La Jornada lunes 14 de febrero de 2000

Iván Restrepo
Fin a la impunidad ambiental

Muy especialmente los noticiarios nocturnos de la televisión privada informaron con la imparcialidad que los caracteriza sobre las acciones tomadas ayer por la Procuraduría General de la República (PGR) para detener a importantes empresarios y funcionarios públicos. Como ya es de dominio público, la Policía Federal Preventiva puso a disposición de una juez a 2 mil 816 personas que, según la Fiscalía Especial para Delitos Ambientales de la citada procuraduría, son presuntamente responsables de graves daños al patrimonio nacional. Tres horas después, extrañamente la jueza decretó a todos formal bienvenida a sus instalaciones. Dijo que no se entiende muy bien en qué medida son delincuentes y lo único que alegó fue la presencia de un millón 240 mil 728 amparos, todos ellos a favor de los detenidos y en contra de los ecosistemas a los que los abogados defensores califican de "enemigos mortales de la productividad".

La noticia no solamente causó sorpresa debido al número de detenidos y la limpieza del operativo, sino porque se ignoraba la existencia de dicha fiscalía. Varios son los delitos mencionados en las actas de consignación y, como la televisión detalló en sus emisiones especiales, durante años las empresas de que son dueños los detenidos contaminaron ríos y lagunas, destruyeron bosques y selvas, depositaron desechos tóxicos y peligrosos en sitios inadecuados, además de atentar contra la salud de amplios grupos de población.

Tanto el canal de las galaxias como el de los electrodomésticos interrumpieron la transmisión del clásico América-Guadalajara para mostrar cómo dos empresas con sede en Torreón y Monterrey, respectivamente, durante años ensuciaron el ambiente con partículas de plomo y otros peligrosos contaminantes afectando la salud de miles de mujeres y niños. Los dueños de esas negociaciones pertenecen a influyentes familias. De igual forma, la PGR procedió contra los dueños de ingenios, papeleras, petroquímicas y otras industrias que han ensuciado la costa del Golfo de México y los ríos de Veracruz y de Oaxaca, alterando seriamente ricos ecosistemas. El Patronato para la Conservación y Defensa del Patrimonio de Oaxaca celebró el cierre del ingenio López Mateos y la papelera Tuxtepec, ostentosos contaminadores.

Sorpresa causó también en Puebla la detención de dos integrantes de la familia de un ex gobernador, propietaria de una empresa dedicada a la explotación de caliza y culpable de severos daños a varias colonias de esa ciudad. Dicha negociación ha gozado de protección oficial y hasta un familiar de sus dueños es el responsable de cuidar la ecología en la entidad. Asimismo, y para impresionar aún más al zar de las drogas estadunidense durante su reciente visita a la península de Yucatán, fueron detenidos los presuntos responsables de destruir a través de varios megaproyectos hoteleros: manglares y el hábitat de diversas especies animales, así como de destrozar centenares de especies vegetales protegidas por la ley en el litoral de Quintana Roo.

Las autoridades tienen fundada sospecha de que una parte de los capitales invertidos en la industria hotelera y otros negocios de esa zona son de oscura procedencia, y que en las autorizaciones para edificar varios hoteles hubo corrupción oficial, pues de otra manera no se explican las violaciones cometidas a la legislación vigente.

Según el reporte que el corresponsal de este diario envió anoche, en Campeche, Tabasco, Chiapas y el sur de Veracruz, la población recibió con agrado la detención de altos funcionarios de Pemex, presuntamente responsables de la contaminación que se registra tanto en la zona costera del Golfo de México como tierra adentro, donde la paraestatal extrae hidrocarburos. En igual sentido hubo beneplácito por las consignación de los dueños de 214 industrias ubicadas en el corredor Lerma-Chapala-Santiago, por contaminar el principal río del centro del país y sus afluentes, así como la laguna de Chapala. También están ya en la cárcel los talamontes que por décadas diezmaron los bosques de Chihuahua, Durango, Oaxaca. Chiapas, Michoacán y Guerrero.

Las cámaras de los noticiarios ilustraron los destrozos que las empresas de los poderosos vándalos han hecho en varias partes del territorio nacional. Es tal la magnitud del daño, que el presidente del banco más importante del país, Banpatras, pidió a sus colegas cooperar con recursos frescos a un fondo especial para la "Restauración de la Tierra, el Aire, el Agua y la Salud Pública de México" (de ahora en adelante Restasapume). La primera aportación (2 mil 500 millones de pesos) será entregada a la titular del fondo. Un comité especial fijará prioridades a fin de que lo recaudado no se utilice con fines partidistas.

Finalmente, en la madrugada de hoy se conoció el pronunciamiento del principal partido político del país, en el que aboga por la libertad de todos los detenidos, a los que calificó de "presos ambientales", habida cuenta su contribución al engrandecimiento del país. En igual sentido, la alta jerarquía católica llamó al "perdón verde", pero altos funcionarios respondieron de inmediato que no será posible porque en el país no hay ni habrá nunca lugar para la impunidad.