La UNAM, un síntoma de la crisis de proyecto de nación: González Pedrero
Estimada Carmen Lira: Cuando a mediados de la semana pasada coincidí, con un grupo nutrido de intelectuales, en la urgencia de dar por terminada la huelga y devolver las instalaciones universitarias pensaba, como pienso hoy, que el movimiento había sido desbordado por motivaciones e intervenciones ajenas a las justas inquietudes iniciales de jóvenes que vieron en peligro sus oportunidades de acceso a la educación superior.
En la confusa escalada de manoseos e intransigencias que de todas partes abundaron en la prolongada secuencia del conflicto fue quedando cada vez menos espacio para la reflexión sensata. Basta hacer un breve recordatorio de hechos concretos --como el que apareció en la página 15 de La Jornada del lunes 7 de febrero-- para advertir que actitudes ultras de toda índole jugaron dolosamente a prolongar el conflicto, con evidente perjuicio para la institución y para una mayoría estudiantil que, como lo demostró el plebiscito, se sentía excluida de cualquier toma democrática de decisiones.
Así las cosas, el gobierno consideró llegado el momento de poner término a la aparente inhibición que había mantenido, lavándose las manos, y procedió al desalojo de instalaciones. Pero además, llevó a cabo el encarcelamiento masivo de quienes las ocupaban y, más aún, se les hicieron cargos desmesurados e insostenibles. Aunque muchos de esos cargos han sido retirados, la privación de la libertad de numerosos universitarios presos continúa, sin que eso contribuya en manera alguna a borrar agravios. Se propician, en cambio, nuevos resentimientos que no se limitarán a la fracción más irracional y radicalizada --Ƒo provocadora?-- de los paristas, sino que permearán a los moderados y a sus familias, y se siembran inquietudes justificadas en la opinión pública. El efecto de tales agravios es multiplicador.
No se me oculta que el argumento de la aplicación del derecho para evitar la impunidad de algunos delitos que se persiguen de oficio es correcto. Pero creo que la aplicación justa de la ley no está reñida con el tacto y la prudencia que la política puede otorgar a los problemas que, como éste, no sólo son jurídicos, sino también políticos. La justicia y gracia de Benito Juárez no sobran. Hay que hacerla compatible con la busca de la tranquilidad necesaria la aplicación de la ley. Es evidente que nuestra sociedad no vive bajo una campana neumática de pureza, sino bajo la atmósfera enrarecida de la ciudad de México. Y a fin de cuentas, la creación de una renaciente UNAM para el siglo XXI --tal es el desafío-- merece la pena.
Por otra parte, la pobreza es privación de opciones, y la marginación es un factor desintegrador de alto riesgo. La democratización política y el respeto a todos los derechos humanos pasan por el acceso a una educación de calidad. Un sistema público de baja calidad y mal financiado sólo puede propiciar más marginación al desplazar de empleos y oportunidades a quienes no pueden recibir los beneficios del otro sistema, privado y con generoso financiamiento. La crisis de la Universidad de México no es más que un síntoma de la crisis de nuestro proyecto de nación y de la ineficacia de un Estado que se ha desentendido de su tarea esencial: poner el bienestar de sus ciudadanos en el centro de su preocupación.
Repensar hoy la universidad es un paso obligado para repensar el país. Tenemos la obligación de abrir un espacio para rehacer la universidad, para que prevalezca la sensatez, la razón y la inteligencia: abrir el camino a un auténtico encuentro entre universitarios de todas las opiniones y tendencias, demostrando que es posible el diálogo y que la convivencia civilizada es urgente e impostergable. Me adhiero, por todo ello, a las inquietudes de Pablo González Casanova, Luis Villoro y los demás universitarios que, como punto de partida, formulan algunas propuestas muy atendibles en la entrada del sábado 12 del periódico que usted tan dignamente dirige. Reciba un cordial saludo de
Enrique González Pedrero