* Es ilegal, dicen a juez
Piden ex represores argentinos rechazar orden de captura
Ap, Reuters, Dpa y Afp, Buenos Aires, 11 de febrero * Un grupo de militares argentinos en retiro solicitó a un juez federal que rechace por "indebida e ilegal" una solicitud de búsqueda y captura internacional en su contra del juez español Baltasar Garzón, quien los acusó de delitos de genocidio y terrorismo durante la dictadura militar en este país, entre 1976 y 1983.
La presentación fue radicada ante el juez federal Gustavo Literas en los tribunales de esta capital y realizada por los generales Ramón Díaz Bessone y Jorge Olivera Rovere, el vicealmirante Luis María Mendía y el capitán de navío Jorge Perren.
Los abogados de los militares pidieron a Literas que rechace sin más trámite la solicitud de extradición contra los militares al considerar que los hechos por los cuales Garzón reclama su detención ya fueron juzgados en Argentina.
Los letrados consideraron "improcedente" la extradición por "haber cosa juzgada" y porque en los hechos atribuidos a estas personas la competencia es de la justicia de Argentina, además de que tomaron en consideración un fallo de 1994 de la Cámara Federal de Buenos Aires en la que negó un pedido similar de Italia con base en las leyes de Obediencia Debida, de 1987, y Punto Final, de 1986.
Garzón imputó a casi un centenar de militares argentinos por el delito de genocidio, terrorismo y torturas, pero el 20 de diciembre pidió la detención de 47 militares y un civil por supuesta violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
El pedido incluye a los ex presidentes de facto Jorge Videla, Eduardo Massera y Leopoldo Galtieri, así como al ex represor Domingo Bussi y al ex jefe de la marina Emilio Massera.
Por otro lado, la justicia argentina ordenó hoy el allanamiento del domicilio de un ciudadano sirio detenido el martes pasado cuando trataba de hacer una compra con una tarjeta de crédito falsa, en el marco de la investigación por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, que en 1994 provocó la muerte de 86 personas y cientos de heridas.
El detenido, Alberto Kanoore Edul, tenía elementos de interés para la marcha de la investigación, como dinero, tarjetas de crédito y documentación falsa, informaron fuentes judiciales.