana: el asunto Ceneval.

Como es claro, las demandas progresistas sobre educación superior pública consisten en la elevación sustantiva de su calidad y en la ampliación decisiva de su cobertura: menos de 17 por ciento de los jóvenes en edad universitaria asisten en México a una institución de educación superior.

En una sociedad con las gravísimas desigualdades de este país, es absolutamente injusto que quienes quieren asistir a una institución de educación superior pública y pueden pagar al menos una parte del costo de su educación, no lo hagan. El subsidio, que paga la sociedad, se extiende así a quienes ya todo lo tienen.

El asunto de la gratuidad indiscriminada es, con todo, un tema absolutamente menor tratándose de la reforma de la UNAM. Otros son los temas torales de la agenda de la reforma. Por esa razón es preciso ubicar este asunto en su dimensión real. La gratuidad indiscriminada es aberrante desde el punto de vista social, a pesar de lo cual ese reclamo puede ser una demanda sentida amplia y puede tener hoy un peso político preponderante.

En tal caso, si el poder público cree de veras en la urgente necesidad de apoyar la educación superior pública, como lo repite insistentemente el discurso del Presidente, hace tiempo que debiera haber enviado una iniciativa de reforma a la Constitución, a efecto de establecer la gratuidad, y también una iniciativa de ley de educación superior pública, que entre otras cosas disponga la ampliación acelerada de la cobertura educativa, así como la creación de los mecanismos administrativos, académicos y financieros necesarios, para sustentar tanto esa ampliación de la cobertura como el ascenso continuo de la calidad de la educación. El Poder Legislativo pudo también emprender esta iniciativa, pero no pasó por sus entendederas.

En cuanto a la UNAM, es indispensable que los tres partidos mayores cesen de lucrar con el conflicto universitario, so pena de asfixiarla. La universidad necesita la paz y la actividad académica como el oxígeno. Un acuerdo entre los partidos para dejarla en paz contribuiría a morigerar el ímpetu de tantos protagonistas de arrojar más fuego a una hoguera que hace tiempo debió extinguirse, sin dejar rescoldo.