ƑPor la fuerza hablará el espíritu?

* Alejandro Juárez y Salvador Tinajero* *

POCOS PUDIERON PREVER lo que sucedería después de la ocupación de Ciudad Universitaria por parte de la Policía Federal Preventiva. La apuesta mayoritaria era realmente optimista: devueltas las instalaciones, empezarían las clases y asunto arreglado. Las consecuencias reales, que empezamos a enfrentar desde el mismo domingo, resultaron múltiples, delicadas y tocantes a los órdenes político, jurídico y social. En primer lugar, debemos señalar la sorpresa: el repudio que ha suscitado la detención de casi mil jóvenes, a muchos de los cuales todavía se les siguen procesos penales por supuestos delitos cometidos en actividades relacionadas con el paro. Al respecto, la sociedad civil ha salido por mi-llares a las calles para exigir que se les libere, porque es indigno y contrario al espíritu universitario que unos, aunque sean la mayoría, regresen a clases, mientras otros, sus compañeros estudiantes y maestros, se disponen a escuchar sentencia en su contra; porque la lucha por la educación gratuita, origen y sustento del conflicto universitario, ha cobrado ya sus primeras víctimas, con el beneplácito de los grupos más conservadores, de las autoridades del gobierno fe-deral y de los funcionarios universitarios.

A quienes trabajamos en organizaciones de defensa y promoción de los derechos humanos nos preocupa, sobre todo, el uso tramposo y discrecional que se ha hecho de la ley para intentar solucionar este conflicto e intimidar a las voces discrepantes. Aparte de robo y lesiones, se imputó a los miembros detenidos del Consejo General de Huelga los delitos de motín, sabotaje, terrorismo y despojo, con la condición, en muchos casos, de peligrosidad social. Por su parte, las autoridades universitarias y la Procuraduría General de la República han retirado los cargos de despojo y terrorismo. Quedan, pues, los de robo, lesiones, sabotaje y motín. A pesar de lo anterior, la condición de peligrosidad social continúa y nos alarma particularmente, toda vez que permite las más laxas interpretaciones, pudiéndosele aplicar a casi cualquier individuo, de acuerdo con el razonamiento del juez que lleve el proceso (por ejemplo, lo resuelto por la jueza segunda de distrito en materia penal, María del Carmen Pérez Hernández). De esta forma, podemos encontrar resoluciones judiciales diametralmente opuestas en casos, si no idénticos, semejantes. Se ha dicho que esta nueva condición penal guarda relación con el antiguo delito de disolución social, que era un poderosa arma para reprimir movimientos sindicales y políticos cuando México todavía no era "democrático".

La cuestión que se plantea es la si-guiente: Ƒhasta qué punto podemos confiar en la independencia del Poder Judicial respecto del Ejecutivo? ƑHasta qué punto las decisiones judiciales se mantienen neutras frente al clima político prevaleciente? ƑNo existen precedentes y criterios legales aceptados que permitan una interpretación de la ley más apegada a su espíritu?

Suponiendo, sin conceder, que la autoridad judicial haya actuado en este caso de manera excepcionalmente íntegra e independiente y con el alto criterio que su envergadura requiere, la pregunta sería: Ƒhasta dónde es necesario el uso del sistema penal para resolver los conflictos políticos?, y no sólo si es necesaria sino Ƒhasta donde es ética y legítima? Las preguntas vienen al caso por el uso indiscriminado que nuestras autoridades han hecho del sistema penal para "solucionar" los conflictos, porque en nuestra cultura política no existe el diálogo ni la conciliación, sino la imposición sin la razón y por la fuerza, sean sus motivos válidos o no.

Consideramos que la tensión que va generando el irresuelto conflicto universitario únicamente podrá aliviarse con una sa-lida conciliadora, efectivamente "benévola y generosa". Esta no es una cuestión de perdones o disculpas, porque no hay culpables ni ofendidos en ningún lado. El asunto es de diálogo entre quienes se reconocen pares, pedazos de un todo, al que es prioritario salvar, mediante una reforma profunda y visionaria.

Es impensable un congreso universitario que no cuente con la representación de quienes fueron miembros del Consejo General de Huelga y, desde luego, con la de los demás estudiantes, maestros, trabajadores y funcionarios de la UNAM. Es, además, imposible, pues, de celebrarse, llevaría consigo el estigma de la persecución y el encarcelamiento, la ausencia de voces que merecen ser escuchadas.

Finalmente, es necesario considerar que la sociedad civil ha tomado las calles, pero no como un mero acto de solidaridad para con los estudiantes presos: se ha sentido realmente amenazada por una autoridad que desata sus fuerzas represivas en contra de quienes se organizan en la lucha por demandas legítimas y justas. El encubrimiento informativo de los medios electrónicos ha evidenciado nuevamente que la instrucción es negar la movilizaciones sociales y ensalzar la versión oficial.

Da miedo pensar lo que pasó en otros lugares donde se prohibieron este tipo de expresiones, se manipuló la información, ocultando la verdad, y quiso imponerse una ley cocinada al gusto de los ricos y poderosos. La conciencia social, demostrada en la marcha del miércoles pasado, da visos de esperanza y nos hace creer que en México no va a pasar lo mismo. ƑO sí? *

* Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, AC.